Las denuncias públicas hechas por la Contraloría a la línea 2 del metro han generado controversia sobre su accionar
En las últimas semanas, la Contraloría General de la República ha ganado protagonismo, pero no necesariamente de forma positiva. Su actuación frente a la línea 2 del metro de Lima y Callao, proyecto que involucra una inversión que supera los US$5.000 millones, ha hecho sonar las alarmas en el sector privado. La autoridad de control, bajo la nueva gestión de Édgar Alarcón, ha denunciado civilmente a 23 funcionarios de Pro Inversión. Los criterios empleados por la contraloría y su figuración mediática han llevado a los inversionistas a cuestionar la legalidad de esta decisión, según varias de las fuentes de este artículo.
La publicidad de los hallazgos de la contraloría no será el único cambio que ha decidido Alarcón para su gestión. También pondrá énfasis en los controles durante la ejecución de los procesos de concesión –proceso conocido como control concurrente– y ya no solo una vez concluidos –el llamado control posterior–, como era usual.
Los especialistas consultados no niegan la facultad que tiene la contraloría para verificar el cumplimiento de las normas así como el uso de los recursos públicos con ambos mecanismos. Pero sí advierten sobre los posibles efectos negativos para el clima de inversiones, dado el creciente miedo a la contraloría en el sector público.
Mucho ruido
Milagros Maraví, especialista en asociaciones público-privadas y socia del estudio Rubio, Leguía, Normand, considera que es positivo que la contraloría acompañe a los funcionarios públicos durante las tomas de decisiones, para advertir de posibles errores y que estos se puedan remediar en el camino. No obstante, advierte que si estos procesos se hacen públicos, como ha sucedido con la línea 2 del metro, los efectos son contraproducentes. “Imagina si el concesionario está buscando financiamiento, ¿qué se le estaría diciendo al mercado?”, cuestiona, teniendo en cuenta que la contraloría no determina que efectivamente haya habido responsabilidades civiles o penales, sino que solo denuncia al respecto.
José Escaffi, gerente general de la división AC Pública de Apoyo Consultoría, opina que los inversionistas privados no se verán frenados por la nueva forma de actuar de la contraloría, pero sí le darán un mayor peso a este factor en su matriz de riesgos.
El efecto también repercutiría entre los funcionarios públicos. “Será difícil que profesionales se animen a trabajar en Pro Inversión, luego de que se ha involucrado a 23 funcionarios en la línea 2 del metro por decisiones que eminentemente estaban en su ámbito de decisión”, señala José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En esto concuerda Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin).
“El control concurrente, en la medida que precluya, puede ser muy útil para que los proyectos se hagan bien y sin demoras excesivas; pero si se convertirá en denuncias y hallazgos que son presentados en prensa y que luego resulta que no son justificados ni ciertos, desalentará a funcionarios y a nuevos inversionistas”, agrega Prialé.
En la misma línea, Escaffi precisa que es necesaria una razonabilidad en el control de los funcionarios públicos.
Más recursos
Luego de las críticas suscitadas, el contralor Alarcón enfatizó que no pretende trabar ni desalentar las inversiones, pero advierte que tampoco dará marcha atrás.
En conversación con El Comercio señaló que actualmente la contraloría realiza alrededor de 1.900 controles posteriores al año; y que con el control preventivo se espera llegar a las 10.000 intervenciones anuales.
Asimismo, la contraloría buscará acompañar la ejecución de algunos proyectos de inversión claves, como el gasoducto sur peruano y la refinería de Talara. Para ello se contratará a especialistas de diversas disciplinas. De hecho, una crítica recurrente es que esta entidad no cuenta con expertos en asociaciones público-privadas, aun cuando busca tener una mayor influencia en ellas.
Toda esta mayor actividad implicará mayores recursos. En ese sentido, el contralor tiene previsto solicitar S/100 millones adicionales para el presupuesto del 2017; y S/22 millones adicionales para cerrar el 2016. Hoy su presupuesto es de S/450 millones.
Fuente El Comercio
