Este lunes 28, el Poder Judicial definirá si el exgerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres Saravia, cumple 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada por el caso Máncora.
El requerimiento de Fiscalía también alcanza a su exasistente Julliana Ballivian Castro y al presunto intermediario, Edgar Baca Palacios (prófugo).
Por el mismo caso, otros tres exfuncionarios ya purgan prisión preventiva a la espera de sentencia.
Sin embargo, esta medida no alcanza para ninguno de los empresarios involucrados en el escándalo, a pesar que sabían del acuerdo de colusión en la obra.
Esta observación la plantearon los abogados de los implicados en la audiencia de prisión preventiva.
“Hay un compromiso de proteger al Estado, pero demagógico porque se liberó a los que se han llevado la plata. Es incoherente […] Aquí se repite un patrón, la fiscalía mantiene detenidas a las personas cuando no incriminan”, refirió Daniel Mayta, abogado del exgerente Torres.
Empresarios
Como se informó el consorcio que ganó la buena pro para el centro de salud de Máncora estuvo conformado por las empresas Masedi y a MNDC Constructores y Logística SAC. Vladimir Sokolic Montoya era representante de Masedi mientras Godofredo Cardoza Novoa asumió la representación del consorcio.
Un tercer implicado es Marco Pérez Frey de la empresa Río Bravo, quien fue quien comunicó la oportunidad de postular a la obra de Máncora.
Los tres fueron capturados en los operativos de detención preliminar, pero vencido el plazo de ley quedaron con comparecencia restringida, sin que la fiscalía formule un requerimiento de prisión.
Admitieron
Su liberación ocurrió a pesar que reconocieron el acuerdo colusorio para ganar la obra de Máncora.
Esto se relaciona con el pago del 6% del valor total de la obra más S/2 millones por el pago de adicionales.
Dicho acuerdo se tomó en la segunda semana de enero en una reunión en Lima con el intermediario de nombre “Reynaldo”.
“Desde un inicio se advierte la existencia de un pacto colusorio. El propio señor Marco Pérez en su declaración precisa cómo se dio la reunión y cómo se dieron los acuerdos. Lo corrobora Sokolic en su declaración del 18 de junio. Asimismo, esto se corrobora con un mensaje de Whatsapp del 21 de febrero de Marco Pérez al señor Godofredo que es el representante del consorcio”, indicó el fiscal del caso Javier López en la audiencia del viernes.
Según la tesis fiscal, el primer pago de la coima por S/1 millón 800 se hizo con cargo al pago del adelanto directo que le dieron a la empresa por S/4 millones.
Los siguientes pagos se harían con el adelanto de materiales y el desembolso de los adicionales de obra.
Audiencia
Ayer fue la última etapa de participación de fiscales y abogados. Según la jueza Judith Cueva Calle, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, la resolución del caso se dará este lunes 28 de junio.
Indicios contra gerente
La fiscalía esboza como principales indicios en contra de Torres Saravia el que, desde su posición de poder, coordinaba directa e indirectamente para que se aceleren los pagos a la contratista de la obra de Máncora.
Habría ejercido una presión indirecta de la mano de su equipo especial que él creó, para monitoreo de la inversión en el GORE a pesar que existe una oficina que cumple estas funciones.
Su exasistente Julliana Ballivian refirió que informaba de todo a su jefe, ya que este le preguntaba con insistencia por el contrato de Máncora.
El apuro por pagar era tal que ni siquiera se tomaba en cuenta que el contratista no presentaba todos los documentos de ley.
Datos
El fiscal Javier López Romaní denunció una campaña de desprestigio en su contra.
A esto se suma el reglaje y seguimiento al que fueron sometidos durante la labor de investigación.
En el caso existe un testigo protegido y hasta dos aspirantes a colaboradores eficaces que están contando lo sucedido.
Fuente El Tiempo
