La construcción de una carretera de 3 kilómetros en San Martín, que termina en un fundo particular, es investigada por la Fiscalía. Uno de los presuntos responsables ya ha sido identificado y las autoridades buscan a los otros funcionarios que participaron en el proceso previo a la licitación de esta vía. Hasta la fecha, va costando más de 4,4 millones de soles. La Procuraduría Regional sospecha que el exgobernador Pedro Bogarín, investigado por liderar una presunta organización criminal, está detrás de esta obra. Este es el segundo reportaje de la serie Sombras de la reconstrucción, del proyecto colaborativo Periodistas en Red, que lidera Convoca.pe.
La inversión estatal de más de 4,4 millones de soles (más de un millón de dólares*) en la construcción de una carretera que concluye en una propiedad privada en la provincia de Tocache, en San Martín, ha originado una investigación del Ministerio Público para identificar a los funcionarios responsables de la contratación. La obra se está ejecutando con el argumento de que beneficiará a numerosos agricultores de la zona, pero solo está favoreciendo a unos pocos. Y como aún no ha sido terminada, podría costar aún más cara.
La Fiscalía ya ha identificado a uno de los exfuncionarios involucrados que trabajaron en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), un organismo adscrito al Gobierno Regional de San Martín, a quien le atribuye el presunto delito de falsedad genérica y omisión de actos funcionales en agravio de dicha entidad.
Las indagaciones continúan para ubicar a otros servidores públicos implicados en el diseño y ejecución de esta obra y que forman parte de una cadena de mando que llegaría hasta el médico y exgobernador regional de San Martín Pedro Bogarín, según la tesis de la Procuraduría del Gobierno Regional. El exfuncionario es investigado por haber liderado una organización criminal cuando dirigía la región, entre 2019 y 2022.
Convoca.pe siguió el rastro de los funcionarios públicos y de las compañías involucradas en la construcción de esta carretera, marcada por presuntos actos de corrupción. En este segundo reportaje de la serie Sombras de la reconstrucción, que forma parte del proyecto Periodistas en Red, revelamos el mal manejo de los fondos públicos, con el fin promover la vigilancia ciudadana y la transparencia en las organizaciones del Estado.
En enero de 2020, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo comenzó a elaborar el expediente técnico para mejorar una trocha carrozable en mal estado con el fin de facilitar el transporte de los residentes y de la producción agrícola de las localidades de Nuevo Horizonte y Bolívar, así como de otros centros cercanos, hacia los mercados locales, distritales y regionales. Por razones de “replanteo de ingeniería”, este documento se terminó más de un año después, en junio de 2021.
La construcción de la vía se inició en el kilómetro 596 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, tramo sur. La obra comienza en el centro poblado Nuevo Horizonte, en el kilómetro 0, y culmina en la localidad de Bolívar, a la altura del kilómetro 3.4. Convoca.pe recorrió los 3 kilómetros 392 metros de esta carretera y confirmó que termina apenas a cuatro metros del portón de fierro de una parcela agrícola donde solo encontramos al personal que labora en unas plantaciones de cacao.
El principal beneficiario de esta obra es justamente este fundo donde finaliza la carretera, que está inscrito a nombre de Jacoba Arévalo Chávez en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Tras el fallecimiento de la propietaria, el predio fue heredado por su hija Termy Pérez Arévalo, quien está casada con el médico Carlos Mendívil Jáuregui.
De esta propiedad salen trimóviles y furgonetas que transportan la producción de cacao, según contó a este medio el agente municipal de Bolívar Jhony Juárez Medina. “Más allá de estos predios, no hay más terrenos agrícolas, pues a 700 metros se encuentra el río Huallaga”, informó.
Otro gran beneficiario del mejoramiento de esta vía es el Grupo Palmas, que pertenece al Grupo Romero, uno de los principales conglomerados empresariales del Perú. Uno de sus cuatro centros de operaciones, Palmawasi, está ubicado a la mitad de esta carretera, en el Km 1,7, donde opera Palmas del Espino S.A. e Industrias del Espino S.A., productora y procesadora de palma aceitera, respectivamente.
El agente municipal de Bolívar Jhony Juárez Medina manifestó a este medio su preocupación porque la carretera no tendrá una larga duración, ya que el espesor del pavimento es delgado y fue construido para soportar un peso máximo de 30 toneladas. Los camiones cisterna que ingresan y salen de la planta del Grupo Romero superan las 60 toneladas de peso.
