La denuncia que presentaron al menos dos ciudadanos por el alquiler de compactadoras para la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ya se encuentra en etapa preliminar.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, tras conocerse los últimos hechos advertidos en el uso de la maquinaria del municipio.
HECHOS
El pasado 25 de abril, la Fiscalía Anticorrupción admitió la denuncia de Humberto Heredia Morales por la declaratoria de desabastecimiento inminente que aprobó el concejo provincial.
El documento citaba los hechos previos a la entrega de la buena pro a la empresa Veolia Servicios Perú, por casi 1 millón 900 mil soles, para el alquiler de compactadoras.
Como se recuerda, la Contraloría emitió dos informes sobre situaciones adversas que fueron detectadas en la aprobación del desabastecimiento inminente y el proceso de contratación.
La empresa Veolia, por ejemplo, ganó la contratación directa presentando solo declaraciones juradas donde se comprometía a contar con los choferes, supervisores y un local de almacén solicitados por la municipalidad.
Además, la Gerencia Regional de Salud alertó que Veolia Servicios Perú contaba con una autorización de la Digesa, amparándose en una ley que ya había sido derogada.
Pese a ello se firmó el contrato y ahora el Cuarto Despacho de Investigación Fiscal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa iniciar las indagaciones.
“Ya hay una denuncia por el caso de las compactadoras por supuestamente no cumplir los requisitos e irregularidades administrativas que habían existido en la contratación. Eso está en investigación preliminar”, manifestó Arteaga Vera.
El presidente de la Junta de Fiscales señaló que la última denuncia presentada por un grupo de trabajadores del municipio -quienes advirtieron que existe maquinaria que no es utilizada a pesar de estar operativa-, podría sumarse a la investigación fiscal.
“De eso se tiene que pronunciar el fiscal del caso (Karin Ninaquispe Gil). En todo caso, se tendría que acumular (la nueva denuncia en la carpeta fiscal)”, afirmó.
En la denuncia aparecen involucrados el alcalde Marco Gasco Arrobas, los doce regidores que votaron a favor de la declaratoria de desabastecimiento y tres funcionarios de confianza.
Se trata de Oscar Ahumada Ramos, jefe del Centro de Gestión Ambiental; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Residuos Sólidos y, Edgardo Augusto Siaden Ortega, subgerente de Logística de la municipalidad.
El regidor Percy Espinoza Gonzáles aseguró que los concejales de minoría preparan los documentos para interponer una nueva denuncia sobre el proceso de contratación.
Fuente Diario Correo
