El Equipo Especial Lava Jato identificó a los exfuncionarios del organismo Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que adjudicaron dos obras públicas a la constructora Odebrecht por 731,1 millones de soles, durante el gobierno de Ollanta Humala. La empresa brasileña ha reconocido que pagó sobornos a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de estos proyectos.
El 25 de julio de 2012, el comité de Provías Nacional, compuesto por José Prietto Rubio, Paco Jáuregui Rojas y Edgardo Herbozo Salas, entregó el contrato para la conservación del Corredor Vial Hualapampa por un costo de 241 millones 744 mil 267 soles. Odebrecht se presentó en consorcio con Obrainsa y SVC Ingeniería y Construcción. En ese momento el titular del MTC era Carlos Paredes Rodríguez, quien enfrenta acusación por supuestamente haber recibido pagos ilícitos por el direccionamiento de los contratos.
Luego, el 13 de noviembre de 2014, el comité de adjudicación de Provías Nacional, integrado por Juan Páucar Guerra, Eduardo Arbaiza Espinar y Selvi Ruberto Vargas, le dio la buena pro de la construcción de la carretera Quilca-Matarani al consorcio que organizaron Odebrecht y Obrainsa. El contrato ascendió a 489 millones 402 mil 523 soles. El ministro de Transportes de la época fue José Gallardo Ku.
Coincidentemente, de los seis exfuncionarios de Provías Nacional, cinco ya se encuentran imputados por la Fiscalía en el caso denominado Club de la Construcción. Ellos son Juan Páucar Guerra, Selvi Ruberto Vargas, José Prietto Rubio, Paco Jáuregui Rojas y Edgardo Herbozo Salas.
El mismo patrón
Colaboradores eficaces del caso Club de la Construcción informaron a la Fiscalía que los mencionados exfuncionarios supuestamente recibieron sobornos por parte de las empresas involucradas, con la finalidad de obtener la buena pro de millonarios contratos de obras públicas de Provías Nacional.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los miembros de los comités de licitación de Provías Nacional simulaban la evaluación de las mejores propuestas económicas y técnicas, pero de antemano habían acordado favorecer a Odebrecht y a sus consorciadas. Este tipo de prácticas corruptas afectaron a los intereses del Estado, porque al final se entregaba la obra pública a las constructoras que no estaban calificadas y que hicieron pagos ilícitos para que los exfuncionarios las favorecieran.
Los colaboradores eficaces han señalado a las autoridades que las empresas interesadas en las obras públicas, necesariamente debían pagar a los integrantes de los comités para asegurarse la adjudicación de un proyecto.
La Fiscalía también ha detectado que los exfuncionarios implicados en las dos adjudicaciones, en las que Odebrecht afirma haber abonado pagos ilícitos, han intervenido en, al menos, medio centenar de licitaciones y concursos públicos. Las autoridades sospechan que en esos casos también se aplicó la misma trama de corrupción, por lo que han requerido a Provías Nacional y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones información detallada de esas millonarias adjudicaciones.
De los seis relacionados con el caso, el único que continúa laborando en el MTC es Juan Páucar Guerra, especialista en administración de contratos en la Unidad Gerencial de Obras. El despacho del MTC ha señalado que mientras no se expida una sentencia, Páucar seguirá como servidor público en Provías Nacional.
Implicados. Las actas de adjudicación de las obras en beneficio de Odebrecht y sus consorciadas, contienen las identidades de los exfuncionarios de Provías Nacional que dieron la buena pro
Fuente La República
