La auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General a la licitación pública convocada para la ejecución de la obra “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón”, en Puno, detectó irregularidades y la presunta responsabilidad civil y/o penal y/o administrativa de 40 funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex servidores del Gobierno Regional, por hechos que se han concretado entre los años 2013 y 2020.

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de actos y documentación desde el año 2013 cuando el gobierno regional convocó la contratación del estudio de factibilidad y expediente técnico que fue declarado desierto, y luego contratado como adjudicación de menor cuantía.

Dicho estudio fue declarado viable en el 2015, pero el gobierno regional decidió cambiar la ubicación de la nueva infraestructura del hospital y asumió la elaboración del nuevo expediente técnico por administración directa el año 2017. El año 2019 se convocó su ejecución mediante licitación pública y, como resultado, el 2020 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra por S/ 329 373 420,56.

La importancia de esta obra radica en que permitirá mejorar las condiciones y cobertura de atención para miles de pobladores de la región de Puno ya que siendo un hospital de categoría III-1 contará con 55 consultorios y 15 salas de procedimientos para consulta externa y emergencia, 7 salas de operaciones, 2 salas de parto, 213 camas de hospitalización, 64 camas de cuidados intensivos/neonatal, 8 camas para quimioterapia ambulatoria, 1 sala de resonancia magnética, banco de sangres, hemodiálisis, entre otros.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 19338-2021-CG/MPROY-AC (Periodo de evaluación del 4 de setiembre de 2013 al 2 de julio de 2020) emitido y notificado a los responsables, determinó una serie de irregularidades en la convocatoria de la licitación pública, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción de contrato con un postor que no acreditó la experiencia en la ejecución de obras similares y del plantel profesional clave.

También en la eliminación de componentes del proyecto sin efectuarse la verificación de viabilidad incumpliendo la normatividad de inversión pública, contrataciones de servicios de manera previa al requerimiento o a la recepción de la orden de servicio, y el pago de remuneraciones con fines distintos a la ejecución de la obra, que afectaron la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que deben regir las contrataciones públicas y uso de recursos públicos.

Además de las irregularidades identificadas se ha determinado un perjuicio económico ascendente a S/ 164 369 por el pago de Compensación de Tiempo y Servicios (CTS) a personal contratado para la elaboración del expediente técnico de la obra, debido a que es un beneficio remunerativo que solo corresponde a personal nombrado. Adicionalmente dicha vinculación se efectuó sin contar con la normativa y perfiles profesionales exigidos para estos fines.

La comisión de control también evidenció que se contrataron servicios menores a 8 UIT por un total de S/ 63 900, los cuales fueron comprometidos sin contar con el requerimiento o la recepción respectiva de órdenes de servicios por parte de los proveedores, contraviniendo las normas y procedimientos que regulan las contrataciones de bienes, servicios o consultorías, afectando claramente la legalidad, generando que no se garantice la eficiencia en la ejecución de fondos públicos.

La auditoría también detectó que de los S/ 57 millones 108,259 transferidos por el MINSA como resultado del convenio suscrito con el gobierno regional, a pesar de estar destinados exclusivamente para la ejecución de la obra y el equipamiento del proyecto, se efectuó el pago de remuneraciones y servicios a favor de especialistas en contratos, asistentes legales, especialistas en promoción social, entre otros, así como servicio de fotocopiado y ploteo de planos que en total suman S/ 106 427, gastos no enmarcados en el objeto del convenio.

Otorgamiento de buena pro

Se identificó que el comité de selección tuvo una actuación contraria a lo previsto en la normativa de contrataciones del Estado, ya que en el 2019 convocó a licitación pública para la ejecución de la obra con bases no adecuadas a lo establecido por el OSCE, lo que motivó que el Tribunal de Contrataciones del Estado declare la nulidad, retrotrayéndola a la etapa de consultas y observaciones. Ese mismo año el gobierno regional declaró la nulidad del Acta de Resultados de Evaluación y Calificación de Ofertas debido a que llevaba la firma de solo dos integrantes del comité de selección porque se había realizado la desvinculación laboral de los demás miembros, generando la postergación del otorgamiento de la buena pro.

