La Comisión Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi reveló que diversos Gobiernos locales y regionales introdujeron determinadas condiciones, requisitos o restricciones que estuvieron en capacidad de limitar la competencia en procesos públicos para la compra de cemento, insumo esencial en el desarrollo y reparación de obras públicas como veredas, caminos, puentes y escuelas.

Esta conclusión se dio en el “Reporte sobre el mercado de adquisición de cemento mediante procesos de contratación pública”, que analizó un conjunto de compras públicas de cemento realizadas entre 2018 y 2020, reportadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); para determinar si existieron factores, patrones o condiciones que habrían impactado negativamente en la competencia de dichos procesos.

Producto de la evaluación, se identificó 15 procesos convocados por ocho entidades, que exigieron cemento de ‘procedencia nacional’ y la recomendación de adquirir una marca específica de cemento nacional; cuatro procesos, convocados por cuatro entidades, que exigieron documentación no incluida en el marco normativo vigente; y dos instancias requirieron que el producto tenga, como máximo, entre 30 y 60 días desde su fabricación hasta su entrega.

Al respecto, el Indecopi recomendó al OSCE indagar en las causas de los requerimientos de la ‘procedencia nacional’ y ‘tiempo de fabricación’ del cemento requerido; y analizar las razones económicas o técnicas para incluir dichos requisitos en sus bases, así como el sustento técnico y normativo correspondiente.

Asimismo, ha sugerido a dicho organismo verificar si dichas preferencias se han mantenido o replicado en un periodo posterior al analizado (2018-2020), por parte de estas u otras entidades en las mismas u otras zonas geográficas del país; así como emitir lineamientos, directrices o instrucciones para instar a las entidades contratantes a excluir de sus bases cualquier preferencia injustificada por una determinada marca de cemento o procedencia del producto.

El reporte ha sido remitido a los Gobiernos regionales y locales que introdujeron estas exigencias y requisitos cuestionados, informándoles sobre las conclusiones y recomendaciones que han sido puestas en conocimiento del OSCE.

Fuente La República

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