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Fiscal pide 6 años de cárcel para el alcalde de Ayabaca por la compra de maquinaria

Fiscal pide 6 años de cárcel para el alcalde de Ayabaca por la compra de maquinaria

Un segundo juicio contra el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, se realiza en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Sullana, en Piura, cuyo representante ha pedido 6 años de cárcel efectiva para la autoridad, por los delitos de colusión y negociación incompatible.

Se trata del proceso de licitación para la compra de un pool de maquinaria pesada por cerca de S/ 3 millones, en el 2012, cuando Marchena ya ostentaba la alcaldía provincial.

La fiscalía ha decidido formular acusación contra el alcalde de Ayabaca, y exfuncionarios José Mercedes Mendoza Siancas, Marino Rogelio Tafur Castillo, Napoleón Rojas Estacio y José Teófilo Periche Galán (asesor), en calidad de autores, y Juan Carlos Pastor Rodríguez como cómplice.

Según la fiscalía, la comuna provincial habría beneficiado al postor Komatsu-Mitsui en la convocatoria, recurriendo a una serie de actos aparentemente irregulares.

El alcalde habría tenido injerencia en la convocatoria al sacar al presidente del comité especial y poner en su lugar al funcionario Rogelio Marino Tafur.

También se cuestiona que el presidente del comité haya requerido los servicios de un técnico externo, a quien pagaron S/ 5 mil para tener una opinión independiente sobre el pedido de nulidad presentado por el postor Komatsu.

Finalmente, el alcalde mediante resolución N° 273-2012 declara nulo el proceso de licitación, amparándose en el informe de este profesional quien recomienda retrotraer el proceso hasta la elaboración de las bases administrativas. Ello significó ajustar los requerimientos técnicos en función de lo recomendado por el asesor externo, lo cual, según la fiscalía, devino en un perjuicio a la entidad por el valor de más de S/ 2 millones, y limitó la pluralidad de postores.

Otro aspecto es la falsificación de la firma de un miembro del comité que habría advertido situaciones adversas en la adjudicación.

Fuente Diario Correo

 

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