La fiscal de Anticorrupción Marita Cueva, empezó el 2 de setiembre la investigación preliminar de la construcción de la Plaza Cívica Jardín del Colca en el distrito de Yura, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
La investigación será por 60 días y será a quienes resulten responsables, en este caso, se incluirá a los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y del municipio de Yura, considerando que el expediente técnico fue elaborado por el municipio distrital y tras la firma del convenio, el GRA financió la construcción con un total de 5 millones 300 mil soles.
De acuerdo a la carpeta fiscal, se consideró los dos informes de control simultáneo de la Contraloría, el primero de octubre del 2020, cuando la obra tenía menos del 50% de avance y se halló 6 irregularidades, entre ellas, que la edificación de la plazoleta no tenía un impacto regional, que la construcción se hizo en un área sin habilitación urbana, además que el lugar fue considerado como una zona de alto riesgo y no mitigable, así como la falta de sustento técnico en las modificaciones económicas.
El segundo informe fue en agosto del 2021, debido a que se hizo el último incremento de presupuesto, de igual manera sin sustento técnico de las nuevas partidas, porque se incluyeron trabajos que no estaban considerados en el expediente técnico.
A esto se suma, que tanto el gobernador Cáceres Llica, como su asesor Hugo Mendoza, cuentan con sus terrenos en la misma plazoleta.
La Fiscalía dispuso oficiar al Consejo Regional sobre el informe de la Comisión Investigadora, así como a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRA, para conocer si se procedió con el proceso administrativo sancionador.
Contraloría empezó con auditoría para determinar responsabilidades en funcionarios
Desde la Contraloría Regional de Arequipa, informaron que empezaron una auditoría de cumplimiento de la obra, con el fin de hallar responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Los resultados concluirían con la suspensión o inhabilitación de los servidores hasta por 5 años para ocupar cargos en instituciones públicas, de acuerdo al nivel de responsabilidad.
El equipo de trabajo de esta acción de control visitó el lunes a la plazoleta donde verificó la obra e incluso confirmó que los riesgos observados en el primer informe no fueron subsanados.
Fuente Diario Correo
