Hay obras públicas que fracasan por error y hay otras que fracasan por omisión, el proyecto de agua potable Juninguillo, en Moyobamba, pertenece peligrosamente a la segunda categoría. Porque aquí no estamos frente a un problema inesperado. Estamos frente a una situación advertida desde el año 2024, documentada en informes técnicos del propio Estado, y frente a la cual —pese a su gravedad— no se adoptaron las decisiones que la ley permite y exige y cuando eso ocurre, el problema deja de ser técnico. Se convierte en político.
Los hechos que nadie puede negar
A noviembre de 2024, el proyecto ya mostraba un desempeño crítico:
- Avance real: 14.69%
- Avance programado: 22.08%
- Índice de eficiencia: 66.50%
Es decir, la obra ya estaba por debajo del umbral del 80%, nivel que habilita a la entidad a intervenir o resolver el contrato. Sin embargo, bajo la gestión del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) —dirigido por el ingeniero Milton Arévalo Muñoz— no se resolvió el contrato, no se intervino la obra y no se adoptaron medidas correctivas estructurales. El problema se conocía. La decisión fue no actuar.
2025: El colapso ya era total
Un año después, la situación es aún más grave:
- Avance real: 27.17%
- Avance programado: 92.11%
Existe una brecha de casi 65%, técnicamente insostenible en cualquier proyecto de inversión pública. Y pese a ello, el gasto continuó: más de S/ 19 millones ejecutados sobre un presupuesto que supera los S/ 42 millones. Esto significa que el Estado ha gastado cerca del 45% del presupuesto para construir apenas el 27% de la obra. En cualquier análisis técnico serio, esto se denomina ineficiencia severa en la ejecución del gasto.
La respuesta: Extender, ajustar y seguir
Lejos de corregir el problema, la estrategia ha sido otra:
- Aprobación de adicionales millonarios.
- Reprogramación del cronograma.
- Ampliaciones sucesivas de plazo.
Hoy, el proyecto ha sido extendido hasta febrero del año 2028. Es decir, no se ha corregido la desviación. Se ha trasladado en el tiempo.
Una obra con fallas de origen
Los informes técnicos son claros: el expediente técnico presentaba deficiencias desde el inicio. Esto explica:
- Mayores metrados.
- Adicionales de obra.
- Ajustes constantes.
Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿Quién aprobó ese expediente técnico? ¿Quién validó su viabilidad? Porque en obra pública, los errores de formulación no son accidentes: son responsabilidades.
Responsabilidad política: El Gobierno Regional y la fiscalización ausente
El PEAM no es una entidad aislada. Es una unidad ejecutora. El responsable político es el Gobierno Regional de San Martín, como titular del pliego presupuestal. Y aquí el punto es directo: ¿Qué decisiones ha tomado el Ejecutivo Regional frente a este escenario? ¿Ha evaluado la continuidad del contratista? ¿Ha determinado responsabilidades internas? Porque ejecutar presupuesto no es gestionar. Gestionar implica corregir cuando las cosas salen mal. Y aquí, todo indica que se optó por continuar.
Pero la responsabilidad no termina en el Ejecutivo. El Consejo Regional de San Martín, encargado de fiscalizar, también tiene un rol que explicar. Los informes técnicos existen desde 2024. Los retrasos están documentados. Las desviaciones son evidentes. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Qué acciones de fiscalización se han realizado? ¿Se ha citado al gerente del PEAM? ¿Se ha exigido información detallada del proyecto? Porque cuando la fiscalización no actúa frente a evidencia documentada, deja de ser control político y pasa a ser omisión.
Lo que está en juego
Este no es un debate burocrático. Estamos hablando de un proyecto de agua potable para la ciudad de Moyobamba. Cada año de retraso implica:
- Familias sin acceso adecuado al servicio.
- Presión sobre sistemas colapsados.
- Postergación de un derecho básico.
Conclusión: Aquí hay responsables
El caso Juninguillo no es un problema técnico aislado. Es el resultado de:
- Un expediente técnico deficiente.
- Una ejecución sin control efectivo.
- Decisiones administrativas que evitaron corregir el problema.
- Y una fiscalización que no ha sido proporcional a la gravedad del caso.
«Aquí no basta con explicar el retraso. Aquí corresponde explicar por qué, con toda la información disponible desde 2024, se decidió seguir gastando millones sin corregir el rumbo. Porque cuando el Estado falla en una obra de agua, no solo falla en la gestión. Falla en su deber más básico con la ciudadanía.»
Por: Marco Antonio Cruzalegui Chávez
Fuente Moyobamba.com
