Mientras el gobierno de Ollanta Humala ha iniciado un festín de obras mediante organismos internacionales que no son supervisados por el Ministerio Público o la Contraloría, que sumarían en total más de S/. 3 mil millones, congresistas de oposición revelaron que el oficialismo impidió que se debata una ley que establecía los controles respectivos.
“Congelaron” proyecto que controlaba organismos internacionales en gestión de Ana María Solórzano.
“Cuando ya estaba distribuido el proyecto, de manera misteriosa fue detenido ese debate. Eso ha sido entre mayo y junio. Se presentó hace años. Se puso en agenda, pero parece que el Ministerio de Economía intervino para que no se toque”, denunció Mesías Guevara (Acción Popular).
Esto fue exactamente el 21 de mayo, cuando el dictamen favorable de la Comisión de Fiscalización, a una propuesta del contralor Fuad Khoury del 2011, ya estaba priorizado en la agenda del Pleno de ese día. Sin embargo, cuando ya se había repartido a los presentes copia del texto, Ana María Solórzano levantó la sesión inesperadamente.
“El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha sido prácticamente suplantado, y detrás está el MEF, a pesar de que de allí se designa a directivos de OSCE, de ProInversión, pero OSCE no sanciona, solamente se aboca al proceso de selección, pero en ejecución entran la Contraloría y el MEF”, explicó Guevara.
De acuerdo a información del OSCE, en el período 2011-2013, se ha adjudicado a organismos internacionales S/. 2,520 millones del erario nacional, sobre los cuales la Contraloría General no tiene acceso para ejercer su función de supervisión de los recursos públicos.
Gracias a este modo de actuar, se desconocen los criterios que utilizan entidades como la OIM y la OIE para seleccionar a los contratistas y proveedores, los estudios de mercado que utilizan y los resultados de la inversión con fondos públicos.
Para la congresista Martha Chávez, este es un caso donde se mezclarían la incapacidad del gobierno y la corrupción de algunos funcionarios, ya que obras del sector Interior –como la remodelación del Hospital de la Policía y de escuelas de suboficiales– por más de 300 millones se realizarán mediante la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
“Se hace triangulaciones. Estos mecanismos están siendo pervertidos para evitar los controles internos. En el gobierno no le han dado mayor importancia a ese tema porque decididamente tienen interés. Esperemos que con una nueva Presidencia del Congreso esos temas salgan adelante”, manifestó la fujimorista.
Tal vez el caso más emblemático de cómo los corruptos usan este método es el Gobierno Regional de Áncash, durante la gestión de César Álvarez. Se compraron 79 ambulancias sobrevaluadas por medio de la OIM, y nadie fue sancionado por esto.
El gobierno de Ollanta Humala también está llevando la licitación de la nueva sede del Banco de la Nación, y de un centro de convenciones por casi 900 millones de soles. Esto incluso se aplica para compras menores como gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación, y servicios de limpieza para el Ministerio de Agricultura.
La ley de contrataciones indica que la Contraloría General de la República puede intervenir en estos procesos de licitación, pero no en los que existan fondos procedentes de donaciones, excusa perfecta para sacarle la vuelta a la norma.
EL APUNTE
FACILIDADES EN PERÚ
Información de la propia página web de la Organización Internacional de las Migraciones, señala que en esta parte de América tienen presencia en Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. De estos, el único país donde se hace cargo de un sinnúmero de licitaciones y concursos de gran envergadura es el Perú.
EL DATO
CIFRA MULTIMILLONARIA
En su último mensaje a la Nación, Ollanta Humala habló de S/. 19 mil millones comprometidos en obras. Entre la información del OSCE y los últimos anuncios del Ejecutivo, la ejecución sin supervisión pasaría los S/. 3 mil millones.
POR: CÉSAR ROJAS
Fuente Expreso
