Ex procurador anticorrupción ad hoc que investigó la mafia liderada por el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Recientemente elegido presidente de Transparencia Internacional.
José Ugaz señala que las acusaciones de Óscar López Meneses sobre supuestos vínculos con la presidencia tendrán que investigarse.
Su fama ha traspasado fronteras. Desde Francia, José Ugaz Sánchez-Moreno remarca que en su reciente nombramiento como presidente de Transparencia Internacional, sin duda pesó mucho el ser peruano, pues a raíz de las investigaciones que permitieron sancionar la mafia enquistada en el poder en la década del 90, nuestro país tiene una imagen ejemplar en la lucha contra la corrupción, siendo incluso visto como un caso de estudio a nivel mundial. Esto pese a que, reconoce, en los últimos años el sistema anticorrupción ha involucionado. El ex procurador señala que para revertir esa situación se requieren recursos y voluntad política al más alto nivel.
A pesar de todos los esfuerzos para luchar contra la corrupción, es un problema constante. ¿En qué basa su poder? ¿Será que está penetrando cada vez esferas más altas de los gobiernos?
La corrupción está vinculada a un elemento inherente al ser humano, que es la ambición, por eso hablar de corrupción cero es imposible. De lo que se trata es de mantenerla a un nivel que no impida el desarrollo y que no afecte sobre todo a los más débiles de la sociedad.
¿Por qué hoy día tenemos una corrupción mucho más fuerte y visible?
Yo creo que es porque se han conjugado varios elementos; en el mundo global hoy es más fácil mover los dineros sustraídos; los corruptos utilizan la tecnología a su favor y tienen mayor flexibilidad para desplazarse y desplegar sus acciones sin moverse. Y en tercer lugar, el crimen organizado es un elemento que, al conjugarse con la corrupción, convierte a esta en un problema muy grave porque hay una gran capacidad de poder económico, incluso con gente armada al punto que en algunos casos, como en México, Guatemala, Honduras y otros países, llegan a desafiar la propia viabilidad de los Estados.
Usted dice que la presión social contra la impunidad es importante, ¿cuánto puede serlo si, como en Perú, existe un gran sector que piensa que todos son corruptos y por eso es mejor ‘el que roba pero hace obra’?
En el caso del Perú ha habido un deterioro social en esta materia y esto probablemente porque al ver que la impunidad ha sido la regla por muchos años, la gente se siente frustrada y piensa que esa es una forma normal de vivir. Sin embargo, hay que rescatar las experiencias positivas; por ejemplo, a través de las redes sociales se convocó a una serie de movilizaciones que impidieron que se concretara la llamada “repartija” cuando los congresistas quisieron concertar para la designación de determinadas personas en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etc., y presentaron candidaturas de personas no calificadas para esos puestos. Esto logró que se generara una reacción en la opinión pública y las autoridades se vieron obligadas a dar un paso atrás. Ese es una muestra clara de cómo la población alerta y movilizada logra espacios que evitan que la corrupción avance.
La procuraduría que usted dirigió marcó un hito importante en la lucha contra la corrupción en Perú al desmontar y sancionar a una red corrupta organizada desde el gobierno en los años 90. ¿Siente que ahora se han flexibilizado?
La Procuraduría cumple una función en el contexto de la administración de justicia, por lo tanto conoce y promueve procesos formales al interior del sistema penal, pero no es el único instrumento que tiene el Estado para combatir la corrupción; también tiene a la Contraloría en el ámbito preventivo y a la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que debe concertar con todas las entidades del Estado las medidas adecuadas para que se cierren los espacios y las brechas donde se pueda generar corrupción. Y definitivamente el sector Educación tiene muchísimo que hacer para generar una cultura de la integridad que implica que nuestros niños y adolescentes crezcan a partir de valores, como la honestidad.
Pero no vemos ahora grandes juicios contra corruptos…
En el ámbito específico de la persecución legal, judicial, hubo efectivamente un repliegue de la voluntad política después del gobierno de transición y los primeros años del presidente Toledo. Se tomó un nuevo aire en los últimos tiempos con el ingreso del procurador Julio Arbizu y ahora el procurador Christian Salas, que claramente están haciendo una batalla vigorosa, a veces un poco solitaria, pero enérgica, contra la corrupción.
Tenemos tres presidentes regionales con prisión preventiva y muchas denuncias contra otros. ¿Falló la Contraloría?
