Esta semana, la opinión pública mundial conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, en momentos en que la pandemia del coronavirus genera oportunidades para este tipo de delito, mientras que se debilitan las democracias debido a las medidas de confinamiento y restricciones.
La corrupción tiene muchas explicaciones, aunque en América Latina algunos académicos colocan la herencia colonial como una de las más importantes interpretaciones.
Ya desde el virreinato, en el período de los Habsburgo, se producían actos de corrupción política y desfalco fiscal con el tributo de los indios, la aduana, el contrabando y la venta de cargos.
Hoy está claro que los autores de los malos manejos son ricos y pobres; miembros del más alto nivel de gobierno, congresistas, jueces, gobernadores, alcaldes y regidores. También en el barrio, las asociaciones civiles y la propia familia.
Este es un fenómeno que se produce en forma independiente a factores políticos, económicos, religiosos o sociales.
Historia reciente
Aunque no hay una definición universal de corrupción, una de las más aceptadas es el del “abuso del poder público para obtener beneficios privados”, como lo señala el Banco Mundial.
En gran parte, la pandemia ha eclipsado la memoria pública de la corrupción antes de la aparición del virus en las calles de Wuhan, la importante ciudad de China. Según el Latinobarómetro, la mayor parte de los países ya consideraban a este flagelo como uno de los más importantes problemas junto con la creciente delincuencia, el desempleo y el desempeño de la economía en el 2018.
El caso Lava Jato en Brasil transparentó los malos negocios de las grandes empresas transnacionales en 11 países latinoamericanos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 788 millones en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de obras. Las últimas investigaciones de los fiscales revelan que este cálculo se quedó corto.
Mientras tanto, la consultora Global Financial Integrity asegura que América Latina pierde cada año 140,000 millones de dólares por estos actos delictivos, un 3% del PBI de la región.
Las oportunidades
Ante la llegada del coronavirus, los países han tenido que prepararse con rapidez para enfrentar a la pandemia más peligrosa del último siglo. En forma concreta, esto significa abrir la contratación directa de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria.
Si bien es cierto que nadie puede discutir la necesidad de abrir concursos en forma apresurada –muchas veces relajando las medidas preventivas para el buen uso de los recursos económicos–, malos funcionarios y proveedores han aprovechado esta ocasión para enriquecerse en forma ilegal.
Este es un fenómeno que ha ocurrido con la compra de implementos de bioseguridad, mascarillas, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal, servicios de alimentación, el oxígeno.
También afectó la entrega oportuna de la atención médica y se teme que pueda ocurrir con las vacunas. El costarricense Kevin Casas-Zamora, secretario general del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional), calcula que el escándalo por este motivo ha estallado en 40 países del mundo.
Democracia
Una de las maneras de enfrentar la pandemia ha sido el confinamiento de la población y el aumento de las restricciones en el funcionamiento de las instituciones públicas, algunas de las cuales se encargan de supervisar el buen manejo de los recursos públicos.
Un gobierno democrático, que basa su funcionamiento en la división de poderes, la libertad de prensa, el acceso de poder por elecciones libres y justas, y con eficientes mecanismos de rendimientos de cuenta y transparencia en el uso de los recursos económicos, puede observar la disminución de las posibilidades de corrupción, aunque nunca desaparecen del todo.
De acuerdo con el informe Estado global de la democracia de Idea Internacional, se restringieron los derechos en un 43% de los estados democráticos. Casas-Zamora critica la idea muy difundida de que “es más fácil controlar una pandemia desde un gobierno autoritario que en un gobierno democrático”.
Una de las más populares restricciones ha sido la libertad de prensa “para combatir la desinformación”, según el secretario de Idea Internacional. Detalla que 50 países, entre ellos 20 democracias, han aprobado leyes para recortar este fundamental derecho ante la incomodidad de una prensa fiscalizadora.
El abuso del poder y el uso excesivo de la fuerza de la policía y fuerzas armadas han sido justificados para luchar contra el covid-19.
El cáncer de la corrupción afecta seriamente las bases de la confianza pública y el funcionamiento de las instituciones. Sus efectos se vuelven más nocivos en tiempos del coronavirus para el buen manejo de la salud pública. Por eso, es necesario estar atentos para combatirla desde las esferas del mismo gobierno, las instituciones y una activa sociedad civil.
Medidas ante la vacunación
Dentro de unas semanas o meses, las esperadas vacunas contra el covid-19 comenzarán a llegar a todas partes del mundo como parte de sus programas de salud elaboradas en una situación de emergencia.
Los riesgos de corrupción relacionados con la fabricación, adquisición y distribución de vacunas contra el covid-19 pueden amenazar las economías y los sistemas de salud pública en todo el mundo.
Estos riesgos incluyen la entrada de vacunas falsificadas y de calidad inferior a los estándares en los mercados, el robo de vacunas dentro de los sistemas de distribución, fugas de fondos de emergencia destinados al desarrollo y distribución de vacunas, nepotismo, favoritismo y sistemas de adquisición corruptos.
Para enfrentar este reto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha elaborado recomendaciones para identificar y mitigar los riesgos de corrupción relacionados con la fabricación, asignación y distribución de vacunas contra el covid-19.
Fuente El Peruano
