La compra de nueve patrulleros para comisarías que hizo el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a mediados de 2020, generó S/ 142 560 de perjuicio económico para la entidad.
Las unidades destinadas para las dependencias policiales de los distritos de Yura, Cayma, Selva Alegre, Paucarpata, Yanahuara, Cerro Colorado, Bustamante y Rivero, Hunter (Andrés Avelino Cáceres) y Cercado (Palacio Viejo) permanecieron inoperativas por casi un año. La empresa “Virgencita de Chapi” ganó la buena pro por S/1 millón 439 mil 100.
Los vehículos se entregaron a la IX Región Policial en agosto de 2020, pero sin la documentación (Soat, placa de rodaje, tarjeta de propiedad). Además, el GRA no gestionó de forma adecuada el acta de donación ante el Consejo Regional. Este recién le dio visto bueno el 18 de mayo pasado. Sin la aprobación del Consejo Regional, la Policía no podía destinar combustible para las unidades, lo que hacía imposible su uso.
Perjuicio
Un informe emitido por la Contraloría, revela que el gobierno regional le dio conformidad a la compra de patrulleros pese a que la contratista, no cumplió con los plazos de entrega, lo que generó perjuicio económico a la Región, por el no cobro de penalidades.
De acuerdo al contrato firmado entre la contratista y el GRA (julio de 2020), la empresa tenía 30 días calendario para la entrega de los nueve patrulleros. Cumplido ese plazo, debía tramitar y entregar la placa de rodaje, tarjeta de propiedad y SOAT, en los siguientes 45 días. El plazo final contemplado, en ese sentido, se cumplía el 3 de octubre de 2020.
La empresa entregó las unidades el 29 de agosto de 2020. Sin embargo, gestionó la documentación sin diligencia y con excesiva demora. Esta fue entregada en partes, entre el 9 de diciembre de 2020 hasta el 5 de enero de 2021, es decir, con 64 días de retraso. La Región debió cobrar S/ 7 920 de penalidad por día, pero no lo hizo.
El informe advierte, que el GRA dio conformidad de pago a la empresa, mucho antes que iniciara el trámite de los documentos de las unidades (14 de setiembre de 2020), hecho irregular pues, de acuerdo al contrato firmado entre las partes, este debía hacerse solo cuando la contratista cumpliera con el servicio completo, es decir entrega de unidades con documentos en regla.
La entrega tardía de documentación de las unidades, se produjo mediante seis ampliaciones “sin justificación” solicitadas por la empresa y con el visto bueno de funcionarios del GRA, entre ellos, el ex jefe de Asesoría Jurídica, Augusto Palaco.
Seis funcionarios responsables
Tras el hallazgo de irregularidades en la compra, la Contraloría pidió al GRA, dar inicio a las acciones legales civiles y administrativas contra los funcionarios comprendidos en el caso. Estos son: Miguel Velásquez Condori (jefe de Administración), Manuel Antonio Torres Montoro (residente de obra), Eddy Víctor Cayo Álvarez (jefe de Logística), Isela Verónica Bonifacio Calcina (inspectora de obra), Víctor Raúl Torres Cachata y Augusto Palaco Toro (jefe de Asesoría Jurídica).
Fuente La República
