El caso de presunta corrupción que involucra al gobernador en funciones, Henry Borja Cruzado, es gravísimo. El hilo conductor de la investigación por cohecho pasivo propio y tráfico de influencias que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz llega hasta el mandamás de Áncash gracias a una serie de evidencias que podrían ponerlo contra las cuerdas y, eventualmente, mandarlo sobre la lona con un nocaut fulminante.
No es descabellado imaginar la caída del gobernador en funciones si se tiene en cuenta que el fiscal del caso había pedido en su momento su detención preliminar. El juez de investigación preparatoria, sin embargo, lo salvó al autorizar solo el allanamiento de su vivienda. Pero el fiscal podría tener nuevas cartas como para pedir su prisión preventiva, máxime si considera que la autoridad regional rehúye a la acción de la justicia y podría obstaculizar las investigaciones en su contra. En todo caso, el curso de los días dará respuestas al respecto.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Borja porque cree que, a través de intermediarios, solicitó un soborno millonario a la representante legal del consorcio Jireh, ganador de una obra de 44 millones de soles: la carretera Buena Vista Alta-caserío Mojón, en el distrito de Buena Vista Alta, provincia de Casma.
El contrato de la obra había sido firmado justo un día antes de que Borja tomara las riendas del Gobierno Regional de Áncash. Cuando la representante solicitó la entrega del adelanto directo del 15 %, según contrato, para comenzar la obra, la respuesta del gobernador en funciones fue el silencio. Pero en ese interín se pusieron en contacto con ella terceras personas que manejaban información reservada y que, a nombre del gobernador regional y del gerente general Frank Cerna Toledo le explicaron que habían detectado irregularidades que iban a provocar la nulidad del contrato. Para que ello no ocurriera le pidieron una coima de 300 mil soles para los funcionarios, más el 20 % del primer adelanto de obra para el “número 1”. Y como ella se negó, el contrato se anuló.
El manejo de información reservada por parte de gente sin vinculación directa con el GRA abona a favor de la sospecha. Y la cronología de los hechos también. Porque ni bien la representante del consorcio se negó a dar el soborno, se proyectó la resolución gerencial general para declarar nulo el contrato de la obra y el gobernador regional ofreció una conferencia de prensa para anunciar el inicio del proceso de nulidad.
Borja ha dado explicaciones públicas nada satisfactorias. Se ha limitado a decir que rechaza cualquier acto ilícito atribuible a su persona y que la nulidad del contrato ha sido consecuencia de las irregularidades en las que incurrió el consorcio Jireh. Pero ese no es el punto. El punto es si él a través de terceros, o terceros que tomaron su nombre, se valieron de esas irregularidades para pedir una coima millonaria a cambio de dar trámite al contrato.
Además de Henry Borja Cruzado, son investigados el ex gerente general del GRA Frank Cerna Toledo, su exasesor Jhon Fierro Trejo y los ciudadanos Michel Miranda Gambini y Javier Malaca Flores.
¿Cuál será la suerte del gobernador regional en este caso? Eso depende de la Fiscalía Anticorrupción. Pero un eventual nocaut a Borja sería, en realidad, un nocaut a Áncash, otro más si recordamos todas las veces que la región ha besado la lona desde hace casi 15 años atrás con la caída de gobernadores con regímenes manchados de corrupción. Un eventual nocaut a Borja sería, asimismo, otro recordatorio de que no hemos sido capaces de aprender la lección aun a pesar de todas las caídas anteriores.
Fuente Radio RSD
