Qué tal joyita. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, muy cuestionado por el caso Interoil, por haber sido socio en el estudio Laub-Quijandría, que asesoraba a los favorecidos por el Estado peruano; parece gozar de un trato preferencial por parte del Contralor General de la República, Fuad Khoury.
La máxima autoridad del órgano de control estatal no ha dado señales de indagación alguna sobre el caso mencionado, guardando un mutismo que contrasta con sus peroratas públicas en Áncash e Iquitos, exhibiendo un perfil de moralizador.
Todo hace indicar que esa posición es selectiva con los que al Gobierno no les gusta, pues cuando se trata de un funcionario del Ejecutivo en ejercicio no lo vemos tocarlo ni con el pétalo de una rosa, pero cuando es el caso de autoridades regionales y locales, sale raudo a mostrarse como un Catón.
Como si no fuese suficiente su inacción en el caso ya mencionado, está a punto de cometer un estropicio en contra de los recursos hídricos nacionales, para favorecer a un proyecto minúsculo de generación hidroeléctrica de 16.5 MW, a cargo de la empresa Huaura Power Group SA, colisionando con el interés público, ya que en esa misma cuenca la empresa Energy Power Perú Consulting SAC tiene una concesión temporal para desarrollar un proyecto de 118 MW, es decir siete veces más grande que el de Huaura Power.
Obras excluyentes
Lo grave del asunto es que los dos emprendimientos son excluyentes técnicamente, o se hace el de 16.5 MW o el de 118 MW. La ley que rige las actividades del sector eléctrico, la 25844, denominada Ley de Concesiones Eléctricas, es muy contundente en estos casos. En su artículo 9, señala que el interés del Estado es el uso óptimo de la cuenca, entendido como maximizar la producción de electricidad con el mismo recurso hidráulico. Rol que corresponde resguardar al Ministerio de Energía y Minas, antes de otorgar una concesión.
En esta disputa, el despacho del ministro Mayorga, a través de su director general de Electricidad, Luis Nicho, autorizó a Huaura Power publicar en diversos diarios, los días 9 y 10 de abril pasado, una solicitud de concesión definitiva, paso previo para darle ese derecho al proyecto minúsculo, en desmedro de un proyecto mayor como el de Energy Power, a sabiendas que en esa cuenca se puede realizar una inversión de mayor envergadura. En buen romance es preferir que se desarrolle una obra de 16 millones de dólares en lugar de una de 200 millones de dólares.
Informó a la Contraloría
La empresa perjudicada ha informado del hecho a la Contraloría, resaltando la irracionalidad y las irregularidades cometidas por el director general mencionado. Las comunicaciones han sido reiterativas: los días 4 de mayo, 30 de mayo, 27 de junio pasados y el 10 del presente mes. La respuesta firmada por el director general ha sido evasiva, tratando de eludir su responsabilidad, sobre todo al haber dado aprobaciones, cuando la documentación la presentó Huaura Power extemporáneamente, siendo la normativa muy expresa al señalar que en esos casos corresponde declarar la inadmisibilidad, lo que no se ha hecho.
¿Está el señor Khoury protegiendo al ministro Mayorga? Es importante que se esclarezca su posición, ya que hay suficientes indicios de inacción como para que en el Congreso de la República se le inicie una investigación.
“Actuación de la Contraloría es negativa”
El exconsultor del Banco Mundial en temas energéticos, Víctor Medina Calderón, advirtió ayer que en el Perú se sigue manejando irresponsablemente los recursos del Estado debido, en gran parte, a la “negativa” actuación de la Contraloría General, al frente de la cual está Fuad Khoury, quien se niega a investigar al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
“El escándalo de la hidroeléctrica en Huaura se suma al caso Interoil y es consecuencia de no tener definida una política energética nacional. Mayorga, no sólo es denunciado por el tráfico de influencias en el caso Interoil, en el caso de los lotes III y IV de Talara, sino también en la ampliación del contrato de explotación de los lotes 31B y 31D en Pucallpa a una empresa asesorada por Laub & Quijandría”, señaló Medina a EXPRESO.
“En el caso de Interoil, pedir a la Contraloría que cuantifique no sólo la utilidad sino la renta petrolera para que sea devuelta al Estado por parte de Interoil, además de una auditoría a Petroperú, es pedir peras al olmo. Los funcionarios de esta última sabían que desde la fecha que culminaba el contrato, Interoil usufructuaba una utilidad que no le correspondía”, agregó el especialista.
Fuente Diario Expreso