Estos hechos generaron que el procedimiento de selección se prolongue hasta el año 2020, lo cual no permitió el uso de recursos derivados del convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Puno y el Ministerio de Salud por S/ 57 108 259 para la ejecución y equipamiento de la obra, considerando que tales recursos solo estuvieron vigentes para el periodo 2019.

El 2020 se reinició el procedimiento de selección y el comité de selección otorgó la buena pro a un postor que no cumplió con acreditar el requisito de “experiencia en la especialidad”, en la ejecución de obras similares; tampoco cumplió con acreditar la “experiencia del plantel profesional clave” respecto a los especialistas en instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas-equipamiento e impacto ambiental. Sin embargo, la entidad no solicitó la subsanación de dichos alcances y suscribió el contrato de obra el 19 de junio de ese año, sin contar con el marco presupuestal que garantice y salvaguarde la atención de los pagos derivados de las obligaciones contractuales para garantizar los compromisos y ejecución de la obra en dicho período, lo que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, así como los principios de eficiencia y transparencia que rigen las contrataciones públicas.

Supresión de componentes del proyecto

La Contraloría identificó que se cambió el lugar para la construcción del nuevo hospital, el cual se concretó sin efectuar la verificación de la viabilidad del proyecto, la que resultó necesaria dada la supresión de metas del mismo, entre estas, la construcción del hospital de contingencia, situación que no permitió conocer el nuevo costo de inversión y si éste continuaba siendo rentable, incumpliendo la normativa de inversión pública, además que el sustento presentado, referido a las características del terreno y suelo de la nueva ubicación, inobservó el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aunado a todo ello el riesgo de no garantizar la disponibilidad de servicios básicos para el proyecto, entre otros factores señalados en el informe de auditoría.

Como se conoce el proyecto inicial disponía del estudio de factibilidad del año 2015, el mismo que contó con la opinión favorable del Ministerio de Salud, y consideraba la demolición de la actual infraestructura y la construcción de una nueva en el lugar donde se sitúa hoy el hospital (Av. El Sol N° 1022 zona urbana de Puno), así como la construcción de una infraestructura de contingencia en el Centro Poblado Salcedo. Posteriormente, ajeno al proyecto y estudios técnicos aprobados, la entidad regional decidió que el nuevo hospital se construya en el Centro Poblado Jayllihuaya.

Vinculación de personal

Otro hallazgo producto de la auditoría es que en el año 2017 el gobierno regional vinculó laboralmente a profesionales para la elaboración y supervisión del Expediente Técnico, sin considerar la normativa específica para efectuar dicha contratación. Cabe señalar que el perfil y las funciones que iban a cumplir dicho personal fueron regularizados con posterioridad a la contratación.

Asimismo, se incluyó en las planillas de remuneraciones del personal contratado para la elaboración del Expediente Técnico, el concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por S/ 164 369,97 que no les correspondía por no ser servidores nombrados, lo que ocasionó un perjuicio económico al gobierno regional.

Datos

La construcción del Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón se inició el 30 de setiembre de 2020. Su culminación está programada para enero de 2023. A junio de este año presenta un avance físico de 1.56 %, y una ejecución financiera de S/ 115 430 179,50 que representa el 35,05% del monto contractual.

Actualmente se encuentra paralizada por discrepancias entre el contratista y la entidad regional por la no utilización de valores de los estudios básicos de mecánica de suelos en el diseño estructural de la cimentación del Expediente Técnico, según el Informe de Hito de Control N° 13470-2021-CG/MPROY-SCC, de julio de este año.

Los resultados de la auditoría de cumplimiento fueron comprometidos este mes por el Contralor General Nelson Shack, quien se trasladó a esta región para desarrollar la Jornada de Despacho Contralor en la que realizó una visita de supervisión a la construcción del Hospital. En ella recogió diversas preocupaciones y denuncias formuladas por la población, la sociedad civil y congresistas de la región.

La Contraloría General puso en conocimiento del Gobierno Regional Puno los resultados de la auditoría de cumplimiento para que inicien las acciones administrativas que correspondan respecto a las responsabilidades identificadas y otras orientadas a mejorar acciones, lineamientos y mecanismos internos que garanticen la pronta conclusión de este importante proyecto. Asimismo, a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendido en los hechos observados.

Fuente Diario Gestión

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