Jorge Henrique Simoes Barata hablará de todo lo que le pregunten. Luego, la constructora brasileña Odebrecht entregará las pruebas que le soliciten y tenga en su poder. Esto es lo que ha sucedido desde que en noviembre del 2016, el ex superintendente de la constructora acudió al Ministerio Público para acogerse a la colaboración eficaz.
El esquema se repetirá en las declaraciones que Barata ofrecerá a los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez Gómez, el martes 27 y miércoles 28 de febrero, en la ciudad de Sao Paulo, conoció La República de fuentes vinculadas a las investigaciones, en Perú y Brasil.
Antecedente
Al acercarse a la Fiscalía en 2016, la defensa de Barata explicó a los representantes del Ministerio Público que él no puede entregar las pruebas que sustentan su versión de los hechos, porque no están en su poder.
Entonces, sus abogados indicaron que los fundamentos de cualquier manejo irregular o ilícito de dinero, con participación del Departamento de Operaciones Estructuradas, están en los archivos físicos de la empresa en Brasil o en los equipos electrónicos de los softwares MyWebDay y Drousys, en las computadoras incautadas en Suiza.
Supuestamente, dijeron, esas pruebas nunca estuvieron en las oficinas de la compañía constructora, en Lima. En sus archivos solo se guardaron comprobantes de los pagos lícitos y servicios debidamente contabilizados y justificados.
Por ejemplo, los pagos a Westfield Capital, vinculados al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que la constructora considera lícitos, están en Lima. El Congreso los pidió y la constructora los entregó.
Un cambio
Esta misma explicación fue brindada por el abogado de Barata, Carlos Kauffmann, en la reunión que sostuvo en Lima con el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba, a principios de este mes.
Aseguró que el ex funcionario de Odebrecht responderá las preguntas de los fiscales y realizará las precisiones y aclaraciones que le pidan los representantes de los investigados. Pero como declaró a los medios, no entregará pruebas.
Barata no las tiene. Además, no sabe qué pueden necesitar los fiscales para buscarlas, encontrarlas y llevarlas al interrogatorio, dijo.
Sin embargo, se producirá un cambio en este proceso, según las fuentes consultadas por La República. Ante el Equipo del fiscal Hamilton Castro, en el marco de la colaboración eficaz bajo las leyes peruanas, las pruebas eran entregadas en Lima, por los abogados peruanos de Odebrecht.
Así, en noviembre y diciembre del 2016, Barata declaró sobre los pagos en la Interoceánica, el Metro de Lima, Callao o Cusco. Luego, en enero del 2017, los abogados de la constructora se acercaron y entregaron en Lima las constancias de los depósitos bancarios, que probaban los dichos de Barata.
Ley brasileña
En el caso actual, la Fiscalía de Lavado de Activos decidió que Barata declare como testigo y bajo las leyes brasileñas, en el marco del acuerdo de la delación premiada suscrito en ese país por Odebrecht.
Esto supone, al igual que el testimonio de Barata, que las pruebas se obtengan por el procedimiento de cooperación judicial internacional y bajo ciertos requisitos legales exigidos por Brasil.
Los fiscales peruanos, como ya lo hicieron al interrogar a Marcelo Odebrecht, firmarán un acuerdo para no perseguir penalmente a Barata por lo que este diga. Lo mismo sucederá para las pruebas. Luego de que el ex funcionario declare, los fiscales peruanos deberán señalar qué necesitan y solicitarlo, vía cooperación judicial, a sus pares brasileños.
La respuesta seguirá la misma vía. Si la constructora está de acuerdo, entregará las pruebas a los fiscales brasileños. Ellos, a su vez, las derivarán al Perú, previo compromiso de que no se utilizarán esos documentos en nuestro país para perseguir penalmente a la constructora.
Recién entonces los sustentos llegarán a Lima, los que, además de la declaración, serán para uso exclusivo de los fiscales Juárez y Pérez y los procedimientos específicos, para los que fueron enviados.
Si otro fiscal, el procurador ad hoc, el Congreso u otra autoridad peruana quiere utilizarlas, deberá pedir autorización a Brasil.
Cita en Sao Paulo
Ante las críticas al fiscal Rafael Vela, el Ministerio Público recordó que el interrogatorio a Jorge Barata está sometido a un doble procedimiento legal: el de las leyes peruanas y brasileñas.
Ambas normas establecen que los fiscales no pueden y no deben preguntar lo que se les ocurra. Si lo hacen, sus colegas brasileños pueden oponerse o se anularía todo el procedimiento.
