En septiembre del presente año se podría realizar la primera audiencia del procedimiento de controversia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el cual la empresa Enagás S.A., socia de Odebrecht en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, estima recuperar 511 millones de dólares que invirtió en el hoy cancelado megaproyecto.

La demanda fue interpuesta por la compañía española contra el Estado peruano el 24 de julio de 2018, y recién el pasado 18 de julio, el Ciadi instauró el tribunal y las partes involucradas seleccionaron sus respectivos árbitros que los representarán a lo largo del litigio.

El tribunal está compuesto por el presidente de nacionalidad argentino-española Diego Fernández Arroyo, quien fue elegido por un acuerdo de Enagás y el Estado peruano.  Mientras tanto la compañía de gas seleccionó al árbitro chileno Andrés Jana Linetzky, y el Estado peruano al germano-mexicano Claus Von Wobeser.

DECISIVO

Para la exprocuradora Delia Muñoz, esta etapa es “crucial” para que la defensa peruana presente en la fase probatoria todos los documentos e informaciones que demuestren que el proyecto fue paralizado por actos de corrupción que se cometieron durante su ejecución.

“Aún no tenemos una sentencia sobre este caso, pero el Estado peruano tendrá que presentar las declaraciones certificadas que han obtenido en Brasil y todas las pruebas que demuestren que estamos ante una situación de corrupción”, explicó.

En ese sentido, señaló que el Ministerio Público viene actuando muy lentamente en el proceso de recopilación de pruebas referidas al Gasoducto Sur Peruano porque hasta el momento no se ha demostrado ninguna evidencia, pese a que el perjuicio al Estado ya fue causado.

Muñoz indicó que la información recabada en Brasil es fundamental para obtener un buen resultado, debido a que Odebrecht podría haber declarado como se articulaba o estructuraba el pago de coimas con las consorciadas en el proyecto.

Sin embargo, la abogada sostuvo que podría jugar a favor la nacionalidad de los árbitros que conforman el tribunal porque se trata de un escándalo internacional donde varios países se encuentran igual de perjudicados.

“Estamos ante árbitros que conocen la gravedad de los hechos, si Perú presenta razonables elementos que lleven a pensar que estamos en una clara situación absolutamente atípica que sustenta la situación de afectar el contrato, la posición del Perú se puede redondear una manera bastante positiva”, añadió.

CLAUSULA EXTRAÑA

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, consideró que dentro del proceso arbitral el Perú podría usar a su favor una de las cláusulas que contenía el contrato, en la que ponía como garante al consumidor peruano para que pague, en caso no había compradores del producto.

El también decano del Colegio de Ingenieros del Perú detalló que se dieron todas las facilidades y garantías para que se saque adelante lo que hasta ese entonces sería “uno de los proyectos más grandes del país”.

Herrera Descalzi también consideró importante que dentro del proceso arbitral se llegue a comprobar que existieron evidentes hechos de corrupción, ya que con ello el Estado Peruano podría activar de manera inmediata la cláusula anticorrupción con la que cuenta el contrato y salir beneficiados sin la necesidad de devolver “un sol” a ninguno de los integrantes del consorcio.

Subrayó la importancia de la información que se dio a conocer con la investigación que realizaron en Ecuador, donde se descubrió cerca de 17 pagos encriptados en el sistema Drousys, que salieron de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (Caja 2) y estuvieron relacionadas con la millonaria adjudicación del gobierno del expresidente Ollanta Humala.

“Cuando esto se puso en marcha comenzaron a aparecer los documentos de Ecuador, donde dicen que sí hubo corrupción en el Gasoducto del Sur y si esto se demostrase tendría las de ganar el Estado y podría aplicarse la cláusula anticorrupción”, aseguró.

Por otro lado, Herrera Descalzi comentó que Enagás también podría usar como argumento la notificación del Ministerio Público peruano, en el que se incluye a la compañía de España como investigada por el fallido proyecto gasista.

No obstante afirmó que en el proceso arbitral influenciará mucho el ánimo de los árbitros, así como los antecedentes que tiene la constructora brasileña, porque si bien Enagás es otra persona jurídica, fue consorciada de Odebrecht.

“Los antecedentes son internacionales. Hay puntos que se ven claros, hay otros que se ven medio grumosos. De hecho lo que ha ocurrido con Odebrecht y las noticias van a influenciar en los ánimos de las personas y las decisiones que ellos deben tomar”, enfatizó.

PROCESO CLAVE

Los especialistas explicaron que si bien esta es la etapa inicial, que podría durar aproximadamente dos años, los resultados del proceso arbitral son claves para el desenlace de la historia con las otras asociadas.

Cabe mencionar que en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, Enagás cuenta con el 25 % de acciones, mientras que Odebrecht y Graña y Montero tienen el 75 % restante. Por ello, se estima que lo que buscaría recuperar el consorcio a su totalidad es de 2,000 millones de dólares.

De ganar Enagás, se sentaría un presente y tanto Odebrecht como Graña y Montero reclamarían también lo invertido en el proyecto de gas.

Enagás tiene como abogados para el proceso arbitral al estudio Linklaters de España, así como el CMS-Grau de Perú. En tanto el Estado contrató a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer, además de la asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas.

POR: SCARLET REYES VERÁSTEGUI

Fuente Diario Expreso

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