“Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción debe ser debatida”

Por el otro, un inmueble, casi una reliquia del antiguo Miraflores, saturado de expedientes que centraliza la actividad a nivel nacional de apenas unas 100 personas mal pagadas. Sin otra arma que la ley, denunciar, investigar, proponer legislación, participar en miles de diligencias, perseguir bienes –a veces por el mundo entero– para su incautación o para las reparaciones civiles, perseguir prófugos internacionales, lograr que no prescriban las acciones en agravio del Estado; dar cara frente a todos los grupos políticos –que lo van a, inevitablemente, detestar–, al Congreso, al Poder Judicial y a su propio ministro; defenderse a sí mismo de las decenas de procesos que le inician los propios corruptos a los que persigue y, encima, responder a una prensa activa y crítica. ¿Quién querría ese trabajo? Pues Julio Arbizu.

Las joyas incautadas a Vladimiro Montesinos serán rematadas pronto, luego de la tasación. ¿Qué papel tiene ahí la Procuraduría Anticorrupción?

La Procuraduría participó en los procesos en los que se condenó a Vladimiro Montesinos, y en esos procesos se dispuso la incautación primero, y luego el decomiso de las joyas. Apenas hace una semana y media nos han notificado que es un decomiso definitivo. Conabi está a cargo de la custodia y de la administración de los bienes incautados y después decomisados. Cuando son decomisados de manera definitiva, Conabi tiene que tomar la decisión de si los subasta, previa valorización, obviamente, o los asigna en el caso de que sea posible.

¿Estos bienes sirven para pagar la reparación civil que los condenados adeudan al Estado peruano?

No, porque estos son bienes incautados y la reparación civil se paga únicamente con dinero lícito. El condenado paga la reparación civil, que es una indemnización al Estado por el delito cometido, con dinero que debe haber amasado de manera absolutamente legal, por ejemplo, una propiedad previa a la comisión del delito. Pero lo que es incautado por ser de origen ilícito o por ser, por ejemplo, instrumento del delito como el velero Karisma  –que pudo haber sido comprado previamente, pero en la medida que fue utilizado para cometer un delito se convierte en instrumento del delito– es decomisado, y se pierde la titularidad en favor del Estado.

¿Tiene alguna idea de cuánto pueden obtener del remate de estas joyas?

No. Está participando en la diligencia una perito de Conabi que está en este mismo instante viendo, preliminarmente digamos, el valor de los bienes y su autenticidad.

¿Se hará un remate público de todas maneras?

Yo estimo que sí, en algún momento se hará una subasta pública.

¿El velero Karisma también se va a rematar?

Creo que eso es una decisión no tomada. Yo, al menos, y esto es una opinión personal, considero que eso es un bien de valor absolutamente simbólico, emblemático y quizá esa sea la razón por la que este velero debe tener un fin diferente.

¿Usted participó del rescate del velero?

Sí. En Salinas, las autoridades ecuatorianas hicieron un despliegue interesante para la entrega del velero. Se firmó un acta, que firmó el fiscal Peláez con el fiscal general de Ecuador y con eso quedó formalizada la entrega del velero.

¿Cuántos años estuvo perdido este velero en Salinas?

Aparentemente el velero llegó en el año 2000. Es decir, apenas sale Montesinos, va a la isla de Cocos en Costa Rica y luego regresa hacia Galápagos. Desde ese momento lo que ha habido es un disfraz del velero para poder evitar que las autoridades peruanas o las ecuatorianas lo reconozcan como el velero Karisma. De hecho se le cambió la matrícula, se le puso otro nombre, incluso debe haber sufrido algunos cambios superficiales porque no era un velero sino un yate, que en Ecuador hasta ha participado en regatas deportivas.

¿Tenía propietario?

Tenía propietario. Era una sociedad comercial ecuatoriana que ahora obviamente ha perdido la titularidad, en la medida que había obvio conocimiento y además un fraude cambiando la matrícula y las señas.

Si tiene un valor simbólico, ¿por qué no hacerlo parte de un museo como ha propuesto Augusto Álvarez?

Sí. La verdad es que no nos parece para nada descabellada la idea. De hecho ya teníamos alguna idea de que esto podría ser una buena iniciativa, pero obviamente esto tiene que pasar por las decisiones de las autoridades que administran los bienes incautados.

Usted ha tenido unos días difíciles con el Congreso de la República; 24 congresistas firmaron una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo, al ministro de Justicia en particular, que lo destituya. ¿Qué piensa de esto?

