Una licitación evidentemente direccionada le ha causado un perjuicio económico de más de un millón de soles a la Municipalidad Distrital de San Rafael, en la provincia de Ambo, de acuerdo con un informe de la Contraloría General que identifica a cuatro funcionarios de dicha municipalidad y a un empresario como los responsables.
Según dicho organismo, el comité de selección de dicha municipalidad incorporó requisitos que están prohibidos por la Ley de Contrataciones del Estado para licitar la construcción del camino vecinal de Marayzondor-Santo Domingo de Rondos–Huillaparac. «Lo evidenciado permitió que se otorgue la buena pro a la mayor oferta económica», señala.
De acuerdo con el Informe de Control Específico de Oficio n.° 021-2022-2-0398 el comité de selección presidido por Alan Mihael Estrada Cardozo e integrada por Dennis César Valentín Cajas incorporó a las bases dos declaraciones juradas como requisitos obligatorios. El primero fue que los postores presenten la declaración jurada de garantía y vicios ocultos de la obra, se exigía indicar el inicio y fin del plazo ofertado; y una segunda declaración jurada del plazo de ejecución de la obra, que obligaba a que se especifique el inicio del cómputo de plazo.
Respecto a la primera declaración jurada, los postores sí cumplieron con dicho requisito precisando que la garantía es responsabilidad del contratista por un periodo de siete años, y que los vicios ocultos serían contabilizados a partir del acta de recepción de la obra.
Sin embargo, el comité solo admitió al postor ganador: Consorcio Vial San Rafael, a pesar de que las declaraciones de los otros postores también cumplían los principios de competencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones públicas.
Sobre la segunda declaración jurada, los postores también cumplieron con dicho requisito, en el que precisaron que el plazo de ejecución sería de 360 días calendarios, pero el comité solo admitió la del Consorcio Vial San Rafael, a pesar de que dichos requisitos se incorporaron al margen de lo previsto en las bases estándar del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Respecto a otros requisitos como el certificado de vigencia de poder que fue presentada vencida por un postor, y que el comité decidió no admitirlo limitando la posibilidad de ser subsanado conforme lo estable la Ley de Contrataciones del Estado.
«El comité descalificó al resto de postores muy a pesar de que cumplían con la documentación exigida, lo que conllevó a que solo se evalué la oferta del postor (Consorcio Vial San Rafael) con la mayor oferta económica de S/ 10 491 802 con respeto a la oferta de S/ 9 442 623 [del Consorcio Ingeniería Vial]», concluye la Contraloría.
Este hecho —agrega— generó un perjuicio económico por S/ 1 049 179 al otorgarse la buena pro a la empresa que presentó la oferta más alta.
«Además, los funcionarios de esta entidad permitieron que se perfeccione el contrato a pesar de que el ganador de la buena pro no acreditó la experiencia en obras ejecutadas, lo que conllevó a que la entidad no contrate con mejores condiciones de precio y con la documentación exigida». señala el organismo contralor.
Además de Estrada Cardozo y Valentín Cajas, están comprendidos en dicha irregularidad Cliver Villanueva Lavado y Marco Antonio Amancio Espinoza, responsable y asistente administrativo de la Oficina de Logística de la Municipalidad de San Rafael.
La Contraloría también ha incluido como participante de la irregularidad al representante común del consorcio, José Lee Martel Mercado.
La Contraloría ha notificado el informe al alcalde Joel Cruz para que deslinde responsabilidades y al procurador público para que inicie las acciones legales.
Fuente Página3
