Un total de 450 funcionarios públicos a nivel nacional han sido sancionados por la Contraloría General de la República, con la inhabilitación para ejercer algún cargo en entidades del Estado.
La larga lista de servidores públicos ha sido emitida el presente año y también ha sido colgada en la página oficial del órgano de control.
En Tumbes algunos inhabilitados trabajaron en la gestión del expresidente regional Gerardo Viñas Dioses.
COMPETENCIAS. Correo conversó con el gerente el gerente de la Oficina de Coordinación Regional de la Contraloría General de la República, Nelson Guevara Altamirano, quien sostuvo que actualmente el máximo órgano de control tiene facultades para sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que cometan faltas graves o muy graves sin considerar el vínculo laboral, contractual, estatuario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29622 y su Reglamento.
Las sanciones consisten en la inhabilitación para ejercer el cargo público temporal o de forma definitiva.
El procedimiento sancionador consta de dos instancias que cuentan con autonomía técnica, la primera a cargo del órgano instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones, y un órgano sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas. La segunda instancia a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.
Cabe recalcar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes.
Es decir, la sanción que impone la Contraloría es independiente a las sentencias que emita el Poder Judicial en torno a los casos en los que estén involucrados los investigados.
INHABILITADOS EN LA REGIÓN. En Tumbes, el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría alcanzó a varios funcionarios, que formalmente no podrán ejercer el cargo público. Hablamos de Manuel Saavedra Guzmán, que se desempeñó como gerente de infraestructura y obras del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), durante la gestión del expresidente regional Gerardo Viñas Dioses.
La resolución N°086-2016-CG/TSRA inhabilita a Saavedra Guzmán a ejercer el cargo público por el periodo de cinco años. Su sanción fue confirmada el 7 de junio del 2016 y se extiende hasta el 6 de junio del 2021. Sobre Guzmán pesa otra sanción administrativa de inhabilitación que se sustenta en la resolución 112-2015- CG/SAN, por el periodo de cuatro años, que inició desde el primero de diciembre del 2015 y se extiende hasta el 30 de noviembre del 2019.
Asimismo, Daniel Castañeda Serrano también ha sido inhabilitado de ocupar un puesto en el Estado por el plazo de cinco años. Esto se ratificó a través de la resolución 086-2016 de fecha 16 de junio del presente año y se extiende hasta el 6 de junio del 2021.
En la lista también está Juan Carlos Quinde Riojas, exprocurador público del gobierno regional de Tumbes. El exfuncionario ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial por el delito de corrupción de funcionarios. Según la resolución 086-2016, Quinde Rioja fue inhabilitado por el plazo de 4 años, la sanción inició desde el 7 de junio del presente año y perdurará hasta el 6 de junio del 2020.
Guilmer Córdova Paker cumple una sanción de inhabilitación por el periodo de cinco años. Esta medida inició desde el 7 de julio del 2015 y culminará el 5 de julio del 2020.
Al igual que Saavedra Guzman, Guilmer Córdova tiene otra sanción administrativa de cuatro años de inhabilitación que fue confirmada a través de la resolución 001-077-2014 e inició el 18 de julio del 2015 y se extiende hasta el 17 de julio del 2019.
También fue inhabilitado Juan Carlos Alfaro Olivari, investigado por delitos contra la administración pública, vinculados a la gestión de Gerardo Viñas Dioses. A través de la resolución N°112-2015, la Contraloría dispuso que no ejerza el cargo público por cuatro años. La sanción se extiende hasta el 1 de diciembre del 2019.
Los citados exfuncionarios apelaron a esta disposición, no obstante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría resolvió en su contra.
En algunos casos, los citados exfuncionarios, pese a estar inhabilitados, continúan ejerciendo funciones en el Estado.
Nelson Guevara aclaró que los colegios profesionales están notificados de estas disposiciones y deben estar atentos.
Cabe indicar que en su momento el contralor Edgar Alarcón Tejada precisó que por lo menos 800 trabajadores públicos de la región de Tumbes, están involucrados en investigaciones por delitos de corrupción.
Fuente Diario Correo
