La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continúa con el proceso de control de acusación contra el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, y otras ocho personas, por el presunto delito de colusión agravada relacionado con la venta de un terreno municipal realizada en 2017, cuando Torres ejercía funciones como alcalde provincial.
El fiscal Erwin Gutiérrez informó que la investigación está vinculada a la subasta pública de la parcela 7A de la manzana 697, lote 1, ubicada en la zona de la Vía Ecológica. Según la tesis fiscal, el proceso estuvo marcado por diversas irregularidades administrativas desde la desafectación del predio hasta su adjudicación final.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el pago del terreno por parte de la Asociación de Pequeños Industriales de Viñani, representada entonces por Jorge Encinas Maquera. De acuerdo con la Fiscalía, la asociación debía completar el pago del saldo pendiente, superior a los 18 millones de soles, hasta el 4 de octubre de 2017, pero no contaba con los fondos suficientes para hacerlo dentro del plazo establecido.
La investigación sostiene que se habría simulado el ingreso de documentación para justificar una ampliación del plazo y permitir que la transferencia del dinero se realizara recién al día siguiente. Según el Ministerio Público, de no haberse concretado el pago dentro del plazo, la asociación habría perdido los montos abonados y el terreno debía retornar a la Municipalidad Provincial de Tacna.
Asimismo, la Fiscalía señala que el predio habría sido vendido por 25 millones 841 mil soles, pese a que una tasación incluida en un informe de Contraloría lo valorizaba en más de 50 millones 822 mil soles. Esto habría generado, según la acusación, un presunto perjuicio económico de aproximadamente 24 millones de soles.
Respecto a la participación de Luis Torres Robledo, el fiscal indicó que la hipótesis del Ministerio Público es que el entonces alcalde tenía conocimiento de las presuntas irregularidades, avaló actuaciones de funcionarios municipales y permitió que la operación se concretara pese al incumplimiento de los plazos establecidos.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para Torres Robledo una pena de 7 años y 6 meses de prisión. En total, son nueve los acusados en este proceso, entre exfuncionarios municipales y particulares.
La audiencia de control de acusación se encuentra aún en etapa intermedia. La próxima sesión fue programada para el 16 de julio, fecha en la que continuará la evaluación de la acusación fiscal antes de determinar si el caso pasa a juicio oral.
Fuente Radio Uno