Primero, no hemos visto voluntad política al más alto nivel de los dirigentes del país, como el presidente de la República, los congresistas, los líderes regionales y municipales. Y al no haberse desarrollado un liderazgo, sobre todo ético, en lo más alto de las estructuras sociales y no adoptarse las medidas preventivas, se ha dado pie a que nos encontremos hoy día en una situación lamentable, por no decir desastrosa. Era obvio que al concederles cuotas de poder significativas a los gobiernos regionales, también se iba a descentralizar la corrupción, y por lo tanto debieron tomarse medidas para generar contrapeso y supervisiones que impidieran que los gobiernos regionales hicieran dispendio y que sus autoridades se aprovecharan del ejercicio de su función para enriquecerse. Estamos pagando la factura de la imprevisión, de cerrar los ojos frente a lo que se veía venir.
Hay denuncias contra el actual gobierno, como sus supuestos vínculos con el ex operador montesinista Óscar López Meneses, quien dice que se reunió con el presidente Humala y que el ministro Urresti le pidió que lo ayude a ascender a general…
Quienes se ven involucrados en graves acusaciones tienden muchas veces a involucrar a otros para transmitir la idea de que todos somos iguales o que contaron con algún tipo de favor político a niveles altos. Hasta donde yo conozco de este caso, trataron de vincular a la presidencia de la República a través de falsos testigos y de un cuaderno que fue manipulado, pero después uno de los policías involucrados reconoció que lo obligaron a hacerlo y que no era verdad. Tendrá que investigarse, y si efectivamente hay conexiones con la estructura del Poder Ejecutivo, tendrán que adoptarse las medidas necesarias para sancionarlo.
No es fácil saber cuándo una acusación así es cierta…
Para eso está la investigación. Yo mismo he sido acusado muchas veces mientras ejercía el cargo, por el propio Montesinos, quien dijo que tenía evidencias de que yo había incurrido en delito, y por otros acusados que en su momento trataron de deslindar de su propia responsabilidad acusando a quienes estábamos a cargo de las investigaciones. Cuando un ladrón es sorprendido, lo primero que hace es voltear, y gritar: “¡al ladrón!”. Lo que corresponde ahora es investigar a profundidad para descartar cualquier vinculación de este personaje (López Meneses) con autoridades de alto nivel, porque mantener esa sospecha sin resolverse perjudica la institucionalidad del país.
¿Investigar en el Congreso o en el Ministerio Público?
Yo creo que corresponde que las investigaciones las hagan las instituciones de la justicia. El Congreso, lamentablemente, no tiene capacidad para investigar, no es su especialidad, no está dentro su mandato prioritario. Además, está movilizado por intereses políticos, representados por los partidos que conforman las comisiones, y tienden a hacer pública la información que van obteniendo, lo que perjudica sus investigaciones y las de la administración de justicia. Además, nunca concluyen en hechos que generen sanciones. Acabamos de ver cómo vergonzosamente han exonerado de responsabilidad al congresista Julio Gagó (al archivar la denuncia por Copy Depot en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales), cuando con toda la población hemos sido testigos de los audios en los que este señor claramente está direccionando a sus trabajadores a hacer contratos con el Estado a través de una tercera empresa vinculada a él. A estas alturas, no hay ninguna credibilidad en las investigaciones que pueda realizar el Congreso. El frente prioritario de investigación es el asignado constitucionalmente al Ministerio Público y al Poder Judicial.
La Fiscalía de la Nación archivó previamente esa denuncia argumentando que no se especificó bien el delito, cuando podían haberlo adecuado…
Ese es el otro problema. Tenemos al fiscal de la Nación, actual y al anterior, investigados por la sospecha de haber tenido alguna vinculación con el crimen organizado. Hay que depurar las instituciones, sanear donde se ha infiltrado el crimen organizado y la corrupción. Por el bien de la Fiscalía, y del sistema de administración de Justicia, porque también hay magistrados que estarían vinculados a algún tipo de organización criminal, el Consejo Nacional de la Magistratura debe investigar a la brevedad y adoptar las medidas necesarias en el más corto plazo.
¿Se puede esperar independencia en el Ministerio Público, cuando el fiscal de la Nación es primo de la primera dama?
