Los cazadores de corrupción en América Latina han derribado a muchos peces gordos corruptos en los últimos años, pero la caída del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski marca un nuevo giro en la rendición de cuentas del hemisferio.

El exejecutivo de Wall Street negó haber cometido actos ilegítimos y sostuvo que fue víctima de una “crisis de gobernabilidad”. Una patada en el trasero podría ser la mejor forma de describirlo: los enemigos políticos de Kuczynski aprovecharon su supuesta participación en el escándalo de sobornos que rodea al gigante brasileño de la construcción, Odebrecht S.A., para forzarlo a renunciar un día antes de una posible votación de un juicio político.

El destino de Kuczynski ahora está en manos de los investigadores peruanos, que se han unido a sus pares en todo el hemisferio en la batalla contra la corrupción y fraude en las esferas más altas. Ese celo de un vengador funciona a la perfección con un público enfurecido por el escándalo, pero hará poco para arreglar las desgracias económicas de Perú, y, como su fuera poco, la agitación y la incertidumbre subsiguiente van aempeorar las cosas.

La angustia en Perú tiene un eco continental: ¿Hasta dónde puede llegar la notable campaña anticorrupción de la región sin paralizar naciones cuyas poblaciones también presionan por un regreso al crecimiento económico que dependerá, en gran medida, de un gobierno operante?

El mismo Kuczynski colisionó con ese enigma mientras buscaba contener el daño después de que el contratista brasileño admitió haber pagado sobornos durante más de una década para obtener contratos peruanos.

Inicialmente emitió varios decretos para eliminar a contratistas turbios, pero la rigurosa represión dejó decenas de proyectos de obras públicas en el limbo ya que la investigación de Odebrecht se extendió a unas 30 compañías. Eso condujo a una nueva ley más flexible, publicada el 12 de marzo, que permitió a las empresas investigadas seguir operando, lo que despejó el camino para unos 252 proyectos en curso y US$ 9,000 millones de inversiones programadas, según la Unidad de Inteligencia de la revista Economist.

Para muchos cruzados, la compensación entre luchar contra el soborno y hacer crecer la economía es un falso dilema. Limpiar la podredumbre en la parte superior no solo es vital para la purga de los asuntos públicos, dicen, sino que la única forma de asegurar el desarrollo saludable.

“Cuando se ve que la corrupción disminuye, hay un efecto positivo en el ambiente empresarial, que estabiliza las expectativas y atrae inversión”, dijo Sergio Lazzarini, un experto en gobierno corporativo de la escuela de negocios Insper de Sao Paulo.

Sin embargo, mientras que el barrido atrae un amplio apoyo, y cualquier acción para frenarlo una protesta justa – la misión trae consigo costos económicos y políticos que la próxima generación de líderes ignora bajo su propia responsabilidad.

Considere Brasil, hogar de Odebrecht y sede de la ofensiva anticorrupción más grande del hemisferio. En cuatro años, la famosa operación Lava Jato lleva 188 personas condenadas y desencadenó la restauración anticipada de unos US$ 11,700 millones a las arcas fiscales. También cerró decenas de esquemas de “pagar para jugar” incorporados a las salas de juntas de los contratistas más grandes.

A medida que una marca corrupta tras otra caía bajo escrutinio, la economía tambaleaba. Las empresas que fueron atrapadas en la red de los fiscales fueron empujadas a la bancarrota y vieron cómo se agotaban sus contratos, a menudo provocando un oneroso efecto de arrastre. “Hay una cierta cantidad de parálisis debido a Lava Jato”, dijo el vicepresidente de General Electric Co., John Rice, a Bloomberg en 2016.

Monica de Bolle, miembro sénior del Instituto Peterson para la Economía Internacional, calculó que las consecuencias del caso Lava Jato profundizó la recesión histórica que afectó a Brasil, eliminando hasta el 2% del producto interno bruto en 2015.

“El sector de la construcción está estancado, Petrobras se está recuperando, pero con dificultad y otros sectores han sido golpeados”, me comentó de Bolle. “Una limpieza es inevitablemente desordenada. Tienes que esperar estar haciendo suficiente borrón y cuenta nueva como para que la economía pueda crecer nuevamente”.

Para llegar al crecimiento, los países que luchan contra la corrupción necesitan mecanismos para analizar la culpabilidad y rescatar a las empresas de los piratas. Una forma de hacerlo es a través de acuerdos de culpabilidad, en que los delincuentes arrepentidos confiesen los crímenes corporativos a cambio de una pena más leve.