Yo pienso que es algo más de lo que en suma ha venido sucediendo desde el inicio de la gestión: una sistemática oposición al trabajo de la Procuraduría de parte de algunos sectores que, entiendo, no están de acuerdo con este trabajo y, probablemente, nunca estuvieron de acuerdo tampoco con el trabajo de los procuradores iniciales. Yo desde el inicio de la gestión tuve la certeza de que esto iba a tener que pasar en algún momento. Suponía, y ahora estoy seguro, que no voy a salir del cargo con más amigos, sino probablemente con algunos enemigos.

Es evidente que hay un sector de la política peruana al que el hecho de tener una Procuraduría Anticorrupción le pone de muy mal humor. ¿Tiene usted en este momento investigadas a algunas personas cercanas a casi todas las agrupaciones políticas representadas en el Congreso?

Sí, y eso creo que da cuenta un poco del trabajo imparcial que hemos hecho. Muchos sostienen que tenemos algún tipo de sesgo. Yo creo que esta certeza, el hecho de que tenemos efectivamente a casi toda la representación política formal de alguna manera investigada preliminarmente o con procesos penales por delitos de corrupción o presuntos delitos de corrupción, da cuenta de que estamos haciendo el trabajo que nos han encomendado.

En el caso Toledo se ha incluido a Abraham Dan On como investigado. Es posible que el propio ex presidente también se incluya como investigado en el caso de lavado de activos. Sin embargo, ese caso lo ve la procuradora de lavado de activos y usted solo puede –y lo ha hecho– denunciar por enriquecimiento ilícito. ¿No es un poco extraño para el público que un procurador vea enriquecimiento ilícito y otro vea lavado de activos, cuando hechos y actores son los mismos?

Es verdad, es un poco extraño para el público, pero es absolutamente usual en el sistema, asunto que, creo, es pernicioso para las investigaciones. Sin embargo, nosotros no podíamos dejar de denunciar al señor Toledo en la medida en que se descubrió, una vez que se emitió el reportaje de Panamericana Televisión, que aparentemente había alguna relación entre la conformación de la empresa Ecoteva con el entorno próximo del presidente Toledo.

En el caso de Alexis Humala, usted también lo denunció. ¿En qué estado está ese caso?

Ahí ha habido una reconversión del tipo penal porque nosotros denunciamos por negociación incompatible y ha quedado, entiendo yo, la investigación abierta por delitos contra la fe pública. Eso nos ha sacado de proceso porque, lamentablemente, nosotros solo tenemos competencia para denunciar e investigar delitos contra la administración pública, pero no para delitos contra la fe pública. Entiendo que eso sigue su curso, pero estamos, en la medida en que nosotros iniciamos la investigación y solicitamos su apertura, atentos a ver qué sucede.

Acaba usted de denunciar al congresista Michael Urtecho de Solidaridad Nacional, ¿no se ha precipitado?

El Ministerio Público había abierto una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito. Una persona que tiene un patrimonio como aparentemente tiene el señor Urtecho es pasible de ser investigada sin duda alguna por enriquecimiento. Pero quiero ser muy cuidadoso ahí. Lo principal que habría que decir es que nosotros actuamos con indicios, o sea, nosotros no debemos esperar a tener pruebas contundentes para poder solicitar el inicio de una investigación preliminar y la revelación del patrimonio del Señor Urtecho; pero no solo eso, sino también la revelación de que habría restado el sueldo de sus trabajadores, cosa que aparentemente sigue siendo una práctica usual entre algunos parlamentarios, da cuenta de la posibilidad de la comisión de un delito.

¿Tienen pruebas de que esto sea así?

Los indicios están, no necesitamos pruebas en esta etapa. Eso hay que dejarlo muy claro, se necesitan pruebas para condenar o se necesitan pruebas que determinen la existencia del delito y la relación con el investigado cuando se va a pasar de una etapa a otra, es decir, de la investigación preliminar a la etapa judicial. Pero para solicitar la investigación preliminar se necesitan indicios.

¿Y en el caso Alan García tienen algún indicio?

Yo entiendo que el fiscal de la Nación encontró que había indicios para iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito, porque ahí hay que recordar que es el fiscal de la Nación el que abrió de oficio la investigación por enriquecimiento. Una vez que el fiscal abrió la investigación nosotros nos apersonamos y hemos participado en lo que va de las diligencias y vamos a seguir participando hasta el final. Pero una vez más, ahí puede no haber pruebas contundentes de que hay un desbalance patrimonial, pero sí hay un indicio que por lo menos hace necesaria la investigación.

