La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Martín Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni de la citada región cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.

Dicha represa, ubicada en la zona altoandina de Moquegua, entre las comunidades de Curo y Humalso, a 4,300 metros sobre el nivel del mar, tenía el propósito de solucionar el déficit hídrico de los distritos de Chojata y Lloque de la provincia General Sánchez Cerro.

La investigación a Vizcarra Cornejo se inició en 2011 y, en el ínterin, ha sido acusado, junto a otros implicados, cuando ya era presidente de la República, y, como tal, estaba amparado por la inmunidad presidencial por mandato del artículo 117 de la Constitución.

Estando claro que ese derecho le asiste al jefe de Estado, el Ministerio Público asume entonces que no se puede formalizar acusación contra Vizcarra Cornejo ante la Judicatura, por lo que el fiscal del caso, Walker Ríos Calisaya, planteó la figura de la desacumulación, es decir apartarlo y postergar su enjuiciamiento hasta después que concluya su mandato, continuando obviamente el proceso con los otros imputados.

“LOS MOQUEGUANOS”

La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N° 8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.

La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre los meses de junio y noviembre de 2011.

Esto pese a que este funcionario conocía “que dicho consorcio no había realizado el servicio de supervisión externa de la construcción de las obras de irrigación y la represa de Chirimayuni, por lo que permitió que el Consorcio en referencia se apropie indebidamente de la suma de S/ 697,226.21 en perjuicio del Estado”.

Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había hecho trabajo alguno para remunerarlas.

Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el servicio de supervisión externa”.

APENAS 4 HORAS

La Fiscalía ha tenido que analizar gran cantidad de informes de los residentes de obra, como el del 15 de febrero de 2012, que señala que la supervisión externa Consorcio Chirimayuni “no se encuentra en la obra”.

Asimismo, que el jefe de supervisión, personal profesional y el personal técnico de la supervisora “se encuentran de manera ausente durante el mes de febrero”, con excepción del viernes 10 de ese mes en que estuvieron apenas cuatro horas para luego retornar a la ciudad de Moquegua.

Otro documento evaluado es un acta anterior del 10 de febrero en que los técnicos reunidos en Chojata-Lloque constataron que la supervisión contratada por el gobierno regional “no firmó el Cuaderno de Obra Tomo III”. Y con relación al Tomo II registraron nueve asientos “llenados por el mismo jefe de supervisión” sin trabajar.

Con relación al imputado Martín Vizcarra Cornejo, se le atribuye, en su condición de gobernador regional de Moquegua, “haber permitido el pago de las valorizaciones Nº 4, 5 y 6 y [el] pago de valorizaciones por servicios que no se habrían cumplido a favor del Consorcio Chirimayuni, lo que constituiría actos de favorecimiento a favor de dicho consorcio”, señala textualmente la Disposición Nº 14 de la Fiscalía anticorrupción moqueguana.

La acusación de dichos personajes tuvo lugar el 28 de octubre de 2016 y un fallo por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por administración es de fecha 21 de noviembre de 2018.

Sin embargo, los cargos por negociación incompatible contra Vizcarra recién podrían empezar a ser procesados el 29 de julio de 2021, no obstante que desde el mes de octubre de 2016 no ha merecido evaluación ni control de un caso que data desde el año 2011, habiendo transcurrido ocho años.

“A este panorama incierto se tiene que sumar el tiempo que demorará, luego del 29 de julio de 2021, el traslado del requerimiento de acusación y desarrollo del juicio oral”, señala Ríos Calisaya.

Ante ello el fiscal optó por requerir la desacumulación del caso del hoy mandatario en los pagos indebidos al Consorcio Chirimayuni, con la salvedad de hacer valer los derechos del Estado al concluir su mandato.

El Expediente N° 48-2016-90 del citado caso está en manos del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua.

Rescisión del contrato con daño al erario público

En reiteradas oportunidades se le hizo notar al Consorcio Chirimayuni el incumplimiento de obligaciones de supervisión estipulados en el contrato, incluso con posibilidades a rescindir el mismo, o la aplicación de penalidades establecidas por el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pero la empresa hizo caso omiso, no obstante que las normas exigen que “toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor”.

La situación se hizo tan insostenible que el 23 de febrero de 2012 se rubricó la Resolución Ejecutiva Regional Nº 200-2012-GR/MOQ por parte del mismo Martín Vizcarra, pero el daño ya estaba hecho.

Tres adendas

El 26 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Moquegua convocó el proceso de selección y licitación Nº 009-2010/CE/GR.MOQ, para la “Ejecución de obra pública para la construcción de riego Represa Chirimayuni”, por un valor referencial ascendente a

S/ 16’936,444.06.

