Sullana, nov. 30. Los alcaldes provinciales de Sullana, Carlos Távara Polo; y de Ayabaca, Humberto Marchena; así como el exalcalde de Talara, Rogelio Trelles Saavedra, son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presuntas irregularidades en su gestión.Así lo informaron los fiscales Luis Ramos Rioja y Jack Trelles, quienes a su vez indicaron que a la fecha, ya han sido condenados tres funcionarios públicos luego de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público por casos de corrupción.
“El caso contra el alcalde de Sullana está en etapa de formalización. Se le investiga porque habría existido un interés directo para contratar a una persona de su entorno de manera irregular. Por este delito podría recibir una pena de entre 4 a 6 años”, aseveró el fiscal Ramos Rioja.
El representante del Ministerio Público se refiere al caso de la contratación del comunicador social Marco Antonio Rumiche Purizaca, quien es amigo personal de Távara Polo, el mismo que fue contratado por la municipalidad de Sullana para realizar un proyecto para radio por el que percibió más de 5,000 nuevos soles.
De igual forma, el fiscal subrayó que el exalcalde de Talara, Rogelio Trelles, es investigado por los presuntos delitos de concusión, colusión, y cohecho en su gestión.
Mientras que en el caso de Marchena, “la Contraloría ha encontrado varios indicios y hay una investigación grande y seria contra el alcalde y funcionarios de esta municipalidad. Hay graves indicios de colusión dentro del proceso de contrataciones del estado. Graves indicios de relaciones entre funcionarios y contratistas que han ganado adjudicaciones”.
Agregaron que en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, existen otras denuncias contra funcionarios públicos sobre presuntos desbalances patrimoniales de gente allegada a ellos, por lo que se abrirían nuevas investigaciones por enriquecimiento ilícito en estas localidades.
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De igual forma, los magistrados informaron que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene a la actualidad 34 casos formalizados con investigación preparatoria, 56 casos en audiencia de control de acusación, 13 casos para audiencia de juzgamiento, 68 en diligencias preliminares y 27 con pedido de sobreseimiento.
Por último, indicaron que, “el 95 por ciento de audiencias judiciales se reprograman por problemas en la notificación de las partes procesales a cargo del Poder Judicial. Esperamos que con las notificaciones electrónicas esto se supere”.
Fuente Andina
