Empresas a las autoridades atribuyen pertenecer a la organización conocida como el Club de la Construcción, porque concertaban ilegalmente la asignación de millonarias obras públicas como la habilitación o refacción de centenares de kilómetros de carreteras, mantienen vigentes demandas arbitrales contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un monto que supera los 323 millones de soles.
Individualmente o en consorcio, empresas como las brasileñas Camargo y Correa, Andrade y Gutiérrez y Mota Engil, y peruanas como ICCGSA, Obrainsa, JJC Contratistas Generales, investigadas por su presunta participación en la repartija de millonarios contratos con la entidad Provías Nacional, son entre otras las que han interpuesto los arbitrajes con el propósito de obtener resarcimientos económicos.
Según han confesado el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y uno de los árbitros favoritos de la constructora brasileña que ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz, Horacio Cánepa Torre. el objetivo de los reclamos al MTC por la vía del arbitraje era buscar incrementar el monto original de las obras públicas.
Se trata de 30 procesos arbitrales que el MTC enfrenta con las cuestionadas empresas constructoras y cuyas demandas suman 323 millones 051 mil 053 soles, exactamente.
La compañía que más procesos arbitrales ha interpuesto es Obras de Ingenieria SA (Obrainsa), que en un inicio estuvo consorciada con Odebrecht. El ex representante de Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, es señalado por la fiscalía como integrante del Club de la Construccción.
Son 8 procesos arbitrales presentados por Obrainsa con las que pretende cobrar de más al Ministerio de Transportes 52 millones 462 mil 290 soles, todas están relacionados con la obra para el Mejoramiento de la Carretera Camaná-Matarani-Ilo-Tacna.
Obrainsa inició los procesos arbitrales contra el MTC, argumentando el otorgamiento de ampliaciones de plazo y el reconocimiento de mayores gastos generales derivados en la ejecución de contratos de obra y fallas.
Pero hay otras constructoras están pidiendo el mayor monto son las empresas Andrade Gutierrez y JJC Contratistas Generales, que conforman el Consorcio Vial Huaura. Entre los tres procesos arbitrales, las constructoras han demandado el pago de 79.1 millones. Quieren un pago extra por la ampliación de la fecha de la culminación del contrato. Directivos de ambas firmas también son investigados por la fiscalía por su implicación en el caso del Club de la Construcción.
Por su parte las compañías integrantes del Consorcio Túnel Callao -Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao e ICCGSA, todas mezcladas con el Club de la Construcción-, exigen 34.1 millones de soles al MTC porque supuestamente no cumplió con su parte en el contrato.
Como puede apreciarse en el recuadro adjunto, las demandas de las empresas constructoras por abonos adicionales, son múltiples. Según la hipótesis del Ministerio Público se trataría de una modalidad para incrementar el monto original de las obras adjudicadas. Coincidentemente, se trata de compañías que además de estar investigadas por haber sido parte del Club de la Construcción, también aparecen relacionadas al presunto financiamiento ilegal de campañas políticas, como es el caso de OAS, Andrade Gutiérrez,Queiroz Galvao, entre otras.
En la relación, además, aparecen Construcción y Administración (CASA), e Hidalgo e Hidalgo, ambas representadas por el ecuatoriano Jaime Eduardo Sánchez Bernal, con demandas que superan los 35 millones de soles. Sánchez afrontra restricciones por su relación con el Club de la Construcción.
MTC evitó pérdida de S/. 291,8 millones
El MTC ha evitado que el Estado pague a las empresas ligadas al denominado Club de la Construcción un monto superior a los 291,8 millones de soles en laudos arbitrales.
La ministra María Jara indicó que su gestión potenciará las acciones para la identificación y gestión de riesgos en los procesos de contrataciones y que fortalecerá la Procuraduría, para combatir la corrupción.
“Desarrollaremos lineamientos para la promoción de la transparencia y acceso a la información. Nuestras acciones se encaminan además a generar protocolos para la atención presencial, telefónica y por medios virtuales a nuestros administrados. Se registrará en audio y video las reuniones entre funcionarios y administrados, y se potenciará la transparencia del registro de visitas a través de agenda pública”, señaló.
Fuente La República
