El Congreso de la República anuncia una citación a su comisión de Fiscalización al Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, y a su asesor Rafael Rentería para que expliquen el “oscuro” proceso de la anunciada construcción de dos ‘Megapenales’. Esa licitación estaría a punto de consumar una pérdida de más de S/. 400 millones al Estado Peruano.
Serían favorecidas dos cuestionadas empresas que, aprovechando de la necesidad pública de contar con dos recintos para combatir el hacinamiento en las cárceles, han cotizado por casi al doble del precio base ¿Una más del ‘Club de Contratistas’?
“SE CREE MUY VALIENTE, PUES LO CITAREMOS”
El asunto lo presentamos en Radio San Borja, programa que dirige el periodista Rubén Trujillo. En pleno desarrollo de la investigación recibimos la llamada del congresista Héctor Becerril, quien muy indignado por lo que estábamos sacando a la luz y al escuchar los audios donde el asesor del Ministro de Justicia, Rafael Rentería, nos responde con evasivas y perdiendo los papeles, se animó a anunciar que hoy presentará una moción en la comisión de Fiscalización para citarlo a que de explicaciones sobre su participación en el proceso de construcción de dos ‘megapenales’. “Ese señor Rentería lo escuchamos que es muy valiente, no quiere explicar, pues vamos a llamarlo a Fiscalización para que nos explique este tema. No puede ser posible que él habiendo sido contratado por el Ministerio de Justicia para que acompañe este proceso diga que no sabe, que pregunten al PNUD, cuando el PNUD no tiene nada que ver en este tema sino la UNOPS. Es decir, trata de desviar la atención”, dijo en vivo.
Y el asunto no quedó ahí. Becerril ahondó en el tema de los megapenales pues ya había recibido información de cómo se estaba manejando el proceso. “Acá el grave problema que se va a dar es que estas empresas que van a ser favorecidas y que están cobrando 200 millones por encima del Valor Referencial, puedan reacomodar su oferta y eso no puede ser posible. O sea, los quieren hacer ganar sí o sí y seguramente con adendas van a incrementar el monto e igual se van a llevar todo ese dinero del Estado”, aseguró el congresista miembro de la comisión de Fiscalización. “Acá hay un tema bastante oscuro. Una perla más para este ministro que está al borde de la censura. Si hasta ese entonces continúa en el cargo, igual lo vamos a citar. No podemos permitir que el dinero de todos los peruanos sea manejado de una manera oscura y poco transparente. Pronto estarán desfilando por la Comisión de Fiscalización”, concluyó.
UN ANUNCIO FELIZ, PERO…
Cuando el actual ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, anunció en mayo de este año la construcción de dos megapenales, uno en Ica y otro en Arequipa, la frase de reacción inmediata y generalizada fue de “vaya, por fin”. Y es que el hacinamiento en las cárceles de nuestro país es un grave problema ligado directamente a la inseguridad ciudadana y esta obra promete frenarlo, pues entre ambos recintos se albergarán a más de 6,500 reclusos.
Lo sorprendente fue, además, que el aún ministro proclamaba con bombos y platillos que la buena pro se otorgaría poco tiempo después, es decir, en julio de este año. Ya eso era demasiado bueno y un ejemplo de eficacia digna de un representante del Ejecutivo. Pero como reza la sabiduría popular: «No era amor al chancho, sino a los chicharrones».
EL FAENÓN
Según diversas investigaciones periodísticas, hace años se ha formado en el Perú un denominado ‘Club de Contratistas’, que se apropian de todas las contrataciones de obras en el Perú bajo la modalidad de ‘colusión de mercado’, con un mecanismo infalible para copar todas las instancias del proceso: “Por lo general, la empresa que va a ganar la licitación es la que compra todos los sobres de los postores y ha elaborado las bases de tal manera que impide ganar a empresas que no sean de ‘El Club’. Una característica bastante recurrente es que casi siempre ganan por encima del 100% del presupuesto base o Valor Referencial”, dice textualmente la fuente en la que se basó nuestra investigación publicada el 16 de setiembre último.
