El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Óscar Zea, y el viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez, confirmaron que el Gobierno evalúa la propuesta de la Concesionaria Chavimochic -cuyo accionista mayoritario es Odebrecht- para reiniciar la construcción de la represa Palo Redondo, del proyecto de irrigación Chavimochic III, paralizada desde 2016.
La Concesionaria Chavimochic ha propuesto al Ejecutivo completar el 30% de la edificación de la presa, en un plazo de 18 meses, lo que implicaría el destrabamiento de una obra pública que mejoraría el riego de más de 27 mil hectáreas y ampliaría la frontera agrícola con 25 mil hectáreas de tierras nuevas.
Como parte de la propuesta, la concesionaria pide al Midagri que en conjunto soliciten el desistimiento del proceso de arbitraje en el que se encuentran enfrascados la compañía y el Estado peruano ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
En 2017, la Concesionaria Chavimochic reclamó US$ 118 millones de indemnización al Estado por supuesto incumplimiento de contrato (en esa época, la contraparte de la empresa privada era el Gobierno Regional de La Libertad, pero el proyecto pasó a la jurisdicción del Midagri).
La concesionaria también ha planteado la postergación de la publicación del laudo (fallo) arbitral, hasta después de que se negocie y suscriba una nueva adenda al contrato original.
“Estamos analizando todos los pormenores de la reactivación del proyecto (Chavimochic III), pensando en los beneficiarios, en los productores agrarios. Tenemos que resolverlo en el corto plazo, no podemos esperar mucho”, dijo a La República el ministro Óscar Zea, confirmando que existe interés en la oferta de Odebrecht, propietaria del 74% de acciones de la Concesionaria Chavimochic (el 16% le pertenece a Graña y Montero, ahora Aenza).
“Estoy de acuerdo en destrabar la obra. Es rescatable que el concesionario y el Estado se acerquen para tratar de resolver problemas muy sensibles heredados de Odebrecht. Pero no estoy tan de acuerdo con las condiciones que ha presentado la Concesionaria Chavimochic”, señaló el viceministro Roberto Antúnez.
La Concesionaria Chavimochic resolvió detener la construcción de la represa Palo Redondo cuando se encontraba en un 70% de avance y el Estado peruano había invertido US$ 226 millones, mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El 14 de marzo de este año, el representante de la Concesionaria Chavimochic, Alfonso Pinillos, comunicó al ministro Óscar Zea las enormes ventajas que obtendría el Gobierno de aceptar la iniciativa de la empresa.
“La Concesionaria Chavimochic manifiesta al concedente (Estado peruano) su intención de reanudar y concluir las obras, para lo cual les reafirmamos que nuestra empresa se encuentra dispuesta a desistirse del proceso arbitral. (…) Consideramos necesario para analizar el contenido de la Adenda que las partes soliciten conjuntamente al tribunal arbitral que se postergue la emisión del laudo”, señaló Pinillos.
En otra carta al ministro Zea, el 15 de marzo, el representante de la concesionaria insistió en llegar a un acuerdo lo más pronto posible porque el 10 de marzo el tribunal arbitral internacional anunció que en 31 días emitiría el laudo.
“En este sentido, consideramos necesario que las partes soliciten conjuntamente al tribunal arbitral que se postergue la emisión del laudo para lograr el destrabe del proyecto Chavimochic III Etapa mediante la adenda correspondiente”, resaltó Pinillos. La misiva expresa un manifiesto apuro.
Sin embargo, la procuradora del Midagri, Katty Aquize Cáceres, informó tanto al titular del sector, Óscar Zea, como al viceministro Rómulo Antúnez, que la propuesta de la Concesionaria Chavimochic es lesiva para los intereses del Estado peruano y que debe ser rechazada.
“Respecto al desistimiento del proceso (arbitral) que plantea la Concesionaria, consideramos totalmente inviable y atentatorio a los intereses del Estado”, señala la procuradora Aquize. La abogada señala que más bien la empresa desista totalmente de sus pretensiones, ya que es la titular de la demanda, para evitar que vuelva a recurrir al arbitraje.
La procuradora Aquize también indicó que es lesiva la oferta de la concesionaria de aplazar la emisión del laudo arbitral, porque el Midagri ha conseguido importantes avances en relación al resguardo de los intereses del Estado. Esto es, el laudo del tribunal arbitral sería ventajoso para el Estado peruano, por lo que la Concesionaria Chavimochic busca apartarse.
“Consideramos que desde el punto de vista de la defensa jurídica del Estado no resulta razonable suspender y paralizar la emisión del laudo arbitral, más aún si los términos de la propuesta de la concesionaria no resultan viables”, señaló en su informe la procuradora del Midagri, Katty Aquize.
“Obviamente que nos preocupa (el informe de la procuradora del Midagri), pero estamos recién viendo todos los puntos de vista, y lo haremos en el más breve plazo”, indicó el ministro Zea a este diario.
El viceministro Rómulo Antúnez estuvo de acuerdo en que la concesionaria debe desistir de su principal pretensión, que es una indemnización de US$ 118 millones.
“No es suficiente con la suspensión del laudo arbitral. La concesionaria debe desistir de todo tipo de pretensión, como indemnizaciones, mayores costos y otros”, respondió Antúnez.
Respecto al informe de la procuradora Aquize, afirmó el viceministro Antúnez: “Nos hemos reunido con la procuradora (Aquize) y nos ha dicho que hay varias salidas, y que una de ellas es que la concesionaria tenga en claro que no debe insistir en sus pretensiones. Esperamos que la concesionaria reflexione y ceda”.
Fuente La República
