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Funcionarios de la MPS y empresarios desfilarán en la Fiscalía por compras

Funcionarios de la MPS y empresarios desfilarán en la Fiscalía por compras

En medio del terremoto que se vive en la Municipalidad Provincial del Santa, por los cambios de funcionarios y reducción de personal que ha anunciado la gestión del nuevo alcalde Neptalí Briceño Porrras, la Fiscalía Anticorrupción ha notificado el inicio de la investigación preliminar “contra los que resulten responsables” por las compras, presuntamente sobrevalorizadas, de guantes y cintas de embalaje.

Correo ha tenido acceso a las disposiciones fiscales de la carpeta 180- 2018 que se ha asignado a este caso en las que se programan diligencias que se ejecutarán en los próximos días. Las más importantes de ellas, son las citaciones que ha hecho la Fiscalía, a los funcionarios y representantes de las empresas involucrados en las adquisiciones.

La pesquisa se encuentra a cargo del fiscal anticorrupción, Jorge Luis Saravia Roldán y se ha dispuesto, que en esta primera etapa tenga una duración de 120 días, con la posibilidad de que exista una ampliación, si es que el representante del Ministerio Público así lo cree conveniente.

DESFILE DE FUNCIONARIOS. La providencia número 2 de la Fiscalía, establece citaciones para un total de siete personas. El Ministerio Público subraya en el documento que si en caso los citados no acuden a esta primera convocatoria, se ordenará su conducción de manera compulsiva, es decir, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Así las cosas, para el próximo martes 18 de setiembre, la Fiscalía ha citado a la aún subgerente de Logística de la comuna provincial, Lizbet Cortez Ñiquen, para las 9:00 de la mañana. Ese mismo día, también se planea recabar el testimonio de la subgerente de Gestión Ambiental, Limpieza Pública, Áreas Verdes y Residuos Sólidos de la comuna, Fátima Azañero Quispe, a las 11:00 de la mañana.

Luego, por la tarde, el mismo martes 18, ha sido citado el gerente de Administración y Finanzas de la municipalidad, Elmer Llontop Virhuez.

Para el día siguiente, el miércoles 19 de setiembre, se planea interrogar a Amalia Herrera Vásquez, jefa del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la municipalidad, área que requirió las cintas, cuyos precios son cuestionados.

Ese mismo día ha sido citado Jesús Badillo Ochoa, quien ha sido identificado como el gerente general de Confecciones Gazú SAC, empresa que proveyó los guantes en cuestión.

El último día de los interrogatorios es el miércoles 20 de setiembre. Este día deberá declarar Carmen Julia Chapoñan Valdera, gerente general de Inversiones y Servicios Generales M&C, empresa que abasteció las cintas de embalaje.

Además de las testimoniales, la Fiscalía también ha requerido a la comuna provincial remitir copias legibles de toda la documentación administrativa que tiene que ver con las compras cuestionadas.

PRESUNTO DELITO. Los hechos que están bajo la lupa del Ministerio Público son, primero, la adquisición de guantes industriales para el personal de Limpieza Pública, que se concretó en febrero de este año. Según las órdenes de compra que se adjuntaron a la denuncia, la comuna adquirió 360 y 80 pares de guantes, por un valor, en el primer lote de 23,400.00 soles y en el segundo de 5,200 soles. En ambos, casos el precio unitario de los guantes equivale a 65 soles, cuando en el mercado estos no superan los 7 soles, de acuerdo a cotizaciones que realizó el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa (Sutramun).

En el caso de las cintas de embalaje para el PCA, el cuestionamiento también está referido al precio. Los documentos de órdenes de compra e internamiento, indican que la comuna adquirió 1 millar de estos materiales a un costo unitario de 8 soles, por lo cual pagó 8,000-00 soles, en total. El costo que el Sutramun encontró en el mercado es de 2,65 soles. Además también indican que las especificaciones de la cinta que se consignó en la orden de compra, no existen en el mercado.

En base a los hechos descritos, para la Fiscalía se podría configurar el delito de peculado. “A consideración de este despacho fiscal, los hechos descritos, provisionalmente, se enmarcarían en el delito de peculado”, consignó el fiscal Saravia en su disposición.

Frente a esta denuncia, los funcionarios de las áreas aludidas, negaron que haya existido una sobrevalorización de precios. En el caso de los guantes, por ejemplo, desde el área de Logística afirmaron que se trató de un error de digitación y que no se pagó 65 soles por cada guante, conforme lo afirmó el Sindicato.

La Procuraduría Anticorrupción, ya ha sido notificada de las disposiciones fiscales y también participará de las diligencias que ha programado el Ministerio Público. Y es que el Sindicato canalizó su denuncia a través del despacho del procurador Richard Asmat.

Fuentes fiscales de Correo indican que el fiscal Saravia habría dispuesto la acumulación de un hecho más en la denuncia, es decir, otra adquisición también cuestionada por los precios que habría pagado comuna provincial.

Cabe señalar que estas compras cuestionadas fueron concretadas cuando la MPS estaba bajo la administración de Julio Cortez Rojas, debido a la licencia que solicitó Victoria Espinoza García. Ambos actualmente, se encuentran en condición de prófugos de la justicia por una condena de 4 años de cárcel por colusión, debido a la adquisición sobrevalorada de semáforos “inteligentes”.

REVISIÓN. Además de las medidas de racionalización del personal y de los cambios en gerencias, subgerencias y jefaturas; el nuevo gerente municipal, Raúl Romero Salinas ha puesto especial atención en los servicios y mantenimientos que contrató la comuna provincial hasta la gestión de Humberto Ortiz Soto.

Es así, que el ahora máximo funcionario edilicio ha anunciado una revisión de la documentación relacionada a estos contratos. Puntualizó que existe la sospecha de que la gran mayoría se encuentra sobrevalorados.

“El principal problema que tiene la municipalidad es la parte económica y financiera (…) Hay gastos innecesarios, hay muchos contratos de servicios, yo puedo asegurar que lo menos el 80% de los servicios están sobrevalorados, vamos a revisar todos esos documentos y si hay responsabilidad de funcionarios se entablarán las acciones que corresponden a través de las áreas jurídicas de la comuna”, enfatizó.

Fuente Diario Correo

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