Sin embargo, esos acuerdos aún están en proceso. Cambiar los términos de los acuerdos de culpabilidad puede aumentar el riesgo para las empresas en problemas – como J.P. Morgan aconsejó recientemente en una nota a clientes sobre Odebrecht – incluso cuando los malvados que complacen a los operadores turbios pueden obstaculizar las investigaciones y provocar reacciones públicas.

En Brasil, la multa máxima para las empresas que hacen declaraciones de culpabilidad en casos de soborno es un 20% de los ingresos anuales, una cifra relativamente indulgente. “Eso hace que casi valga la pena cometer el crimen”, dijo Lazzarini.

A medida que las investigaciones sobre corrupción se profundizan, incluso los acuerdos más justos que asignan adecuadamente la culpa y las sanciones pueden hacer poco para levantar la nube legal sobre transacciones futuras.

“He estado en una serie de conversaciones con personas que ven oportunidades para comprar activos después de los escándalos, pero se resisten a seguir siendo responsables de crímenes pasados”, dijo Joel Velasco, consultor político de Albright Stonebridge Group.

A medida que los escándalos siguen apareciendo, a Velasco le preocupa que el celo procesal de América Latina se convierta en una cacería de brujas. “En algún punto se debe dibujar una línea y seguir adelante”, agrega Velasco. “Quiero decir que no puedes esperar que los grupos operativos encuentren hasta el último sinvergüenza, así como usted no puede detener el terrorismo permaneciendo en Afganistán para siempre”.

Peter Hakim del Diálogo Interamericano compara la campaña anticorrupción en América Latina con el tratado de paz de Colombia con los insurgentes marxistas. “Para lograr un acuerdo de paz, los colombianos tuvieron que hacer ciertas concesiones que no les gustaron a todos”, me dijo Hakim. “Así es como a menudo terminan las guerras civiles”.

Eso puede ser exagerado, pero la empresa no puede ser hipotecada a los grupos operativos. Las grandes empresas pueden haber sido capturadas por los filibusteros y los oportunistas políticos, pero también tienen las herramientas, la capacidad intelectual y la experiencia técnica que las naciones necesitan desarrollar. “Todavía se necesitan carreteras, puentes y pozos petroleros, y los Petrobrases y Odebrechts saben cómo hacer eso”, dijo Velasco.

Los latinoamericanos tienen razón al animar a sus cazadores de corrupción, pero para detener el soborno se necesita más que de súper-detectives y jueces. En última instancia, purgar el gobierno se basa en un complejo conjunto de iniciativas que incluyen el fortalecimiento de la supervisión e instituciones independientes, y limitar los intereses adquiridos que prosperan en su ausencia.

Al mismo tiempo, compensar los controles laxos a través de la sobrerregulación puede ser contraproducente, sofocando a la empresa e incluso animando a los postores a jugar con las reglas.

Todo esto estará sobre la mesa el próximo mes cuando los líderes regionales se reúnan en la Cumbre de las Américas, bajo el tema “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.

Apropiadamente, el evento se llevará a cabo en Perú.

Fuente Diario Gestión

Una Respuesta

  1. SANTIAGO (T) CALLE GONZA

    En Perú, es bien complicado este tema, si sabemos que la caída del presidente es justamente por que el grupo que gobierna el congresos todos están metidos en actos corruptos, muchos de los han sido y siguen siendo contratistas del estado. han desaparecido información incluso han desaparecido sus empresas que mantienen grandes deudas al estado peruano. Los operadores del gobierno en todos los niveles, creen que el diezmo es un derecho, e incluso han incrementado las tasas, muchos ya no se conforman con el 10%, sino que hasta pretenden hasta el 15% del monto del contrato. Esas malas practicas, están generalizadas en todo el país. Pienso, que esas practicas son producto de nuestra idiosincrasia, nuestro nivel cultural, nuestra formación, nuestro sistema educativo, etc.
    Ninguna entidad otorga la buena pro a una empresa, por que ha ganado limpiamente el proceso de selección, todas las empresas se favorecen con la buena pro, por que han entregado alguna dádiva.
    Los congresistas abanderados anticorrupción, están metidos en escándalos, han sido contratistas y lo siguen siendo a través de testaferros.
    Haberse valido de un pobre hombre con problemas para supuestamente denunciar a sus ex compañeros de bancada y según “amigos” de él, nos deja un sinsabor, de que todo ha sido fabricado, eso también se llama corrupción. Entonces, realmente es una tristeza para nuestro país, de la forma en que supuestamente “se combate la corrupción.
    El flamante presidente al haber sido colocado por ese grupo pseudo anticorrupión, quizás no tendrá la capacidad moral de luchar frontalmente contra este mal, que causa tantos problemas al país.

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