De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), las responsabilidades de los exalcaldes Susana Villarán y Luis Castañeda en los peajes y concesiones por los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima fueron compartidas.
En caso de Castañeda, su tercera gestión fue determinante. El 24 de junio del 2016, Odebrecht vendió el 57% de sus acciones en Rutas de Lima al fondo canadiense Brookfield. Dos meses después, la firma Vinci Higways compró el 25% de activos que tenía OAS en el proyecto Línea Amarilla. Las operaciones se gestionaron meses previos a que el Ejecutivo emitiera el Decreto de Urgencia 003, que impidió a Odebrecht, implicada en corrupción, retirar sus activos mientras no se garantice el pago de la reparación civil al Estado.
Al expresidente de Protransporte Gustavo Guerra García le sorprende que la administración de Castañeda haya permitido que OAS y Odebrecht retiren sus activos con tanta facilidad en el marco del estallido del caso más grande de corrupción en el continente. La consecuencia más palpable, detalló, se refleja en las dificultades que podría tener actualmente la Municipalidad de Lima para renegociar los peajes y las concesiones debido a que ya no son administrados por OAS y Odebrecht.
«Se pueden anular los peajes, el problema es a qué costo. El principal problema es que la tercera administración de Castañeda autorizó tanto a OAS como a Odebrecht a vender sus activos, lo cual fue extraño. El Perú necesitaba que ningún activo se venda para que cualquier transacción deje reparaciones en el Perú», explicó.
Castañeda deberá responder hoy ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso por su participación en los contratos del bypass de 28 de Julio, Línea Amarilla y Rutas de Lima. En estos dos últimos proyectos, el cálculo apunta a que la recaudación mensual sobrepasa los S/ 30 millones. Multiplicando esos montos a los 30 años de concesión que tienen, la cifra es estratosférica.
Al cierre de esta edición, ambas concesionarias no respondieron cuánto recaudaron el año pasado por peajes. Rutas de Lima alegó haber invertido S/ 2 mil millones en 65 obras. El abogado Giovanni Rocío respondió en Exitosa que aún hay obras inconclusas, como los 46 kilómetros de la Av. Víctor Malásquez, en Pachacámac, que debió entregar el 2017.
Municipio y juicio
Por otro lado, la Comisión de Transportes de la Municipalidad de Lima se reúne hoy para evaluar qué posición tomar el lunes 20, cuando el alcalde Jorge Muñoz sustente ante el Concejo Metropolitano si la renegociación de peajes es viable o no.
La evaluación, enfatizó la regidora Jhosselyn Quiroz (AP), no busca incentivar un arbitraje, partiendo de la idea de que respecto a las concesiones otorgadas en las gestiones de Villarán y Castañeda a Odebrecht y OAS aún no hay condena del Poder Judicial en el marco del caso Lava Jato, como tampoco hay sentencia firme en el juicio al exgerente de Inversión Privada Domingo Arzubialde, en el cual ya se ha dado una sentencia en primera instancia, que ha sido apelada.
La culminación definitiva del proceso a Arzubialde, exfuncionario de Villarán, podría marcar un precedente importante en la investigación de la forma irregular en que se fijaron los peajes para Línea Amarilla y la correspondiente sanción y pago de reparación. En la audiencia de ayer, el fiscal César Zanabria presentó seis documentos que sustentan que el exgerente tuvo vinculación funcional a los contratos con la concesionaria.
Arzubialde fue sentenciado en febrero de este año a cuatro años de prisión suspendida y a S/ 100 mil de reparación civil por el delito de negociación incompatible por irregularidades en el cobro de peajes en el proyecto Línea Amarilla, pero la Procuraduría y la Fiscalía apelaron para que la pena al exfuncionario edil sea de cuatro años y medio, que Lamsac sea considerado tercero civil responsable y que la indemnización al Estado ascienda a S/ 17 millones entre Lamsac y el exgerente. La próxima audiencia será el 22 de mayo.
Por la reparación civil
Este diario consultó a la procuradora adjunta del caso Lava Jato Silvana Carrión Ordinola respecto a que si una sentencia firme al exfuncionario Domingo Arzubialde facilitaría la renegociación de peajes en la Municipalidad de Lima, y respondió que el ingreso indebido que ha recibido Lamsac en estos años sí es determinable.
«La renegociación, en caso la MML opte por ese camino, implicará que en adelante se aplicará la fórmula correcta del contrato. Pero lo pagado de más en los peajes se puede cobrar más una indemnización. Es decir, una sentencia firme hará que se determine el perjuicio real sobre pagos indebidos en los peajes. Es lo que nosotros como Procuraduría esperamos», explicó.
La clave
– Quórum. La última sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, a la que iban a asistir el exalcalde Luis Castañeda y el exgerente municipal José Miguel Castro, actualmente preso, se suspendió porque solo asistió el congresista de Nuevo Perú (NP) Richard Arce, y sus demás colegas, la mayoría parlamentarios de Fuerza Popular, se ausentaron de manera injustificada. Castañeda y Castro tampoco acudieron. Por eso fueron citados de grado o fuerza.
Vizcarra: “Sí amerita una revisión legal de los peajes”
– La renegociación de los contratos de concesión con las empresas que administran el peaje en Lima hoy como posible solución al problema es respaldada por el presidente Martín Vizcarra, quien lo consideró ayer razonable.
– “Sí amerita una revisión sobre cuál es la base legal y el argumento que generó este tipo de peajes y que corresponde revisar. Es una evaluación que corresponde al municipio de Lima”, expresó.
– De igual modo, el contralor Nelson Shack refirió que sí existen indicios razonables que permiten presumir que hubo problemas de corrupción en estas contrataciones. “Sin embargo, se requiere un análisis legal”, indicó.
– La disyuntiva parte de un arbitraje al que se vería expuesto el Estado en caso se anule el contrato y existiera una reacción legal de las concesionarias. Para Shack, si la Municipalidad de Lima rescinde de mala forma, es probable que termine pagando. Distinta apreciación tiene el abogado Giovanni Rocío, quien recordó que en 17 procesos, el CIADI solo obligó al Estado a pagar US$ 43 millones.
Fuente La República
