No se salvan de una. Mientras el Equipo Especial Lava Jato se alista para llevar a juicio a los integrantes del Club de la Construcción ante la Sala Especializada de Corrupción de Funcionarios, por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) inició proceso administrativo sancionador contra 35 compañías que pagaron sobornos para adjudicarse 112 licitaciones por 13 mil millones de soles.
INDECOPI comunicó que están involucrados 28 ejecutivos de las más importantes constructoras del país, además de las brasileñas Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade Gutiérrez y OAS, entre otras.
El mecanismo de corrupción consistía en formar un cartel de constructoras que se repartían de manera individual o en consorcio los proyectos más cuantiosos del organismo Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que comprende en la habilitación, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de las más importantes vías del país.
Las obras implicadas en la investigación de INDECOPI abarcan el periodo del 2002 a 2016, esto es, en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Modus operandi
En esta etapa el Club de la Construcción, por intermedio de operadores que contaban con vínculos en el más alto nivel del MTC o de Provías Nacional, conseguía direccionar las obras públicas de su interés. Parte de la red eran funcionarios del MTC, de Provías Nacional y de los Comités de Licitación.
Los socios del Club de la Construcción recibían información sobre las obras que se licitarían, recurrían a sus operadores para indicarles qué proyectos querían adjudicarse y estos a su vez lo comunicaban a sus contactos. Cuando se formaban los Comités de Licitación, estos recibían la indicación de qué consorcio o empresa debía resultar ganadora.
Rendición de cuentas
Entre las empresas del Club de la Construcción a las que INDECOPI ha iniciado proceso sancionador se cuentan Ingenieros Civiles Contratistas y Contratistas Generales (ICCGSA), Obras de Ingeniería (Obrainsa), San Martín Contratistas Generales; y Aramayo Constructores (ARAMSA) (ver lista completa aparte).
Los representantes de estas compañías (Fernando Castillo Dibós, Manuel Tejeda Moscoso, Julián Suicho Dextre y Federico Aramayo Málaga) sostenían reuniones periódicas con la excandidata presidencial Keiko Fujimori y les daban aportes de dinero para su campaña clandestinamente, de acuerdo con el testigo Jorge Yoshiyama Sasaki.
Según INDECOPI, luego de una exhaustiva investigación, determinó que las 35 constructoras concertaban para distribuirse entre estas los proyectos de Provías Nacional, en complicidad con funcionarios del MTC y de Provías Nacional. Dicha concertación de intereses afectó la libre competencia en perjuicio del Estado.
Esta práctica dejó de lado mejores ofertas económicas y técnicas planteadas por constructoras que no eran parte de la mafia que controlaba las adjudicaciones de obras públicas de Provías Nacional.
Entre otros empresarios constructores también han sido consignados dentro de la investigación Víctor De La Flor Chávez (Andrade Gutiérrez), Marco Aranda Toledo (Cosapi), Nicolay Castillo Gutzalenko (Graña y Montero), Eduardo Sánchez Bernal (CASA), Óscar Rosas Villanueva (Queiroz Galvao) y Norma Zeppilli Del Mar (Mota-Engil) y Hernando Graña Acuña (de Graña y Montero) (ver lista completa aparte). Esta última empresa comunicó que ninguno de sus actuales directivos está comprendido en el caso que investiga INDECOPI.
Este organismo identificó que los integrantes del Club de la Construcción y los funcionarios corruptos del MTC y de Provías Nacional, entre los más trascendentales proyectos, pagaron coimas para quedarse con obras como las siguientes:
*Construcción y mejoramiento de la Carretera Quilca Matarani, adjudicada a OAS, Cosapi y Obrainsa por 505.2 millones de soles.
*Rehabilitación carretera Huaura- Puente Tingo, adjudicada a Andrade Gutiérrez y JJ Camet por 488.9 millones de soles.
*Construcción y Mejoramiento de la carretera Quilca- Punta Bombón, adjudicada a Odebrecht y Obrainsa por 450.8 millones de soles.
*Rehabilitación de la carretera Ayacucho-Abancay, adjudicada a Málaga Hermanos, Constructora TP y OHL por 381.4 millones de soles.
Rehabilitación de la carretera Huancavelica-Lircay, adjudicada a Mota-Engil, JJ Camet y Upacá por 360.7 millones de soles.
De acuerdo con INDECOPI, durante la investigación ha obtenido evidencia documental sobre los actos de corrupción de los socios del Club de la Construcción, como correos electrónicos en los que intercambian información sobre cómo apropiarse de las obras que les interesaban.
GyM dice que colabora con investigación
En un comunicado dirigido a la Superintendencia de Mercados y Valores, la empresa GyM S.A. respondió a Indecopi. “La resolución no comprende la asignación de responsabilidades ni el resultado del procedimiento administrativo sancionador, los cuales se determinarán al final del referido procedimiento. Del mismo modo, es preciso señalar que la resolución no comprende a ningún funcionario actual de la compañía”, afirman.
GyM S.A. recuerda también que se acogió en diciembre del 2018 al programa de clemencia ante el Indecopi y que colabora con las investigaciones del caso.
Empresarios investigados
- Alejandro Tello Palacios
- Víctor De La Flor Chávez
- Federico Aramayo M.
- Jaime Sánchez Bernal
- Luis Carrasco Palomo
- Félix Málaga Torres
- Moisés Málaga Málaga
- Marco Aranda Toledo
- Javier Lei Siucho
- Iván Vildoso Concha
- Jesús Plaza Parra
- Hernando Graña Acuña
- Nikolai Castillo G.
- Fernando Castillo Dibós
- Norma Zeppilli Del Mar
- Rafael Granados Cueto
- Julio Alva Eyzaguirre
- Christian Thorsen C.
- Fernando Camet Piccone
- Néstor Martínez Lévano
- José Heighes Sousa
- Manuel Tejada Moscoso
- José Romero Pinto
- María Tizón Acha
- Óscar Rosas Villanueva
- Efraín Polo Urbina
- Julián Siucho Dextre
- Ricardo Manrique D.
Fuente La República
