El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Luis Castillo Córdova, considera que el Ministerio Público ya debería haber iniciado una investigación sobre las irregularidades denunciadas por el representante de Contraloría General de la República respecto al retraso de la obra de defensas ribereñas.
Así lo señaló en referencia a la denuncia formulada recientemente por el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, quien ha informó que su ente de control ha identificado un perjuicio económico de 16 millones de soles en las obras de la reconstrucción en Piura.
Desde la Contraloría se mencionó que una de las obras más cuestionadas en la región es el tramo II de las defensas ribereñas.
Al respecto la directora de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, Amalia Moreno, ha señalado que los funcionarios regionales deben rendir cuentas por la pérdida de ese dinero.
“El Ministerio Público (MP) tiene el deber y la obligación institucional de hacerlo porque es suficiente que (basta con que) existan indicios de la comisión de un delito para que surja la obligación del MP de iniciar una investigación. Dos autoridades de dos organismos públicos como Contraloría y la ARCC sostienen esas versiones y eso es más que suficiente para justificar y abrir un proceso de investigación penal”, indicó Castillo.
Denuncia
La representante de Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, indicó que esta entidad recaba información para presentar una denuncia penal contra el
Gobierno Regional de Piura.
“Es lamentable que las unidades ejecutoras no reconozcan su falta de capacidad técnica y gerencial para sacar adelante las obras en la región. Estamos recabando la información para hacer una denuncia administrativa o penal por omisión de funciones”, dijo.
Fuente El Tiempo
