La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y la Asociación Peruana de Consultoría difundieron un comunicado conjunto en el que solicitan al Congreso de la República no aprobar la modificación de la Ley N.° 31358, Ley del Control Concurrente.
Una ley en debate
La Ley N.° 31358, vigente desde noviembre de 2021, estableció la expansión del modelo de control concurrente en proyectos de inversión pública. Esta norma dispuso, además, que cada obra destine un porcentaje de su presupuesto al financiamiento de dicho control.
Ahora, el esquema está bajo discusión. Los gremios piden al Congreso no respaldar la continuación de este modelo, considerando que la propia Contraloría ya presentó el Proyecto de Ley N.° 11484/2024-CG para derogar la Ley N.° 31358 y dar paso a un nuevo sistema.
El balance de los gremios
Según el comunicado, el control concurrente ya ha generado un gasto que supera los S/ 1,600 millones —más de S/ 100 mil por informe— con muy baja efectividad: apenas el 37.6% de las observaciones fueron corregidas.
Además, los gremios señalan que se contrataron miles de personas sin la experiencia necesaria, incrementando costos administrativos y reduciendo la calidad del control. Esto, sumado a múltiples modificaciones legales y la expansión indiscriminada del modelo, derivó en sobrecostos, ineficiencia y la paralización de numerosas obras públicas.
El propio contralor reconoció excesos
Lo dicho por los gremios coincide con lo que reconoció el propio Contralor General, César Aguilar, en el congreso INFRACON 2025: admitió que la institución generó “pánico” con sus informes y ofreció disculpas públicas por los “excesos” en la aplicación del control concurrente.
En esa misma línea, la Contraloría propone reemplazar el actual esquema por un control preventivo y focalizado, financiado con recursos ordinarios, que permita anticipar riesgos, optimizar la supervisión de grandes proyectos y aplicar mecanismos correctivos efectivos sin detener obras.
El costo de la parálisis
Las cifras oficiales refuerzan la preocupación: 2,572 obras públicas paralizadas en el país, por más de S/ 43 mil millones en inversiones comprometidas y con un saldo de S/ 22 mil millones sin ejecutar. Más de 8 millones de peruanos esperan que esas obras se reanuden.
Reflexión
El comunicado de CAPECO deja un mensaje claro: el Congreso no debe extender un modelo que ha probado ser caro, ineficiente y perjudicial para la ejecución de obras públicas.
La propia Contraloría respalda esa visión al reconocer errores y plantear un nuevo sistema preventivo. La decisión ahora está en el Parlamento: ¿apostará por un modelo de control que acompañe y garantice transparencia sin paralizar el país?
Porque detrás de cada cifra fría hay colegios inconclusos, hospitales a medio construir y comunidades enteras que siguen esperando.
