El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos planteará al Consejo de Ministros un proyecto de ley en el marco de la lucha contra la corrupción. Esta vez “será una norma no de contenido penal, sino laboral”, adelantó el viceministro de Justicia, Edgard Carpio.
Según explicó el funcionario, se propondrá establecer como requisito obligatorio para ser contratado en el sector público no tener sentencias por delitos de corrupción. El planteamiento se hará en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo.
“Para postular a un trabajo te piden requisitos como estudios, especialidad; uno de los requisitos que vamos a imponer como obligatorio en el ámbito de la administración pública es no tener sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública”, comentó el viceministro Carpio a Andina, al explicar que lo que se busca es elevar los estándares de contratación en el sector público.
En ese sentido, dijo que la medida se complementará con otros dispositivos de carácter penal en el marco de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, con la inhabilitación perpetua y la imprescriptibilidad para delitos de corrupción.
Como se recuerda, el Ejecutivo oficializó la semana pasada a denominada ley de muerte civil para funcionarios condenados por delitos de corrupción. Asimismo, desde el Gobierno se ha planteado un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta última propuesta tendrá que ser evaluada por el Congreso, pues se trata de modificación a la Constitución.
De otro lado, el viceministro de Justicia comentó que la ley de inhabilitación perpetua para delitos de corrupción no podrá ser aplicada al ex asesor presidencial Carlos Moreno, para quien el Poder Judicial ha ordenado impedimento de salida del país en el marco de una investigación por el ‘negociazo’ con el Seguro Integral de Salud (SIS). Carpio precisó que ello ocurre porque la norma fue aprobada con posterioridad a los hechos.
“Las normas, en todo sistema jurídico de derecho comparado, se aplica a futuro, lo de Moreno sucedió antes de su publicación. Lo que determina que norma penal es aplicable es el momento en que sucedió los hechos”, detalló.
Fuente El Comercio
