La Fiscalía de Lavado de Activos imputa a Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, y a Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, pertenecer a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de dinero proveniente de actos de corrupción. Así queda consignado en el requerimiento del Ministerio Público donde se piden 36 meses de impedimento de salida del país contra ellos y otros 11 investigados.
En el documento la fiscal Luz Taquire señala que “en el presente caso se imputa a los investigados pertenecer a una organización criminal, respecto a la presunta comisión del delito de lavado de activos, siendo el delito previo los delitos (…) de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias”. Añade que se trataría de una organización con una estructura “flexible” y “horizontal”.
La imputación de la fiscal agrega que un grupo de empresas propiedad de los hermanos Pasapera estarían vinculadas a actos de corrupción desde el 2012. Además, alega que Karelim López “habría utilizado sus influencias” para incidir en la concesión de lo obra Puente Tarata a favor de este grupo.
“Producto de dichas operaciones ilícitas los investigados han obtenido millonarias sumas de dinero desde el 2012 hasta la actualidad, el mismo que habría sido pasible de conductas propias del delito de lavado de activos como conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, por parte de los investigados traducidas en el abundante patrimonio de los mismos”, señala la hipótesis fiscal.
Imputaciones a Pacheco y Vásquez
Más adelante, se detalla que a Bruno Pacheco se le atribuye presuntamente pertenecer a esta organización, que habrá obtenido dinero de actos de corrupción y presumiendo que “estaría realizando actos de lavado”. Esto se verían “materializados” con la tenencia de sumas de dinero como los US$ 20,000 incautados en su despacho en Palacio de Gobierno y la realización de eventos como la fiesta en Cieneguilla para su hija “por un monto cercano a los S/ 100 mil soles”.
Respecto a Fray Vásquez Castillo, también se le imputa ser parte de la presunta organización y ser quien “estaría realizando actos propios del delito de lavado de activos (…) puesto que tiene una estrecha vinculación” con Zamir Villaverde y empresas relacionadas a él, como Mazavig SAC. Agreg que esto se sustenta con que, desde la campaña presidencial, el sobrino de Pedro Castillo manejaba una camioneta de propiedad de dicha empresa.
Otro de los implicados es el empresario Zamir Villaverde, a quien se le atribuye ser parte de la organización y se destaca su “estrecho vinculación” con Bruno Pacheco, con quien trabajó en la empresa Vigarza. Adicionalmente, se señala que los carros que transportaban a las hijas del exfuncionario de Palacio de Gobierno “serían de propiedad” de Mazavig SAC, cuyo gerente es Villaverde.
“En el presente caso se tiene por corroborado que los investigados han recibido sumas importantes de dinero provenientes de la consumación de las presuntas actividades criminales previas, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles (…) sin poder justificar su procedencia, así como su origen, por lo que se presume su origen ilícito, la misma que tendría como beneficiarios a cada uno de los miembros de la presente organización criminal”, resume la fiscal.
En otro punto del requerimiento, se menciona que las empresas supuestamente vinculadas a esta organización “habrían sido favorecidas con más de 11 licitaciones” que sumadas ascienden a un monto aproximado de mil millones de soles. También se señala que las posibles penas a las que se enfrentarían los investigados por los delitos que se les atribuyen oscilan entre los 10 y 20 años.
Finalmente, la fiscal afirma que es necesario que se dicte el impedimento de salida del país por 36 meses para asegurar que los investigados estén arraigados a su investigación preliminar y participen en los actos indagatorios. “A la fecha aún se encuentra pendiente una cantidad importante de diligencias por realizarse”, explica Luz Taquire, quien añade que se han programado “diversos actos de investigación pendientes de actuar”.
Investigados prófugos
El pedido del Ministerio Público alcanza en total a 13 personas: Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Fray Vásquez Castillo, Luis Carlos Pasapera Adrianzén, Segundo Hernán Vargas Pasapera, Nelly Vargas Pasapera, Marco Antonio Pasapera Adrianzén, Héctor Severo Pasapera Adrianzén, George Peter Pasapera Adrianzén, Gilmar Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida, Édgar Vargas Mas y Víctor San Miguel Velásquez. Todos ellos son investigados por presunto lavado de activos.
Ocho de estos investigados actualmente tiene una orden de detención preliminar por el Caso Puente Tarata, el cual está a cargo la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro: Pacheco, Villaverde, Vásquez Castillo, Luis Pasapera Adrianzén, George Pasapera Adrianzén, Valdivia Malpartida, Vargas Mas y San Miguel Velásquez. De ellos, Pacheco, Vásquez y Vargas Más están prófugos, el resto está actualmente detenido en la sede de Dircote en el Centro de Lima.
Fuentes de El Comercio indicaron que la Fiscalía de Lavado de Activos lleva unos 20 días tratando de ubicar a Bruno Pacheco y Fray Vásquez. Sin embargo, la policía les había venido diciendo que están “inubicables”, lo que impide que se soliciten más gravosas. Ambos investigados están desde este jueves en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por la mencionada orden de detención preliminar.
El requerimiento fiscal fue presentado el último viernes. El juez Víctor Alcocer Acosta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada convocó a una audiencia para evaluar la solicitud esa misma noche. Sin embargo, la sesión se reprogramó para el lunes 4 de abril desde las 3:00 p.m. a pedido de las defensas, que requerían más tiempo para analizar el documento presentado por el Ministerio Público.
El Comercio llamó a la abogada de Bruno Pacheco para consultarle su postura ante esta imputación y ante el requerimiento contra su defendido. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Pacheco ya tiene desde diciembre del 2021 otras dos órdenes judiciales que le impiden abandonar el territorio peruano por ocho meses: una por el Caso Sunat y otras por el Caso Puente Tarata.
El abogado de Fray Vásquez Castillo, Luis Vivanco Gotelli, rechazó la imputación de la fiscal Luz Taquire. Además, consideró que su solicitud no es idónea ni proporcional, debido a que su defendido ya tiene una orden de detención preliminar vigente y una orden de impedimento de salida del país por cinco meses dictada el último miércoles. “No tiene sentido sumar esta sobrecarga de medidas”, dijo a este Diario.
“Yo le he pedido a la fiscal que me precise cuál es la supuesta modalidad de lavado de activos que habría cometido mi patrocinado (…) Eso nunca nos lo ha hecho la fiscal. Sin haber corregido la imputación, ahora está solicitando un impedimento de salida del país”, expresó el abogado.
Fuente El Comercio
