Hay tres fiscalías anticorrupción que investigan el proyecto Línea Amarilla, cuyo contrato fue firmado en el 2009 por el alcalde Luis Castañeda y los dueños de la empresa brasileña OAS, hoy involucrada en el Caso Lava Jato.

El proyecto implicaba la integración de 11 distritos de Lima, el mantenimiento de 16 kilómetros de la Vía de Evitamiento, las construcciones de un túnel debajo del río Rímac y de diez viaductos.

La brasileña OAS se comprometió a desembolsar US$480 millones para las obras, y a cambio se haría cargo del cobro de peajes por 30 años. Los trabajos debieron culminar en cinco años, en el 2014, pero hasta la fecha no acaban.

Desde inicios de este año, el fiscal José Domingo Pérez Gómez investiga el contrato de la Línea Amarilla. La hipótesis de su equipo de trabajo –según fuentes del Ministerio Público– es que “una organización criminal concertó la ejecución del proyecto”. “Este no es un caso común, sino que se enmarca en los parámetros de criminalidad organizada. Así se ha establecido desde hace una semana”, indicó la fuente.

Rutas de Lima ha obtenido más de S/ 500 millones por cobros de peajes, desde el 2013 a la fecha. Odebrecht tiene el 25% de acciones en esa concesión.

2013— S/ 91 millones

2014—  S/ 125 millones

2015—  S/ 154 millones

2016—  S/ 185 millones

2017(a la fecha)- —  S/ 43.5 millones

Fuente: Municipalidad de Lima

Entre los que están bajo la lupa figuran el alcalde Castañeda, quien remitió hace unos días una carta al despacho del fiscal Pérez indicando que se iba a abstener de declarar. La ex alcaldesa Susana Villarán aún no ha sido citada, así como otros ex funcionarios de la Municipalidad de Lima. Todos son investigados por el delito de asociación ilícita, que se sanciona hasta con seis años de prisión.

–Villarán y Castañeda–

El 2012, OAS transfirió sus acciones del proyecto Línea Amarilla a la compañía brasileña Invepar. El 5 de octubre del 2013, los empresarios brasileños empezaron a obtener las ganancias por el cobro de peajes en las vías que comprende la obra, cuyos costos han aumentado cada año.

Durante la gestión de Villarán (2011-2014), se dispuso –a través de una adenda– ampliar la concesión de 30 a 40 años y que el 7% de los peajes se destine a las arcas de la Municipalidad de Lima.

Se acordó que se transfirieran US$74,5 millones de un fideicomiso para ejecutar el proyecto Río Verde, que el alcalde Castañeda dejó de lado cuando empezó su tercera gestión, en el 2015.

La inversión que desembolsarían los empresarios brasileños debía aumentar de US$480 mlls. a US$700 mlls. El 2016, el proyecto fue vendido a la empresa francesa Vinci, por US$1.500 millones.

“Es extraño que se haya vendido al doble del precio, teniendo en cuenta que solo tendrán las ganancias de los peajes por 40 años. La municipalidad debe informar el número de vehículos que pagan peaje cada hora en esta vía”, resaltó ayer el congresista Víctor García Belaunde en la Comisión Lava Jato, que investiga las concesiones a las empresas brasileñas. El grupo de trabajo acordó citar para la próxima semana a los ex alcaldes Villarán y Castañeda.

Hace un par de meses, uno de los despachos de la fiscalía anticorrupción detectó fisuras, rajaduras y filtraciones de agua en el túnel de la Línea Amarilla. La empresa Vinci indicó que “todo está controlado y no hay riesgos”. El alcalde Castañeda ha asegurado que el proyecto se entregará a fines de este año. Mientras tanto, los fiscales esperan las declaraciones de los funcionarios de OAS en Brasil.

No hay fecha para  el término de la obra

​El 2012, durante la gestión de Susana Villarán, se convocó a una licitación para construir 36 intercambios viales y habilitar 114 kilómetros de pistas en la Panamericana Norte y Sur, así como en la autopista Ramiro Prialé. Jaime Villafuerte, gerente de Inversión Privada de la comuna limeña, informó a la Comisión Lava Jato que no se sabe cuándo culminarán estos trabajos.

Odebrecht tenía a su cargo el proyecto denominado Rutas de Lima, y al terminar las obras entregaría el 4% de lo recaudado en los peajes al municipio de Lima. El año pasado, la empresa canadiense Brookfield compró el 57% de Rutas de Lima a Odebrecht.

Villafuerte indicó que la empresa reclama la colocación del peaje en Puente Piedra, que fue suspendido en enero porque las obras no estaban culminadas. Es por eso, agregó, que las obras en Ramiro Prialé no avanzan. “No hay recursos. Hemos pedido apoyo al Ministerio de Economía para llegar a un acuerdo con la empresa”, dijo.

“No tienen plata pero sí le compran a Odebrecht. Las obras no van a terminar porque no quieren pagar el 4 % de peajes”, resaltó el congresista García Belaunde.

Fuente El Comercio

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