Con el cambio de gestión en el Gobierno Regional de San Martín, este año se conoció que esta carretera terminaba en un fundo privado. Ante el escándalo, el 27 de febrero de 2023, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, a cargo del fiscal José Santos Gomero, inició de oficio una investigación preliminar.
Como el fiscal de la provincia de Tarapoto realiza una investigación sobre una obra ubicada en la provincia de Tocache y la dirección real de algunos involucrados está en varias ciudades del país, declaró compleja la investigación preliminar de 60 días.
El 13 de abril último, la fiscal adjunta provincial Cinthya Armas, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, verificó que “este camino tiene una extensión aproximada de 3,44 kilómetros, termina en el ingreso de una vivienda (predio rústico), con un muro de concreto en construcción con rejas, color blanco”, según figura en la carpeta fiscal. En esta diligencia, el teniente gobernador Roger Saavedra afirmó que la propietaria es la mencionada Termy Pérez Arévalo.
Este medio buscó la versión de Termy Pérez, llamando al celular de su empresa Misky Sonko, ubicada en Tocache. Nos contestó una mujer que se comprometió a trasmitirle nuestro pedido de entrevista. Hasta el cierre de esta edición, la empresaria no devolvió la llamada.
Charly Pintado, exdirector de obras del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo, es investigado por la Fiscalía, debido a la construcción de la carretera que termina en una propiedad privada. Foto: Facebook
El único investigado por la Fiscalía que ha sido identificado es el ingeniero Charly Pintado Altamirano, ex director de obras del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, por el delito de falsedad genérica y omisión de actos funcionales en agravio de esa unidad adscrita al Gobierno Regional de San Martín.
“No estuve durante la formulación de ese proyecto. Desconozco quiénes aprobaron este proyecto. En el Proyecto Huallaga asumí, recién, en junio del año pasado, cuando ya estaba en ejecución”, dijo Charly Pintado a Convoca.pe. Sin embargo, no explicó por qué siguió adelante con esta obra, a pesar de todas las irregularidades.
Con el fin de identificar a las personas que dispusieron y tomaron acciones para que el camino vecinal rehabilitado con recursos públicos termine en un predio privado, el fiscal José Santos Gomero considera importante obtener la versión de los profesionales que elaboraron el expediente técnico de la vía Nuevo Horizonte-Bolívar. Este documento fue firmado por los ingenieros Deisy Liz Carmona Díaz y Gunther Delgado Alva, pero fue evaluado y aprobado por otros funcionarios.
Por ello, el fiscal dispuso que, del 22 al 23 de mayo próximos, se tome la declaración de siete ingenieros, bajo apercibimiento de conducción compulsiva: Deisy Liz Carmona Díaz (quien fue especialista en elaboración de estudios de inversión), Elar Ismael Caballero Flores (formulador y evaluador en la especialidad de infraestructura vial), Fredy Ricardo Mendoza Santa María (formulador y evaluador en la especialidad de estructuras) y Gunther Delgado Alva (formulador y evaluador en la especialidad de costos y cálculos).
Extracto del expediente técnico de la carretera Nuevo Horizonte-Bolívar, elaborado y firmado por los ingenieros Deisy Carmona Díaz y Gunther Delgado Alva, quienes han sido citados por la Fiscalía.
Los otros ingenieros citados son Danilo Dias Baca (formulador y evaluador en la especialidad de hidrología e hidráulica), Edwar Alberto Gonzales Díaz (formulador y evaluador en la especialidad de suelos, pavimentos y concretos), Jessica Paola Mestanza Bartra (formulador y evaluador en proyectos de inversión) y Alan Guillermo Gallo Alvares (formulador y evaluador en la especialidad de evaluador de riesgo.
Además, por segunda vez, la Fiscalía ordenó tomar la declaración testimonial de Carlos Mendívil Jáuregui y de su esposa Termy Pérez Arévalo, dueños del predio donde termina el camino vecinal, también bajo apercibimiento de conducción compulsiva. La diligencia está programada para el próximo 2 de junio.
El Ministerio Público también incluyó la declaración testimonial de la representante legal de la empresa Conamteci Oriente EIRL, Marilyn Hidalgo Barbarán, y del ingeniero Carlos López Loja y la socióloga Flore Jessenia Lluen Sánchez.
Aunque el expediente técnico de la obra fue aprobado por el entonces gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo Juan Manuel Oliveira Arévalo, a través de una resolución gerencial emitida el 9 de junio de 2021, este funcionario no figura entre los citados por la Fiscalía.