Los ciudadanos, periodistas, políticos y congresistas –dicen los fiscales– no tienen reglas para preguntar. Los jueces y fiscales, sí. Los magistrados están constreñidos por la ley, como garantía de los investigados.
Recordaron que la semana pasada el abogado Erasmo Reyna pidió al fiscal José Pérez participar en el interrogatorio que se realizaría en Brasil. Pérez respondió que no se podía, porque García no es investigado en ese caso. Por eso, Vela Barba aclaró que no preguntarán por García.
Así, el martes está previsto que el fiscal Juárez pregunte a Barata sobre los aportes que la constructora brasileña realizó a la campaña nacionalista del 2011. No se esperan nuevas revelaciones.
Barata y Marcelo Odebrecht ya han declarado sobre este caso. Hoy se trata de oficializar la versión del primero y precisar algunos puntos reseñados por el segundo.
Lo mismo pasa con el fiscal Pérez. Él pidió interrogar a Jorge Barata en una investigación por aportes ilícitos en las campañas electorales en el Perú, en una investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Ambos fiscales no pueden indagar por otros candidatos o personas, pues eso viola el debido proceso o la legítima defensa.
Otro fiscal tampoco les puede pedir por encargo que inquiera por él. Eso sería ilegal. Las preguntas y respuestas podrían causar un escándalo, pero carecerían de valor legal.
Sin embargo, hay formas de obtener respuestas. Por ejemplo, Juárez y Gómez pueden pedir a Barata que explique la política de la empresa sobre aportes a candidatos en el Perú. Todo queda en la habilidad de los fiscales al preguntar y repreguntar.
Entrevista
La República solicitó una entrevista con los fiscales Rafael Vela Barba, José Pérez Gómez y Germán Juárez Atoche, directamente con la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos y la oficina de Imagen.
«En este momento solo estamos esperando que se lleve a cabo la declaración de Jorge Barata la próxima semana. Disculpe, pero no voy a declarar nada», respondió el doctor Vela. Sin embargo, apareció en otros medios de comunicación.
Evalúan otro interrogatorio en marzo
Jorge Barata podría volver a declarar ante los fiscales peruanos en marzo próximo. La Unidad de Cooperación Judicial de Brasil consultó a los abogados del ejecutivo brasileño sobre esa posibilidad, para atender los requerimientos de información de la justicia peruana.
Vía cooperación judicial internacional, el fiscal Hamilton Castro, del Equipo Especial del Ministerio Público, solicitó la declaración de Jorge Barata y otros ejecutivos de la constructora brasileña en los diversos casos que está investigando, entre los que se incluyen el Gasoducto y los pagos a Westfield Capital, aunque todavía no hay fechas precisas.
Luego de interrogar a Barata, el mismo martes 27 de febrero, el fiscal Germán Juárez interrogará al empresario brasileño Marco de Moura Wanderley sobre un presunto aporte que la constructora OAS habría realizado a la campaña de Ollanta Humala en las elecciones del 2011.
Haremos las preguntas necesarias, por Giulliana Loza A.
Nuestra participación en la declaración testimonial del señor Barata será activa. Haremos valer los derechos que nos asisten, formulando las preguntas que sean necesarias y pertinentes, exigiendo las precisiones correspondientes y, en su caso, la corroboración de sus afirmaciones.
Somos los principales interesados en que se esclarezca la verdad de los hechos.
Desde un inicio hemos sostenido que la señora Keiko Fujimori no ha recibido dinero de Marcelo Odebrecht o de sus empresas, mucho menos alguno proveniente de fuente ilícita. No existe elemento de convicción que la incrimine en algún acto de lavado de activos. Así lo venimos demostrando en el transcurso de la investigación.
Esta diligencia deberá sujetarse al debido proceso, por ello esperamos que, vía cooperación internacional, sea remitida a la brevedad posible al Perú.
Declaración debe ser verificada, por Julio César Espinoza.
Lo más importante es tener presente que, si bien Jorge Barata es citado como testigo, en términos reales tiene la condición de colaborador eficaz en Brasil y en Perú. Según su propio dicho, Barata habría intervenido en la realización de diversos hechos presuntamente ilícitos. En ese sentido, quien realiza una conducta delictiva no puede ser testigo del hecho. Lo que diga Jorge Barata tiene que ser rigurosamente contrastado con otros medios de prueba diferentes de la declaración de otros colaboradores.
Será también importante establecer la obligación que debe asumir Barata para declarar en un eventual juicio oral. Pediremos a los fiscales peruanos y a las autoridades brasileñas que la diligencia cumpla de manera estricta la normatividad nacional, pues se trata de un procedimiento que corresponde a un proceso realizado en Perú, que se rige por nuestras normas.
Fuente El Comercio
