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Luis Alberto Ramírez Alvarado, uno de los integrantes del Comité de Selección de la Municipalidad de San Isidro, luego de adjudicar un contrato por 48 millones de soles a favor del Consorcio San Isidro Verde, renunció y se fue a trabajar con la empresa.

El martes, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios capturó a seis funcionarios de la Municipalidad de San Isidro, entre ellos el alcalde Augusto Cáceres, y a un representante del consorcio por haber confabulado un millonario contrato para el mantenimiento de áreas verdes. La Oficina de Control Interno del municipio comunicó de las notorias irregularidades en el proceso de contratación al mismo alcalde Cáceres. Pero este hizo caso omiso al llamado y junto a sus funcionarios avaló la adjudicación.

Para las autoridades, existió una concertación entre los funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y miembros del consorcio que obtuvo el cuestionado contrato de 48 millones de soles.

La República encontró que Carlos Rodríguez Lorenzo, quien en nombre del consorcio firma el contrato con la Municipalidad de San Isidro, es socio de la empresa Pegasus Ingeniería, fundada por el propio Carlos Rodríguez Lorenzo y su socio William Marca Gonzales. Marca es funcionario de la Municipalidad de San Isidro.

Además, la subgerente de Pegasus Ingeniería es Érika Neyra Pinedo. Esta misma persona trabaja como gerente de C&E Corporation y en Terra World Corporation. Estas dos empresas son las que forman el Consorcio San Isidro Verde, que ganó el contrato de 48 millones de soles. Es decir, el consorcio simula estar formado por dos empresas diferentes, cuando en realidad están vinculadas.

Por si fuera poco, Pegasus Ingeniería, de propiedad del funcionario edil de San Isidro, Carlos Rodríguez Lorenzo, y del representante del consorcio que obtuvo el cuestionado contrato, también es proveedor del municipio sanisidrino.

Durante la gestión del alcalde Augusto Cáceres, Pegasus Ingeniería ganó 3 órdenes de servicio por 92 mil 900 soles. Cáceres aprobó el contrato del consorcio cuyo representante es socio de uno de sus empleados en el municipio.

El fiscal del caso, Luis Medina Rodrigo, consideró que el alcalde Augusto Cáceres y los siete funcionarios implicados sabían perfectamente que el Consorcio San Isidro Verde estaba relacionado con personas que trabajan en el municipio, lo que se presume le permitió conseguir el contrato de 48 millones de soles.

La autoridad sostiene que los implicados estaban en condiciones de anular el proceso de contratación porque el consorcio era un fraude, pero que siguieron adelante porque se presume que existieron pagos ilegales.

Incluso los tres miembros del Comité de Selección que otorgó la buena pro al Consorcio San Isidro Verde requirieron a las autoridades ediles que se anulara la adjudicación. Por el contrario, los funcionarios involucrados le dieron el visto bueno. Esto motivó al fiscal Luis Medina Rodrigo solicitar a la jueza Ingrid Estacio Soria la detención de siete funcionarios ediles y del representante del consorcio.

“Se solicitó a la investigada Esther Baylón Salvaxdor, en su condición de subgerente de Logística, realizar los trámites pertinentes a efectos de declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro”, porque el consorcio no calificaba para la ejecución del servicio de mantenimiento de áreas verdes.

Además, las empresas del consorcio afrontaban graves antecedentes.

“El Consorcio San Isidro habría presentado dos contratos falsos con montos millonarios para acreditar la experiencia del postor, por cuanto pesaban sobre estas deudas coactivas con Sunat y no contaban con personal de planilla”, señaló la Fiscalía.

Otro de los funcionarios implicados es la gerenta de Gestión Ambiental, Cecilia Loayza Pinedo. La Fiscalía señala que Loayza estaba en contacto con un excompañero de trabajo en la Municipalidad de San Borja, Félix Aznarán Infantes, quien actuaba como representante informal del consorcio. Loayza se encuentra prófuga.

Con nombre propio

Resolución de la jueza Ingrid Estacio donde se indica la presunción de la existencia de un pago de soborno a cambio del contrato de S/48 millones.

Fuente La República

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