El exgobernador regional de Piura Javier Atkins (2011-2014) fue sentenciado esta semana a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitación de la función pública, por el delito de negociación incompatible. La justicia lo halló responsable del favorecimiento a su sobrino para el servicio de vigilancia en el hospital de Sullana durante su gestión.
En entrevista con El Comercio, Atkins señaló que él no tuvo injerencia en la contratación de la empresa 4M, cuyo representante legal es Víctor Zapata Figallo, su sobrino político, y acusó a la Fiscalía de basarse en declaraciones de testigos “que han mentido”.
– ¿Tenía prevista esta sentencia o lo tomó por sorpresa? –
Respeto la decisión del juez, pero no estoy de acuerdo porque la considero injusta. Se ha basado en testigos que han mentido. Es falso que (el servicio) se haya entregado a dedo a la empresa 4M. En el 2011 el concurso lo ganó la empresa 4M. En el 2012 hubo un nuevo concurso que lo ganó otra empresa. 4M apeló al OSCE, aduciendo que el concurso estaba mal, y es el OSCE el que le da la razón y la nombra ganadora, no el Gobierno Regional. No ha habido ninguna injerencia ni interés de mi parte ni de ningún funcionario.
– ¿Usted no sabía que la empresa era de su sobrino? –
La relación con él es del tercer grado de afinidad, y la ley prohíbe hasta el segundo grado de afinidad. Él (su sobrino) es un ciudadano con una empresa registrada y tiene todo el derecho de participar en los concursos del Estado, no tiene inhabilitación. ¿Quién era yo como presidente regional para prohibirle que se presente?
– Si no hubo injerencia ni intención de favorecer a su sobrino, ¿pudo usted haber advertido el posible conflicto de intereses? –
Eso sería como si yo hubiera querido presionar al OSCE para que no le den la buena pro a esa empresa (4M). Eso es imposible. La unidad ejecutora del hospital de Sullana tiene autonomía económica y administrativa, y quien la maneja es el director del hospital, él es el que nombra su propio comité de concurso. Aquí han mentido gravemente, y van a tener que dar cara a la justicia, Ovidio Suárez (ex miembro del comité) y Eduardo Valdivia (ex administrador del hospital). Ellos no fueron acusados, sino que han sido testigos.
– ¿Usted va a tomar medidas legales contra esas personas a las que acusa? –
Por supuesto, cuando termine este juicio. Aquí no ha habido ninguna violación a la norma penal o administrativa. A mí el juez me sentencia por negociación incompatible, como si yo hubiera estado interesado en darle la buena pro a una empresa.
– ¿Ya presentó la apelación? –
Vamos a apelar en los próximos días, todavía estamos dentro del plazo. Estoy seguro que los otros inculpados también van a apelar, porque esto es un abuso, un atropello. El fiscal no tiene ningún derecho a presentar testigos que mienten.
– ¿Usted ha conversado con los otros sentenciados? –
No, estoy en Lima. Cada uno está viendo el tema por su lado.
– Al estar inhabilitado, ¿esta sentencia frustra su futuro político?-
Primero está mi nombre, lo demás es secundario. Primero voy a limpiar mi nombre.
Fuente El Comercio