Al concluir la obra e inaugurarse el 28 de octubre de 2014, en el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, el monto de inversión había ascendido a S/ 31’602,147.32.

El incremento fue por las adendas números 1, 2 y 3, al mismo estilo de Odebrecht, pero en pequeño.

En ese entonces se dijo que esta obra ampliaría en 400 hectáreas la frontera agrícola y se mejorarían las 300 hectáreas que ya estaban en producción, en la provincia de General Sánchez Cerro de Moquegua, proyectando beneficiar a más de 3,800 pobladores.

El Consorcio Chirimayuni de supervisión de la represa de Chirimayuni estuvo conformado por las empresas Corporación de Racionalización y Consultoría S.A. y Motlima Consultores S.A.

De Chirimayuni al Programa “Agua Segura para Lima y Callao”

No obstante que el presidente Martín Vizcarra y el ingeniero César Augusto Ramos Zamora son imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de negociación incompatible y peculado, Ramos al parecer está blindado porque en la actualidad es el jefe del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”.

Desde la dirección ejecutiva de dicho programa, según una nota de la web gatoencerrado del 30 de abril de 2019, Ramos “ha licitado más obras que en todo el período julio 2016-julio 2018 juntos. Ha otorgado tres obras por S/ 874 millones”.

La primera fue la entrega de la “Sectorización de Agua Potable de la Parte Alta de Chorrillos: Matriz Próceres” por un monto de 433.2 millones de soles al controvertido consorcio chino Sinohydro-Cesbe, acusado de pagar coimas en Zimbabue (US$ 10 millones) para ganar la licitación de una central hidroeléctrica y en Venezuela (US$ 7 millones) con tal de adjudicarse una obra de la petrolera estatal PDVSA.

La segunda es IVC Contratistas Generales a la que adjudicó el proyecto “Esquema Anexo 22-Pampa de Jicamarca-Ampliación de Agua Potable, distrito San Antonio de Huarochirí” por 288.5 millones de soles. Esta empresa, ligada a Odebrecht y Graña y Montero, dicen que fue la responsable del aniego en San Juan Lurigancho, esto por la reubicación de los colectores durante las obras del Tren Eléctrico.

Tercero, Superconcreto del Perú ganó la obra “Esquema Carapongo – Agua potable de los sectores 136 y 137” por 118.3 millones de soles. Dicha firma, según el Ministerio Público, es parte del “Club de la Construcción”.

Asimismo, “una empresa del lobista del Club de la Construcción, Rodolfo Prialé, Consorcio Las Vegas, que supuestamente servía para encubrir pago de coimas, facturó a Superconcreto S/ 1.2 millones”.

Finalmente, dos supervisiones de obras fueron entregadas a Acruta Tapia por S/ 28.6 millones.

No obstante haber favorecido al Consorcio Chirimayuni por pagos de supervisiones inexistentes por un monto de 697,226.21 soles en la ejecución de la represa del mismo nombre, en la sierra de Moquegua, el año 2011, es sintomático que Ramos Zamora haya seguido trabajando en puestos ejecutivos cada vez más elevados.

Su hoja de vida en el sector público empezó cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua. Ramos Zamora trabajó de director regional de Supervisión (2011-2013) y gerente regional de Infraestructura (2013).

Esto bajo el mando de Edmer Trujillo Mori, quien fue primero gerente regional de Infraestructura (2011-2012) y luego gerente general de la región Moquegua (2012-2014).

Con la salida de Vizcarra de la región en 2015, Ramos pasó a trabajar al Gobierno Regional de Arequipa, donde el mismo Edmer Trujillo asumió la gerencia general (2015). Ramos fue director regional de Supervisión (2015) y gerente regional de Infraestructura (2015-2017).

Después saltaría a Lima, cuando Trujillo fue nombrado ministro de Vivienda a la caída de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de la República y el ascenso de Vizcarra a la jefatura del Estado.

En esos días felices Ramos ya laboraba como asesor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), siempre al lado de Trujillo y todos bajo la atenta mirada de Martín Vizcarra, el jefe de “Los Moqueguanos”.

¿De dónde viene esa cercanía entre Vizcarra y Ramos? Quienes los conocen dicen que desde las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde ambos estudiaron. Pero esa amistad se refuerza en 2005, cuando Ramos trabajó para la compañía del Presidente, CyM Vizcarra, en la construcción del Canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo tramo II, un proyecto de S/ 8.3 millones del Gobierno Regional de Tacna.

Fuente Diario Expreso

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