VISITA DE INSPECCIÓN DE TERRENO PARA MEGA PENALES
En este caso, según nuestras fuentes del propio Ministerio de Justicia, en la anunciada construcción de dos megapenales con un presupuesto de poco más de S/. 500 millones (más de S/.228 y S/.261 millones en Ica y Arequipa, respectivamente), han ocurrido cosas «extrañas» desde su nacimiento. «Desde inicios del año se contrató a los especialistas Rafael Rentería Delgado y Aldo Prieto. Ellos han hecho las bases de esta licitación pública y han coordinado con empresasn muy cuestionadas por estar dentro de las 16 empresas ligadas al pago de coimas para adjudicarse contratos de obras», asegura nuestro informante, quien agrega que en ese entonces se intentó realizar esta licitación desde el propio Minjus. Sin embargo, el interés de algunos medios de prensa en este posible amarre hizo que este proceso sea encargado a UNOPS (Ver entrevista a especialista).
Cabe precisar que UNOPS, es un organismo privado que maneja sus propias reglas y que no se encuentra bajo el control del Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE), ni se ajusta a la Ley que regula las contrataciones en el Perú. Demás está decir que estos organismos han sido severamente cuestionados pues, al saltearse todo control público, se han visto envueltos en denuncias de direccionamiento y casos de corrupción como en Ancash, por ejemplo.
Pero lo que realmente nos sorprendió y de alguna manera acrecienta las sospechas respecto a este proceso, fue la reacción del señor Rafael Rentería cuando lo llamamos para que nos de detalles de la función que cumple en el Ministerio, la misma que además es pública. Según nuestras fuentes, el señor Rentería montó un módulo en la misma área de Logística del Ministerio y ahí empezó a trabajar en la elaboración de las Bases. Para ello habría recibido las visitas de los técnicos de dos empresas que a la postre serían las favorecidas con este proceso (ver cuadro de propuestas económicas).
Rentería, el 13 de octubre pasado y vía telefónica, negó tajantemente haber tenido participación alguna en este proceso. “Las bases las ha realizado las Naciones Unidas en virtud al acuerdo que tiene con el Ministerio de Justicia”, nos dijo muy seguro de sí mismo. Ante esta negativa, insistimos con él al día siguiente pues llegó a nuestras manos la Orden de servicio Nº 275, con fecha 27 de julio del presente y un monto de S/. 11,500. En ella el Ministerio de Justicia lo designa para que realice las funciones de “revisión del expediente de contratación con Unops, Bases y Requerimientos Técnicos Mínimos para la contratación de la ejecución de la obra y acompañamiento en la etapa de convocatoria, aclaraciones y consultas” de este proceso. Ante esta evidencia, Rentería reconoció haber realizado la asesoría aclarando que “este proceso no está direccionado. Soy un simple servidor. Yo me gano el dinero honradamente”, afirmó casi perdiendo los papeles ante sencillas preguntas sobre su participación en este caso. “Esa etapa de mi participación ya acabó”, señaló Rentería a voz en cuello, sin embargo luego añade que se refiere exclusivamente a la orden 275, pero no aclara si aún sigue participando en el proceso porque no puede declarar.
¡400 MILLONES DEMÁS!
El proceso de contratación se encuentra en este momento en fase de calificación. Ya se recibieron las propuestas de los postores que son siete para el penal de Ica y seis para el de Arequipa. Los sobres económicos ya han sido abiertos y los precios presentados causan una gran sorpresa. La primera es que no todos los postores pertenecen al ‘Club’. Eso, aparentemente, no estaba previsto por nadie.
