Preocupa al Consejo Privado Anticorrupción (CPA), que integran 17 gremios empresariales del país, que la Comisión de Constitución del Congreso insista en que establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, porque es una injerencia sobre la libertad contractual del contratista, al imponer que la solución de controversias se defina mediante el arbitraje.
En un comunicado, el CPA precisa que no se debe equiparara el contrato entre privados con la contratación con el Estado, en el que se dan dos elementos esenciales: el interés público y la utilización de los recursos públicos, por tanto, “el Estado debe garantizar la transparencia y publicidad de estas contrataciones y la manera más eficiente de resolver las controversias que se deriven de las mismas”.
Por ello, prosigue, la Constitución permite al Estado establecer la mejor regulación posible para la resolución de sus controversias contractuales en aras de cautelar los recursos públicos y el interés general, por lo que con el Decreto Legislativo N° 1341 estableció como mecanismo de solución de controversias el arbitraje institucional para las contrataciones públicas, que, a diferencia del arbitraje ad hoc (no existen procedimientos definidos ni controles respecto de las designaciones de árbitros), se ofrecen mayores garantías en materia de transparencia, predictibilidad y seguridad jurídica, principios que rigen el marco de las contrataciones públicas.
Señala que el arbitraje institucional disminuye considerablemente la posibilidad de que se genere actos de corrupción, los mismos que deben observarse a fin de lograr el fortalecimiento del arbitraje como institución de solución de controversias.
Fuente Diario Correo