En el caso de Fujimori, se inicia un nuevo proceso por el caso de diarios chicha. ¿Cómo llega a esta etapa?

Ese es un caso que ya se había iniciado cuando nosotros llegamos. Valgan verdades, me permito además recordar que yo fui, cuando era un abogado muy joven en la Procuraduría, el que se encargó del caso prensa chicha, siendo esta una de las primeras condenas del subsistema anticorrupción contra Montesinos y algunas otras personas. Desde la condena quedó la idea de que allí faltaba una persona que era la que había ordenado el desvío de los fondos de las instituciones armadas al servicio de inteligencia para la compra de las líneas editoriales. Eso quedaba absolutamente claro. Yo me fui de la Procuraduría en el año 2005 y entiendo que se inició una investigación respecto de ese extremo de los hechos que tenían por responsable presunto al señor Fujimori y cuando yo regresé había pendiente un pedido de extradición a Chile. Me nombraron a mí procurador ad hoc para el caso de la extradición del señor Fujimori y conseguimos ampliar la extradición para que él pudiera ser juzgado en Perú por el caso de prensa chicha, por lo tanto, es un caso que yo conozco bastante bien.

¿Qué ha pasado con los otros extraditables? ¿Por qué no llegaron nunca?

Es una buena pregunta. Ha pasado de todo, en verdad. Ha pasado que algunos países, por ejemplo, no extraditan nacionales y algunos se han acogido a la maniobra de hacerse nacionales de los países a donde fugaron. Ha pasado en Chile, te puedo decir abiertamente, que algunos procesados por el delito de peculado se han valido de la imposibilidad de la existencia de la doble incriminación, es decir, que el delito de peculado no alcanza a los particulares en Chile como sí acá y, por tanto, esta diferencia entre Chile y Perú no permite la extradición.

¿Esas personas están esperando que prescriban sus delitos para venir al Perú y seguir haciendo negocios con la plata ilícita que sacaron?

Cuando yo entré había una gran cantidad de personas que, estoy seguro, esperaban esa posibilidad. Lo evitamos en todos los casos pidiendo a las salas que tenían a su cargo el juzgamiento de estas personas que para los que fuesen contumaces se suspendiese el plazo de prescripción. Esto es evidente, hay una norma que establece que la contumacia tiene por efecto inmediato la suspensión del plazo de prescripción, pero hay que pedirlo. En los años anteriores no se había pedido esto y no se había renovado la declaración de contumacia porque además hay que renovarla. Lo empezamos a hacer hace un par de años cuando entramos a la gestión. De hecho, fue el caso del señor Ernesto Schütz, que es contumaz y que, sin embargo, pidió la prescripción de sus delitos y el tribunal en un momento dijo sí, pero luego tuvo que hacer una aclaración de su fallo porque en verdad no había tomado en cuenta esa pequeña atingencia. De tal manera que aquí se produce un efecto interesante porque aquí no opera la imprescriptibilidad para esas personas, hasta que se pongan a derecho.

¿Cuántas personas, de los que se vincularon a Montesinos, están en esa situación?

De 90 prófugos relacionados con Montesinos y Fujimori unos 40, aproximadamente, están en condición de contumacia; los demás son ausentes. Al ausente sí le corre el plazo, porque hay que recordar que el ausente es el que no fue imputado y notificado formalmente, a diferencia del contumaz, que una vez que fue notificado huye.

En el caso de estas personas, el mensaje para la sociedad es pésimo. ¿Si logras huir del país en la primera hora todo va a prescribir y algún día vas a volver, con el dinero que te robaste y nadie te lo va a poder quitar?

Es verdad, yo creo que ese es el mensaje que debe avivar nuevamente la necesidad del debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La prescripción tiene que ver con el olvido. Habría que preguntarse si es posible o si es beneficioso, si no es pernicioso olvidar a los que se robaron dinero del Estado que nos pertenece a todos y sobre todo que vulneraron derechos ciudadanos, que vulneraron derechos fundamentales y que provocaron la desinstitucionalización del país de un modo tan clamoroso que hoy sufrimos todavía.

Cada vez que se trata de discutir este tema en el Congreso no se llega a nada. ¿No sería ideal que la Procuraduría presente los casos que van a prescribir para que la gente tenga una idea de qué es lo que se está jugando acá?