Oliveira aparece en dos informes de la Contraloría, que le atribuye reponsabilidad administrativa por irregularidades cometidas cuando trabajaba en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y en la Municipalidad Provincial de San Martín, que causaron perjuicio económico al Estado por 605 mil 847,66 soles y 102 mil 120,05 soles, respectivamente.
Tampoco han sido citados por la Fiscalía los funcionarios del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo Mónica Fernández Vásquez, encargada de la Unidad Formuladora (UF), y Carlos Meléndez Amacifuen, responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
El procurador público regional Elidelgio Mori Trigozo confirmó a Convoca.pe que el exgobernador Pedro Bogarín tiene lazos familiares con Termy Pérez Arévalo, quien heredó el fundo donde culmina la carretera que es investigada por el Ministerio Público. Sin embargo, no precisó cuál es el vínculo que los une.
Además, Mori informó que el Gobierno Regional destituyó al director de Obras del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Charly Pintado, y a dos exfuncionarios, pues considera que tenían conocimiento de los actos irregulares en la planificación y ejecución del proyecto.
«Bogarín tenía conocimiento de esta carretera. También se han identificado a los responsables de la empresa contratista, la supervisión y la buena pro, ya que sabían que esta obra terminaba en una propiedad privada. Por esta razón, hemos presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de San Martín», afirmó el procurador.
Este medio se comunicó con Jhon Tafur Puerta, abogado de Pedro Bogarín, para solicitar la versión del expresidente regional sobre las acusaciones de la Procuraduría y sus presuntos vínculos con la propietaria del fundo donde termina la carretera. Su asesor legal nos dijo que no tenía autorización para brindarnos su número telefónico.
La sede de la empresa Clasill Contratistas Generales, en Tarapoto, está vacía, desde hace varios meses. La constructora está inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2025.
El 28 de febrero de 2022, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo firmó un contrato con el Consorcio Constructores II, conformado por las empresas Clasill Contratistas Generales S.A.C. y García Vargas Ingenieros Constructores S.R.L.
Ese mismo año, el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó a la empresa Clasill Contratistas Generales SAC con una inhabilitación de 37 meses, del 25 de noviembre de 2022 al 25 de diciembre de 2025, por presentar constancias de trabajo falsas en un proceso de selección para ejecutar una obra con la Municipalidad Provincial de San Martín.
Convoca.pe llegó hasta la sede de Clasill Contratistas Generales, ubicada en el jirón Uruguay 118, en Tarapoto, dirección que figura en el contrato suscrito con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Además, es su dirección fiscal registrada por Sunat. Pero, ahora, el local está vacío. Los vecinos dijeron que durante la pandemia del Covid-19 fue cerrado. En otra dirección que registra como establecimiento anexo ante las autoridades tributarias, que es el jirón Raymondi 428, constatamos que funciona una juguería y nadie sabe sobre esta empresa.
Roger Antonio Silva Peche es el representante legal del Consorcio Constructores II y de Clasill Contratistas Generales. Desde 2020, esta persona tiene una inhabilitación permanente del Poder Judicial para prestar servicios al Estado, por condenas penales por delitos contra la administración pública, según el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Silva fue procesado por el delito de asociación ilícita para delinquir por el caso «Consorcio UNI Serviuni» tras una investigación iniciada en 2016 por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios. Entre 2012 y 2015, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Consorcio UNI Serviuni S.A.C., suscribió 31 convenios irregulares con gobiernos regionales y municipalidades, para ejecutar proyectos por 245 millones 400 mil 366 de soles. Como no tenía capacidad técnica y operativa, contrataba directamente a empresas privadas que no cumplían los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
El gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Teddy Castillo Díaz, informó que encontraron numerosas deficiencias en la obra, pero no dio mayores detalles y dijo que están esperando el informe de la supervisión antes de considerar qué acciones tomarán. “Si se determina que la obra no cumple con los estándares técnicos, no podrá ser recibida”, advirtió.
Castillo dijo que desconocía si los terrenos donde termina la carretera son propiedad de algún familiar del exgobernador Pedro Bogarín. Resaltó que personal de su institución le informó que el arco y el portón del fundo fueron retirados para que la carretera llegue hasta el río Huallaga, según el proyecto. Convoca.pe verificó que sólo se cambió el tamaño del muro y de las rejas del portón. A pesar de eso, la vía sigue finalizando en una propiedad privada.
Fuente Diario Voces
