La investigación preparatoria contra el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por el presunto delito de colusión agravada, nuevamente está en la mira de las autoridades del Ministerio Público.

Medida

Esto luego que el abogado de los regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Germán Vásquez Merino, presentara ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (MP) en Lambayeque una queja contra la fiscal anticorrupción Karin Ninaquispe Gil, por inconducta funcional y retardo en la administración de justicia.

Como se recuerda, en octubre de este año se conoció que la citada fiscal inició investigación contra el burgomaestre y otras 10 personas por presuntos actos de corrupción en la contratación de la empresa Veolia Servicios SAC.

A través de un documento al que accedió La República, el alcalde provincial de Gasco Arrobas fue denunciado por los regidores Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jony Piana Ramirez luego que la comuna suscribiera en abril de 2019 un contrato para que el referido postor alquile 10 de sus compactadoras por un valor de S/ 2 millones.

Después, el 31 de diciembre de 2019, la Contraloría emitió el informe de auditoría en el cual detalló la serie de incumplimientos a la Ley de Contrataciones por parte de la gestión de Gasco, y que se habrían cometido para favorecer a Veolia. El perjuicio económico estimado es de S/ 249,750.

“Recién en octubre de este año, es decir un año y cinco meses después de la denuncia, y meses después de recibir el informe de Contraloría; la fiscal Ninaquispe Gil ha formalizado investigación preparatoria sin precisar la situación jurídica de ninguno de los denunciados investigados”, comentó el abogado en su escrito de queja.

En esa línea, la defensa legal de los regidores cuestionan que se programen nuevas diligencias para culminar la investigación pese a que se cuenta con el informe de la Contraloría.

“(…) Aún no se precisa la situación jurídica de los investigados, es decir, sin solicitarse ninguna medida restrictiva de derecho contra los denunciados, a fin de evitar la fuga u obstrucción de la justicia (…) para dilatar la investigación y que todos permanezcan libres cometiendo latrocino en agravio de la municipalidad”, indicó el abogado.

Fuente La República

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