El mandato de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque de otorgar detención domiciliaria al suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, no debe asumirse como una absolución.
Los jueces que emitieron la resolución que revoca la medida de prisión preventiva, reconocen la existencia de graves elementos de convicción sobre la participación de Lozano en actos de corrupción.
Coimas
Las dádivas que habría obtenido mientras fue alcalde distrital de La Victoria estarían acreditadas con las declaraciones de los contratistas, Walther Padilla Mera y Salomón Caján Aguinaga, así como del colaborador eficaz N° 01-218-2020. Ellos refirieron las fechas y detalles de cómo se efectuaron los pagos.
Otro punto que enfatiza la sentencia es sobre el peligro de obstaculización, pues el entorno del investigado ya estaba al tanto de las diligencias que realizaba la Fiscalía Anticorrupción, incluso sabían que la posibilidad de una captura era muy fuerte.
Asimismo, se explica que el arraigo laboral no es favorable porque la autoridad usó su función para cometer delitos contra la administración pública.
«La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, pues al imputársele varios ilícitos sobre los que existen graves y fundados elementos de convicción, la pena que se le impondría sería bastante grave; a lo que suma el daño ocasionado al Estado», señalan los jueces en el fundamento décimo sétimo.
Para el Colegiado, se cumplen los presupuestos de la prisión preventiva, pero esta debe ser sustituida por una medida alternativa como la detención domiciliaria, atendiendo a las condiciones personales del investigado, quien tiene 69 años de edad y está próximo a cumplir 70.
Además, señalan que se trata de alguien que padece asma bronquial e hipertensión arterial, condiciones que lo convierten en vulnerable ante la COVID-19.
En adelante, Lozano no podrá brindar declaraciones a la prensa sobre la investigación, tampoco se comunicará con los demás procesados, testigos y peritos.
Evalúan. Fuentes de la Fiscalía sostuvieron que el fallo de la Sala genera malestar, pues podría influenciar de manera negativa en el proceso.
Se pudo conocer que en el despacho se evalúa formular un pedido de desacumulación, a fin de interponer más adelante una acusación contra Lozano, ya que la investigación está más avanzada.
La realización de informes periciales para complementar un requerimiento, podría demandar entre 3 a 8 meses.
Fuente Diario Correo