Lo segundo es que las empresas que sí pertenecerían al ‘Club’ y que según nuestras fuentes estarían siendo favorecidas para este proceso, han presentado precios exorbitantes. La modalidad de presentar montos similares y cercanos se ha cumplido, pero esta vez se han subido casi al doble del precio base, aprovechando que la UNOPS no señala límites en los montos de propuesta. Estamos hablando que, en ambos casos, las empresas pertenecientes al ‘Club’ pretenden cobrar S/. 200 millones adicionales al valor referencial, por cada Penal. Es decir 400 millones en solo dos obras de esta cartera. Una barbaridad.
Ahora, teniendo en cuenta que los sobres ya fueron presentados y que hay empresas que no pertenecen al ‘Club’ que han participado con propuestas más bajas aunque también por encima del Valor Referencial, la decisión estaría clara y sencilla de manejar. Pero no es así. Según las mismas fuentes, Rentería estaría buscando por todos los medios que los postores puedan corregir o modificar sus propuestas a pesar que ya se encuentran en fase de calificación. Esto ha sido negado por el asesor durante la conversación que tuvimos e incluso para UNOPS se encuentra fuera de todo procedimiento.
En el numeral 23 de las bases del proceso se señala lo siguiente: “Antes de la Fecha límite de presentación de ofertas, un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentarla, notificando por escrito a UNOPS. Sin embargo, después de la Fecha límite de presentación de ofertas, estas mantendrán su validez y estarán en condiciones de ser aceptadas por UNOPS durante todo el Período de validez de la oferta, conforme se haya prorrogado”. La fecha límite fue el 6 de octubre último, con lo cual el proceso estaría prácticamente cerrado.
No obstante, de cumplirse los objetivos y lobbies del ‘Club’, que generalmente son infalibles, el Estado peruano estaría por perder más de S/. 400 millones. Cierto es que hay extrema necesidad de construir esos Penales, pero el hermetismo con que se está llevando el proceso nos hacen pensar que nos encontremos frente a un nuevo lamento de grandes proporciones.
“Organismos Internacionales no son garantía de un proceso transparente”
Para el especialista en contrataciones estatales y dueño del portal www.comprasestatales.org, Oscar Saravia López, los procesos llevados a través de organismos internacionales como Unops, OEI, etc, no son garantía de un proceso transparente y el Estado debería replantear el uso de dichos convenios que además generan un gasto adicional y han sido duramente cuestionados.
¿Por qué el Estado firma convenios con organismos como UNOPS, OEI, etc para que sean ellos quienes se encarguen de los procesos de obras millonarias, teniendo todo un organismo de contrataciones estatales?
La Justificación de las Entidades estatales para suscribir Convenios con Organismos Internacionales para que desarrollen sus Procesos de Selección por encargo, son la carencia de personal especializado en la conducción de estos procedimientos y mejorar los plazos de contratación. Sin embargo, en la práctica se aprecia que estos procedimientos terminan ejecutándose en mayores plazos que una contratación normal. Sería importante que el OSCE, como ente competente, presente un análisis “costo – beneficio” respecto al uso de dichos convenios Internacionales teniendo en cuenta que estos organismos internacionales cobran entre 3% y 5 % del monto de la contratación por concepto de Gastos Administrativos.
¿Estos organismos son garantía de un proceso transparente en la actualidad?
Definitivamente no. Recordemos que la propia Contraloría General de la República ha señalado que no puede tener acceso a los documentos de los Procesos de Selección conducidos por Organismos Internacionales. Menos aun la sociedad civil o cualquier ciudadano podrían acceder a dichos documentos al no encontrarse bajo los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
¿Es posible, por ejemplo, que en un proceso que ya está en marcha y en etapa de calificación a través de UNOPS, se puedan entregar las propuestas económicas a los postores para que la modifiquen o corrijan?
Los lineamientos de la UNOPS permiten la corrección de precios en caso de errores aritméticos. Así mismo UNOPS podría eventualmente negociar los Precios con el Postor Ganador hasta antes de la suscripción del Contrato.
