La Contraloría General evidenció varias situaciones adversas en la ejecución de una obra por S/ 5.7 millones de mejoramiento y ampliación del servicio educativo en el colegio de nivel primario N.º 80103 “Virgen del Carmen”, ubicado en el centro poblado y distrito de Longotea, en la provincia de Bolívar.
Se halló que el gobierno local otorgó conformidad y pagó por trabajos reportados como ejecutados desde julio hasta octubre de 2023 (valorizaciones n.° 05, 06, 07 y 08), a pesar de que el contratista presentó documentación presuntamente falsa relacionada a la participación del residente de obra y a los ensayos de laboratorio.
Los expedientes de las valorizaciones en mención tienen la firma y sello de un ingeniero acreditado por el contratista como residente de obra (desde el 22 de agosto de 2023), que ante esta entidad fiscalizadora superior afirmó no haber participado en la ejecución de ésta ni haber firmado algún documento que guarde relación con la misma.
“Dichos documentos permitieron que el contratista cobre S/ 1 095 047 y evite el pago de S/ 23 225 como parte de la remuneración del residente que, por Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, está obligado a participar de manera permanente y directa en la ejecución de la obra como responsable técnico. Asimismo, se podría generar un perjuicio económico a la entidad de S/ 198 950 por el no cobro de penalidades”, señaló la Contraloría e su informe.
Sumado a ello, se advierte que los ensayos de laboratorio que supuestamente el contratista hizo con una empresa para acreditar la resistencia de las vigas y otros serían falsos, ya que ésta aseguró a la Contraloría General no haber hecho ningún tipo de prueba o ensayo.
La obra inició el 25 de marzo del 2023 y debió culminar el 19 de noviembre del mismo año, pero está suspendida desde el 7 de noviembre último por causas no sustentadas debidamente; situación que podría generar la inaplicación de penalidades por retrasos injustificados ascendentes a S/ 579 653.
Según el Acta de Suspensión, tanto el director del colegio como la presidenta y vice presidenta de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y el juez de paz de Longotea pusieron limitaciones para la ejecución de los trabajos, lo que fue rechazado por los antes citados que además negaron haber suscrito dicho documento.
Todo lo expuesto está contemplado en el Informe de Control Concurrente N.º 001-2024-OCI/MPB/0418-SCC que fue puesto en conocimiento del alcalde de la Municipalidad Distrital de Longotea para que adopte las acciones correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional para asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos de la obra.
Fuente Diario Correo