Eso no genera ningún conflicto de interés. Además, hasta donde se ha podido saber, la relación de parentesco es lejana y no hay ningún indicio de que el gobierno tenga vinculaciones particulares con la Fiscalía ni esté tratando de cooptar o dirigir el Ministerio Público. Por lo tanto, yo no me distraería en algo que parece anecdótico, sino en tratar de entender qué está pasando al interior del Ministerio Público, para que los fiscales de la Nación, el pasado y el actual, estén permanentemente sindicados de estar vinculados con intereses que no son los que debería tener la institución.
La población cree que el Poder Judicial es la institución más corrupta. Hemos visto lo que ha pasado con el caso Áncash y con Rodolfo Orellana…
Pretender comparar a Orellana con Montesinos es como comparar a un carterista con un hampón ‘rankeado’ de alto nivel. Orellana no le pisa los talones a Montesinos, ha jugado a ser una caricatura suya. Montesinos estuvo en la más alta cúpula, como asesor del presidente, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); cooptó en su integridad a las fuerzas armadas y policiales, basta con ver el acta de sujeción, en la que altos oficiales firman dándole su apoyo incondicional a este personaje.
¿Cómo evitar la tentación de repetir esa historia negra?
Lo primero es que tiene que haber una voluntad política explícita del gobierno, en este caso del presidente de la República. Más allá de los discursos, el presidente tiene que adoptar medidas contra la corrupción. Incluso, en el discurso de 28 de julio pasado ni siquiera mencionó el tema, por lo tanto pareciera que no está en su agenda. Pero corresponde que el presidente haga una declaración de intención y voluntad política para que la corrupción no sea un fenómeno que afecte al país, sobre todo en la última etapa de su gobierno.
¿Qué acciones son prioritarias?
Hay que cumplir con la agenda que hemos mencionado: sanear el Ministerio Público y el Poder Judicial, dejarlos libres de sospecha; así como exigir a la Contraloría que cumpla con su función preventiva en el ámbito de la administración pública. Y para eso se requieren no solo discursos, sino presupuesto, decisión para que se hagan las investigaciones y que se apliquen los correctivos que sean necesarios.
“LA CORRUPCIÓN ES MÁS VISIBLE Y CON UNA FAZ MÁS GROSERA: LA IMPUNIDAD”
¿Qué hará en su gestión para fortalecer la lucha contra la corrupción, tarea por la que hace más de 20 años nació Transparencia Internacional?En este tiempo han habido logros importantes, como colocar la corrupción en la agenda global, pues antes no era materia de discusión en instituciones multilaterales o internacionales. Asimismo, el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional generó un debate entre los países rankeados en los segmentos de mayor o menor corrupción en el mundo. Además, se empujó una serie de temas como la adopción de la Convención en Naciones Unidas contra la Corrupción.
Pero el mal siguió creciendo…
La corrupción evolucionó y ahora los desafíos son mayores. La corrupción es más visible y con una faz más grosera, como es la impunidad. El reto es enfrentarla. En el 2011 se adoptó una estrategia centrada en la movilización de las personas; queremos estar más cerca de la gente y recoger sus demandas, pues la corrupción afecta a cientos de millones de personas. En ese sentido, lanzamos la iniciativa de no impunidad y, en ese marco, la campaña “Desenmascara a los corruptos”.
¿En qué consiste?
Tratamos que en la agenda internacional se llegue a un consenso para que las empresas off shore (que facilitan el lavado de dinero y su desvío a otros países) se registren, identificando al último beneficiario, es decir, a la persona que está detrás de la ficción jurídica. Esto se planteó a la G-20 en la reunión que hubo en Australia hace poco, y vamos a insistir. Lo mismo es para la restricción de visas a los que han incurrido en casos de corrupción. Estados Unidos e Inglaterra ya niegan la visa a personas vinculadas con el crimen organizado.
¿Harán denuncias concretas?
Progresivamente y cuando sea necesario, Transparencia Internacional señalará directamente los casos en que haya evidencia de que se está incurriendo en actos de corrupción, para hacer visible esa situación y procurar que no queden sin castigo. Y donde los sistemas de justicia nacionales no sean capaces de responder al reto de evitar la impunidad, procuraremos una sanción social y para eso buscaremos movilizar a las personas.
¿Podría crearse la Corte Internacional contra la corrupción?
Ese es un debate iniciado hace años, que nosotros apoyamos. Pero hay que empezar a tomar acciones de inmediato y por eso evaluamos actuar en la jurisdicción universal ya existente para los derechos humanos, tratando de introducir el concepto de gran corrupción en la Corte Penal Internacional, como un elemento coadyuvante a los delitos de lesa humanidad.
Fuente La República