Es verdad. Nosotros estamos en condiciones de entregar la información de cuáles son los casos más importantes que han prescrito o que están por prescribir. Por ejemplo, hay un caso que me parece absolutamente simbólico y que ha prescrito recientemente. Es el caso de Cable Canal de Noticias. Ese caso tenía desde que inició, en el año 2001 si no me equivoco, hasta hace menos de tres semanas 12 años sin que hubiese sentencia en primera instancia. El juicio oral empezó cuando llegamos. Y prescribió. Sin embargo, en el caso de Calmell del Solar, que se fugó del país, la acción no prescribe por la razón que te acabo de mencionar, es decir, él es un contumaz, pero para los otros ya prescribió. Respecto de todos los demás, Silva Checa, por ejemplo, uno de los propietarios del predio donde funcionaba Cable Canal de Noticias, ya prescribió. Algunas personas tuvieron algo de cárcel, Montesinos entre ellas, pero nunca se logró sacar una condena. Sin embargo, en ese caso sí hemos conseguido algo que creo que, haciendo la salvedad, podría hablar bien a favor del sistema. Hemos conseguido la incautación y el decomiso del predio donde funcionaba Cable Canal de Noticias. Es un inmueble en Miraflores. La sentencia donde se declaran prescritos los delitos y las penas para estas personas ha declarado además el decomiso. De hecho, el inmueble será subastado por Conabi  en las próximas semanas.

¿Cómo les fue con la subasta de la casa de Villanueva Ruesta y otras personas que tenían propiedades decomisadas?

Se han subastado predios incautados a Villanueva Ruesta, Hermoza Ríos y otros. En lo que va del año, 11 millones de soles ya están en poder de Conabi producto de la subasta de estos bienes.

“MONTESINOS NO TIENE BENEFICIOS. PARA SALIR, TENDRÁ QUE ESPERAR 25 AÑOS”

Montesinos tiene ya 12 años en prisión. Su sentencia máxima es 25 años. Está a punto de cumplir la mitad de su condena. ¿Tiene algún beneficio penitenciario?

No tiene beneficios en la medida en que felizmente se corrigió el fallo de la Corte Suprema en relación a que si las violaciones de derechos humanos eran o no delitos de lesa humanidad. Nosotros nos manifestamos abiertamente discrepantes, disconformes de esa sentencia horrorosa que felizmente se corrigió, como repito. Él tendrá que esperar los 25 años para poder salir en la medida que no hay beneficio alguno. Los delitos de lesa humanidad no tienen beneficios penitenciarios. Y hay otro asunto, también al ingresar, pocos meses después, vimos que había un efecto terrible, pernicioso en relación a los que estaban purgando condena y habían sido condenados de manera firme y no pagaban reparación civil. Pues se iban con los beneficios penitenciarios muy pronto y sin pagar. Lo que sugerimos en ese momento fue sujetar la obtención de beneficios penitenciarios al pago de la reparación civil y se emitió el Decreto Supremo el 03-2012-JUS que sujetó todos los beneficios, ya no solamente la semilibertad sino todos, al previo pago de la reparación civil, de tal manera que para atender beneficios penitenciarios hay que pagar, si no simplemente no sale.

Ha dicho usted que la Procuraduría tiene 22.000 casos en giro a nivel nacional. Esa cifra parece inmanejable. ¿Cómo priorizan el trabajo?

Hemos establecido un observatorio que ahora funciona dentro de la Procuraduría y ha hecho un estimado de cuáles son los casos. Tenemos varios criterios para determinar cuáles son los casos importantes: expectativa de reparación civil, importancia del funcionario, también una recurrencia de difusión mediática y tenemos que los casos importantes realmente no son más del 35% del total de los 22 mil casos que tenemos casi a nivel nacional. Esos son casos A y B de acuerdo a los números y las categorías. El resto, los casos C y D tienen que ver básicamente con pequeña corrupción. Y el total de 22.000 casos no incluyen los procesos en ejecución, es decir, los casos ya condenados en los que hay que pelear reparación civil. Ahí tenemos cerca de, si no me equivoco, 250 o 300 casos más.

¿Cuánta gente tiene para manejar estos 22.000 casos?

A nivel nacional debemos ser entre personal administrativo y abogados unas 100 personas más o menos.

Rosa María Palacios.

Fuente La República