Macronorte.pe ha corroborado que la empresa GRAVCON S.A.C., que tiene como accionistas a Deivis Rubén Graus Vera y a Cinthya Ana Maria Graus Vera, ha obtenido 10 contratos con el Hospital Belén de Trujillo desde el año 2022 a la fecha.
Este medio de comunicación digital ha corroborado que la citada empresa inició sus actividades en julio de 2021. Posteriormente, según registros del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 2 de noviembre de 2022 obtuvo su primer contrato con el Estado, exactamente en el Hospital Belén de Trujillo por un monto de más de 26 mil soles, durante la gestión de Manuel Llempén en el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL).
Además, el mismo año también se adjudicó 5 contratos por un total de S/ 36.070. Entre los que destacan los servicios de mantenimiento correctivo de techos protectores y cielo razo de almacenes y tópico de UCIN, acondicionamiento de la puerta de vidrio para archivador de melamine y el mantenimiento de infraestructura de hospitalización de pediatría oncológica.
Durante los años 2023 y 2024, en la actual gestión del gobernador César Acuña, GRAVCON SAC ha obtenido 6 contratos para ejecutar los servicios de ampliación de red de distribución eléctrica, mantenimiento de infraestructura de lactario neonatología, mantenimiento correctivo fachada externa del jr. Bolognesi y el mantenimiento de infraestructura de ventilación – trauma shock B, por un total de más de 100 mil soles.
Un dato revelador e inquietante es que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Deivis Graus Vera, uno de los accionistas de la citada empresa, se encuentra afiliado al partido político Alianza Para el Progreso (APP) desde el año 2008. Además, en junio de 2023 fue designado como miembro del comité de APP en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.
Al respecto, el abogado penalista, Manuel Pesantes, mencionó que esta situación podría configurar el delito de negociación incompatible. “El tema de haber constituido una empresa, que uno de los socios sea militante de un partido político que está en gobierno y que acceda a contrataciones o licitaciones, podría configurar el delito de negociación incompatible «, aseveró.
De acuerdo al art. 399 del Código Penal, el autor del citado delito puede ser sancionado con 4 a 6 años de pena y con 180 a 365 días multa. Además, el juez podrá imponer al funcionario entre 5 a 20 años de pena de inhabilitación para ejercer cargo o función pública.
Reporteros de este portal intentaron comunicarse con los accionistas de la empresa GRAVCON SAC a fin de conocer sus descargos respecto a estos contratos que se adjudicó en el citado nosocomio, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
Fuente Macronorte
