El controvertido caso de una obra que se viene realizando en la sede central del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) está en la mira de los entes fiscalizadores.
Esta vez, el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRLL, a cargo de Jorge Delgado Lucumí, el último 13 de abril de este año solicitó a la Secretaría del Consejo Regional (CR) que les remitan todos los “expedientes” y “actuados” en torno a dicha obra valorizada en S/ 890,440.83.
EL CASO. Como se recuerda, la mencionada obra es sobre el “Servicio de mantenimiento de coberturas y sistema de evacuación de aguas pluviales para la sede central del Gobierno Regional de La Libertad”; cuyo anterior gerente general encargado, William León Huertas, solicitó, tanto el día 12 como el 18 de febrero de 2016, mediante oficios enviado a Joel Díaz, presidente del CR, la aprobación de la “contratación directa” (de un empresa) para dichos fines, por considerar que se trataba de una “situación de emergencia”.
Asimismo, tal como este diario había informado en los últimos días, fueron los consejeros Dante Chávez Abanto, Confesor Bermúdez Laiza y Edwin Castellanos García quienes, como integrantes de la comisión ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, concluyeron “no aprobar” el pedido realizado por la Gerencia General, por “no existir la causal de situación de emergencia”.
Divergencias. Ahora bien, en la víspera el consejero y presidente del CR, Joel Díaz, sostuvo que “nadie en su sano juicio puede negar que es urgente hacer una remodelación en la estructura del gobierno regional”; empero, no aclaró que la obra de colocación de techos, entre otros, que se viene realizando en el GRLL tenga la justificación de desarrollarse por tratarse de una “situación de emergencia”.
En respuesta de ello, y como para respaldar su postura como miembro de la comisión ordinaria que decidió “no aprobar” el pedido para el desarrollo de la obra por “contratación directa”, su hómologo Dante Chávez remarcó que “no había forma” de que la construcción se haga bajo esos términos.
“Es su opinión personal (de Joel Díaz). Si en verdad era urgente pues que se haga (la obra) a través de una licitación pública. Puede haber urgencia, pero otra cosa es la situación de emergencia. La Ley de Contrataciones del Estado señala claramente que una situación de emergencia es cuando hay una catástrofe o una situación grave que afecta a una comunidad, pero en este caso no, creo que ningún abogado podría decir que esta causal proceda. No hay forma, repito, si es urgente que se haga un concurso de licitación pública”, expresó.
“AL MARGEN DE LA LEY”. A su turno, el consejero Manuel Quijano Muñoz manifestó que, en efecto, el último 5 de abril, durante una sesión del CR, se puso en agenda este tema que ya había sido dictaminado por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, al indicar que no procedía el pedido para hacer la “contratación directa” por la obra, procediéndose al archico del caso.
“Por ningún motivo había una situación de emergencia porque desde hace meses ya se anticipaba esta situación, y justamente cuando se cae el techo (de la Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, el 3 de febrero de 2016) solicitan la construcción al Consejo Regional. La comisión dictaminó en contra y nosotros solo nos hemos regido a la norma. Se archivó el caso”, precisó.
Quijano Muñoz agregó que es muy probable que en la próxima sesión de CR solicite que este caso sea visto en el Pleno. Asimismo, ante la pregunta de que si en este tema se hablaría de una obra que se estaría realizando bajo un proceso irregular, el consejero respondió: “Exactamente”.
“Surgió el problema (de la caída del techo) pero ellos tenían que sujetarse a la norma, a la Ley de Contrataciones del Estado, pero veo que lo están haciendo al margen de lo que el Consejo Regional ha archivado. No cumplen con lo que manda la ley”, acotó.
¿Es como haber hecho algo al margen de la norma?, insistimos, y Quijano indicó: “Exactamente. El responsable o los responsables tendrán que aclarar esta situación”.
Finalmente, remarcó que ante esta situación no solo podría intervenir la Fiscalía Anticorrupción, sino también otros organismos que cumplan labores de fiscalización y de protección del buen uso de los fondos públicos.
Fuente Diario Correo
