La tranquilidad de este distrito andino se ha visto sacudida por un presunto acto de corrupción que amenaza con socavar la confianza ciudadana en sus autoridades. La Licitación Pública Abreviada de Obras N.° 1-2335-MDA/CS, convocada por la Municipalidad Distrital de Agallpampa, ha destapado serias irregularidades que apuntarían a un direccionamiento a favor del Consorcio del Norte, bajo la sombra de un presunto favoritismo del alcalde Gilmer García García y del comité de selección.
El caso salió a la luz gracias al voto discrepante de la bachiller Belinda Dessilu Cuya Quispe, integrante del comité, quien se opuso a la decisión mayoritaria y dejó constancia de un hecho que podría configurar delitos de colusión y negociación incompatible. Su postura, hoy reconocida como valiente por sectores de la población, permitió que se conozcan detalles que de otro modo habrían quedado ocultos bajo el manto de la burocracia.
El punto crítico está en la propuesta presentada por el Consorcio del Norte. En el Anexo N.° 4 – Promesa de Consorcio, la empresa Contratistas Forja S.A.C., integrante del consorcio, no consignó su porcentaje de participación. La omisión no es un detalle menor: las bases de la licitación son claras al exigir que los porcentajes sumen el 100%, garantizando así la transparencia y la responsabilidad compartida de cada consorciado. A pesar de la irregularidad, el comité de selección permitió que el postor subsanara el error, lo cual constituye una vulneración directa de la normativa de contrataciones.
No se trata de un tecnicismo. El propio Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N.° 1950-2019-TCE-S2, ha establecido que las ofertas deben ser objetivas, claras y precisas, y que los comités no tienen facultad para corregir ambigüedades. Sin embargo, en Agallpampa se habría optado por abrir la puerta a un postor con una propuesta deficiente, generando la sospecha de que todo el proceso estuvo diseñado para favorecerlo.
El perjuicio económico es otro factor que agrava la denuncia. La diferencia entre la oferta del Consorcio del Norte, valorizada en S/ 1,110,970.26, y la del segundo postor, Grupo Florida S.A.C., que alcanzó los S/ 1,064,963.97, asciende a S/ 46,006.29. Ese monto, que debió ser ahorrado e invertido en beneficio de los ciudadanos, se convierte en una pérdida directa para el Estado y en un símbolo de cómo la corrupción erosiona el desarrollo local.
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la credibilidad institucional. La población de Agallpampa, históricamente golpeada por la falta de inversión y oportunidades, observa con indignación cómo proyectos que deberían mejorar su calidad de vida terminan empañados por intereses oscuros. Los llamados a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público son urgentes: se requiere una auditoría exhaustiva y una investigación fiscal que esclarezca responsabilidades y sancione a quienes hayan vulnerado la ley.
El caso de Agallpampa no es aislado; refleja una práctica extendida en diversos municipios donde la manipulación de licitaciones se convierte en el mecanismo predilecto para beneficiar a grupos empresariales cercanos al poder. Hoy, los ciudadanos exigen que no quede impune y que se siente un precedente: el dinero del pueblo no puede ser moneda de cambio en negociados. La salud de la democracia local depende de que la justicia actúe con firmeza y de que la vigilancia ciudadana no ceda.
Fuente Causa Justa
