El lobby, como tal, es una actividad permitida por la ley y actualmente objeto de regulación en nuestro medio, aunque poco o nada implementada por el propio Estado, especialmente debido al ámbito en el que se desarrolla. Hablamos de un país donde las relaciones entre los privados y el Estado están estigmatizadas por la corrupción, el abuso de poder y otras lacras institucionales que han contribuido poco o nada a consolidar relaciones de confianza entre los ciudadanos.
Esto se debe, posiblemente y en gran medida, a que los lobbies, en muchos casos, se conciben o, mejor dicho, se entienden como sinónimo de corrupción, descomposición y otras prácticas indebidas, lo que hace que el lobby como tal se mantenga al límite de lo permitido y, más bien, tenga un mayor auge en el abuso del derecho.
En otras palabras: el lobby y la corrupción han sido, y son en muchos casos, actividades inmersas en diferentes fórmulas de corrupción que podemos imaginar, matizadas por la mala política y todo tipo de prácticas que minan la credibilidad del público.
Perversión del lobby
El reciente descubrimiento de una compleja red de corrupción y tráfico de influencias en el sistema de justicia y otras instituciones afines, en este caso, se dice que estaría liderada por uno de los personajes más representativos y emblemáticos de la farándula nacional.
Esto pone sobre la mesa cómo, a través de los lobbies, se ocultan realmente fórmulas malsanas que fomentan la corrupción bajo estilos sublimados, donde resulta complejo establecer parámetros mínimos, sobre todo debido a la tremenda influencia que tienen los medios de comunicación en la percepción cognitiva de la población.
Lo negativo puede ser tergiversado y, por el contrario, presentarse como algo positivo e incluso ejemplar. Hablamos de fórmulas encubiertas, maquilladas y disfrazadas que influyen de forma maliciosa y sistemática en la opinión pública, especialmente en situaciones que son contrarias a lo que establecen las leyes y las buenas costumbres. No solo hablo de fórmulas bastante convincentes para frecuentar ciertos espacios públicos donde se toman decisiones, sino también de inmiscuirse en la gestión pública para violar la ley.
Los Lobbies prohibidos
En este caso, nos referimos a una forma de lobby invertido, distorsionado y ajeno a su función original, donde lo que se busca no es la consolidación de relaciones transparentes entre los privados y el Estado en la toma de decisiones, sino intervenir, mediar, interceder o inmiscuirse en procesos seculares establecidos en las leyes, con el fin de violar las buenas prácticas y atentar contra la moral pública.
Se trata de torcer el sentido de las leyes respecto a su aplicación normal, con el fin de encubrir o influir de manera negativa en la toma de decisiones, siempre a favor de quienes están vinculados con actividades relacionadas con la corrupción y otros delitos graves.
Es una desnaturalización que promueve decisiones que no son más que corrupción encubierta, destinada a lograr impunidad, sobreseimiento o la absolución de quien no lo merece porque ha cometido delitos.
Estamos ante lobbies falsificados para establecer relaciones prohibidas, e incluso para engañar y confundir a la ciudadanía mediante campañas informativas, con el fin de cambiar la percepción sobre personas o ciudadanos que han violado la ley.
Nos referimos a casos emblemáticos y específicos que, por razones obvias, adquieren notoriedad como consecuencia de una práctica corrupta y poco ética, que busca consolidar posiciones en el ámbito de la función pública.
Hablamos de una sociedad altamente permeable y vulnerable, en la que la corrupción sistémica incluso llega a ser aceptada como algo no solo normal, sino necesario.
Lobby legal
Aunque se supone que las actividades relacionadas con la ejecución y las prácticas del lobby en nuestro medio están reguladas y fiscalizadas por la legislación y otras disposiciones que establecen límites y objetivos específicos, hasta donde se sabe, su práctica siempre se ha prestado a todo tipo de engaños y manipulaciones. El lobby queda al arbitrio y los intereses de quienes lo practican, llegando a tales niveles de descontrol que, en la mayoría de los casos, resulta imposible establecer una línea divisoria clara entre lo permitido y lo prohibido. Se trabaja a gusto del cliente, y todo depende de lo que está en juego.
Lobby como corrupción
Ahora, a los lobbistas se les denomina “gestores de intereses”. Intereses que, en realidad, no siempre son nobles, ya que funcionan como fórmulas idealizadas para sublimar prácticas o gestiones que, al contrario, están en conflicto con la moral y las buenas costumbres, y que, en cambio, en nada promueven la transparencia entre los privados y los funcionarios públicos en el proceso de toma de decisiones.
La labor inversa del lobbista, bajo la apariencia de una gestión de intereses, en realidad tiene como finalidad oculta influir de manera perversa y añosa en las decisiones públicas.
Se busca evitar la mancha negativa que arrastra esta clase de actividades privadas, que casi siempre están vinculadas a formas selectivas de corrupción política y empresarial, más relacionadas con el soborno, el abuso y el tráfico de influencias, como parte de un plan bien organizado para interferir en la gestión pública.
La ausencia o indiferencia del propio Estado sobre la correcta práctica del lobby ha hecho que se convierta en una puerta abierta. Incluso algunos la han llamado “puerta giratoria”, como una manera de encubrir malas prácticas contrarias a la moral pública.
En efecto, la falta de voluntad política para controlar estas actividades pone en evidencia cómo el cabildeo con la propia norma ha hecho que lo reglamentado hasta ahora poco o nada haya ayudado a controlar una actividad que muchas veces sirve de puente entre la legalidad y la corrupción.
Los lobbies, en estos términos, no son gestiones entre privados y funcionarios públicos; son y deben ser considerados delitos de cohecho bajo las distintas formas que establece la ley, en este caso con el agravante de recurrir a la legalidad como un medio para enmascarar la corrupción.
La sociedad en riesgo
La impunidad legalizada: La falta de control estatal y voluntad política permite que el lobby se transforme en una “puerta giratoria” de corrupción institucionalizada.
Sociedad en riesgo: El lobby no solo amenaza la transparencia, sino que normaliza la corrupción, convirtiéndola en una necesidad en un sistema profundamente dañado.
Lo que debería ser un diálogo legítimo entre privados y el Estado se ha convertido en una estrategia para torcer leyes y evadir responsabilidades judiciales.
Fuente Diario Expreso
