La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 652,856.87 en la construcción del mercado del distrito de Virú, ubicado en la provincia del mismo nombre en la región La Libertad, debido a la aprobación de acuerdos conciliatorios sobre ampliaciones de plazo que no correspondían; así como el irregular cálculo de penalidades y multas aplicables al contratista que no fueron cobradas.

Así lo dio a conocer el informe correspondiente de presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en cinco funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú de la gestión 2015-2018, y cuya acción ha sido notificada a la actual autoridad municipal para iniciar un trámite sancionador.

El Mercado Municipal, cuya inversión ascendió a S/ 7’410,319.30, se construyó con la finalidad de complementar la infraestructura en el rubro comercial del distrito de Virú para la venta de diversos productos, oficinas administrativas, sala de reuniones y parqueo con el fin de beneficiar a más de 50 mil pobladores de la zona. Sin embargo, el centro de abastos aún no entra en funcionamiento.

Además, el informe de control determinó que el municipio realizó acuerdos conciliatorios con el contratista para brindarles más de un mes de ampliación de plazo, lo cual no correspondía, pues la empresa ejecutora de la obra presentaba un retraso injustificado y sin ningún sustento técnico para acreditarlo. Este hecho ocasionó un perjuicio económico por S/ 521,519.77, al haberse omitido el cobro de penalidades.

Asimismo, el informe detalla el irregular cálculo de penalidades y multas por parte de los funcionarios, relacionadas a la ejecución de la obra; las cuales no fueron consideradas en la liquidación de la misma, generando un perjuicio de S/ 129,328.56. Además, se determinó que no se aplicaron penalidades por el importe de S/ 2,008.54 a la empresa supervisora de la obra.

El informe de control también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la entidad para iniciar las acciones legales contra los implicados en el caso.

Fuente La República

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