La huelga de los trabajadores del Poder Judicial ha propiciado que decenas de procesos penales contra alcaldes y ex alcaldes que fueron denunciados por presuntos delitos de corrupción, continúen dilatándose sin ser esclarecidos.
Durante los 41 días de huelga que llevan los servidores judiciales a nivel nacional, se ha favorecido en cierto modo a autoridades y funcionarios que han sido acusados por la Fiscalía y que de ser condenados, podrían ser inhabilitados y verse obligados a dejar el cargo.
Incluso, hay quienes a pesar de afrontar pedidos de cárcel, han anunciado su candidatura a las elecciones regionales y municipales 2014, puesto que la ley les faculta participar siempre y cuando cumplan el requisito de no ostentar condenas firmes y ejecutoriadas.
PREOCUPACIÓN. Al respecto, el procurador anticorrupción de Lambayeque, José Manuel Benavente Millán, indicó que cada día de huelga se frustran audiencias de control de acusación y de juicio oral contra funcionarios públicos acusados de actos ilícitos en agravio del Estado.
«Tenemos más de un mes desde que se inició la huelga y perjudica bastante porque hay procesos importantes que se vienen frustrando por enésima vez y lógicamente afecta de alguna u otra forma la transparencia que debe existir en este año electoral», manifestó.
El abogado del Estado dejó en claro que conoce muy bien quienes son los alcaldes e incluso ex alcaldes que desean reelegirse, pero que no lo merecen debido a las irregularidades comprobadas por el Ministerio Público en la ejecución de obras.
«Hay muchos personajes políticos que ostentan cargos públicos y que todavía tienen deudas pendientes con la justicia y que con motivo de esta huelga se han salvado de ser enjuiciados o en su defecto, continuar sus procesos en etapas procesales correspondientes», acotó.
PRIMERO. Para el procurador anticorrupción, uno de los casos más emblemáticos que estuvo programado durante el mes pasado y que no pudo realizarse por motivo de la huelga, es el que afronta el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.
El burgomaestre estuvo notificado para asistir el 25 de marzo (día en que inició la huelga) a la audiencia de control de acusación por un caso en el que la Fiscalía solicita al Poder Judicial que le imponga la pena de 30 años de cárcel efectiva.
Como se recuerda, a la autoridad edil y otros 19 imputados – entre funcionarios y contratistas – se les acusó como responsables de las averías detectadas en calles recientemente inauguradas.
«Es un caso emblemático que necesita ser tratado antes que inicie esta contienda electoral, porque no puede ser que una de las autoridades más importantes de la región esté procesada por varios delitos que ameriten una pena de 30 años», señaló.
Incluso, una muestra de que el líder del movimiento regional ‘Manos Limpias’, es el alcalde más denunciado de la región Lambayeque, es que para el 10 de abril, también estuvo citado, pero por el polémico caso de compras fraccionadas de combustible por más de 3 millones de soles.
SALVADOS. Otro burgomaestre que momentáneamente se salvó de ser juzgado, es el de Ferreñafe, Jacinto Muro Távara, quien fue notificado por la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Chiclayo para asistir a audiencia el 8 de abril.
Al alcalde de Alianza Para el Progreso (APP), se le acusa de haber girado 30 cheques por un monto de 108 mil soles a nombre de personas que no tenían ningún vínculo contractual con la municipalidad de Pítipo en donde también fue alcalde.
Por este caso, Muro Távara ya había sido sentenciado a 4 años de cárcel suspendida, pero la Corte Suprema anuló dicha condena y actualmente la Fiscalía solicita que se le imponga 7 años de pena privativa de libertad.
Del mismo modo, sino fuera por la huelga, el alcalde del distrito de Picsi, Alfredo Díaz Barturén, se hubiese visto obligado a acudir al Séptimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, en donde se tenía previsto el inicio del juicio oral en su contra para el pasado 25 de marzo.
La Fiscalía ha solicitado 15 años de cárcel contra el alcalde aprista por haber declarado en emergencia el servicio de agua potable y alcantarillado en dicha jurisdicción y exonerar del proceso de licitación, un proyecto de saneamiento valorizado en 17 millones de soles que nunca se culminó.
PERSEGUIDOS. Otro caso que la Procuraduría Anticorrupción esperaba que se desarrolle el mes pasado, es el que tiene como imputado al ex alcalde de la provincia de Ferreñafe, William Cabrejos Requejo.
El ex burgomaestre de Acción Popular, afronta un pedido de 8 años de cárcel por haber sustentado gastos de un viaje de comisión a la ciudad de Lima con una boleta de venta supuestamente adulterada.
«Es un caso que se va reprogramando 12 veces y por distintas causas, incluida la ausencia del abogado del propio imputado, respetamos la huelga, es válida la solicitud de los trabajadores, pero no hay duda que no ayuda para el sistema de administración de justicia, no ayuda en la lucha anticorrupción y lógicamente no ayuda a que la contienda electoral que se avecina sea limpia», puntualizó.
Fuente Diario Correo
