La Fiscalía Anticorrupción del Santa trabaja en sacar adelante una “megainvestigación” referida a 17 procesos de selección que realizó el Gobierno Regional de Áncash (GRA), durante la gestión del hoy encarcelado exgobernador regional, César Álvarez Aguilar.
Se trata de una pesquisa que ha tenido su origen en las diligencias que efectúo el fiscal supraprovincial anticorrupción, Elmer Chirre Castillo, en el marco del sonado caso “La Centralita”, que tiene a casi 60 personas investigadas por delitos de colusión, peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
LA HISTORIA
En Lima, el fiscal Elmer Chirre dispuso el inicio de una investigación preliminar por estos 17 proceso de selección, mientras seguía indagando “La Centralita”. Por un tema de competencia geográfica, es decir en dónde habrían ocurrido los hechos irregulares que son materia de investigación, se dispuso que sea la Fiscalía Anticorrupción del Santa, la que conozca esta carpeta.
La abundante documentación llegó al Santa y fue asignada al Grupo Especializado Anticorrupción (GEA) para que revise todo lo actuado por el fiscal Chirre y continúe con la siguiente fase de la pesquisa, es decir, la investigación preparatoria.
El trabajo de revisión de los documentos de Lima se encuentra a cargo de la fiscal adjunta Isela Gonzáles Torres – recientemente incorporado al GEA – junto con el fiscal titular Laureano Añanca Chumbe.
INDAGACIÓN
Fuentes de Correo en la Fiscalía indican que en los próximos días Añanca emitirá su disposición de formalización de la investigación preparatoria, que debido a la gran cantidad de procesos de selección será declarado complejo y además tendrá un plazo amplio.
“Se puede decir que es una ‘megainvestigación’ porque tiene más de 20 implicados, además en cada proceso de selección hay que analizar información abundante”, señaló la fuente.
Este Diario pudo conocer que los procesos de selección que son investigados fueron licitados durante las gestiones de al menos tres exgerentes de la Subregión Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermúdez y Juan Carlos Gallo Zegarra.
La hipótesis de la Fiscalía hasta el momento es que habrían existido acuerdos colusorios para favorecer a los empresarios a quienes se les adjudicó estos procesos de selección.
Fuente Diario Correo
