La Contraloría General de la República detectó un perjuicio al Estado de S/ 2 379 706 debido a que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) aprobó sucesivas ampliaciones de plazo en la construcción de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) San José, ubicado en el distrito que tiene el mismo nombre, región Lambayeque. La inversión fue de S/ 34 141 434.
La entidad, en el marco del megaoperativo anticorrupción, emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 268-2022, que evaluó el periodo entre el 15 de enero de 2015 al 4 de agosto de 2021. La intervención reveló que se aprobaron 31 solicitudes de ampliación de plazo por un total de 1.329 días calendario debido a causales atribuibles a Fondepes, lo que generó que se reconozca mayores gastos generales de S/ 1 711 235 en favor del contratista y S/ 668.471 debido a la extensión de los servicios de supervisión hasta en 1.137 días calendarios.
Los hechos
Según explicó, las ampliaciones de plazo se originaron por impedimentos rocosos en la ejecución de las obras en el mar, lo cual demandó la elaboración de un expediente técnico de prestación adicional aprobado por la entidad a destiempo con errores y deficiencias.
También se detectó que Fondepes inició la obra sin previo permiso del derecho de uso del área acuática para el desembarcadero pesquero artesanal, sin la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, sin licencia de uso de agua de mar y sin la autorización para la captación de esta mediante bombeo.
En este caso, la Contraloría mencionó que las autorizaciones fueron obtenidas en plazos que excedieron los cuatro años luego de iniciada la obra y 45 días tras la recepción de la misma.
Es precisó mencionar que, a la fecha de la emisión del informe, el Fondepes aún no tiene el derecho de uso de área acuática para la instalación del emisor submarino, el mismo que es otorgado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
Sin energía eléctrica
Durante la inspección física de cuatro días en el DPA se constató que no cuenta con energía eléctrica y se observó que el desembarco de especies marinas es mínimo, lo que denotaría el incumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
La obra no contó con servicio de supervisión por 245 días calendario tras resolverse el contrato, lo que no garantizó la correcta ejecución, calidad y vida útil de las edificaciones.
Responsabilidad civil
En este contexto, la Contraloría señaló que, por las 31 ampliaciones de plazo, se identificó la presunta responsabilidad civil en cinco exfuncionarios y exservidores de Fondepes. Estos son: Jorge Medina, exdirector general de Inversión Pesquera, Artesanal y Acuícola; Luis Barbieri, director general de inversión Pesquera, Artesanal y Acuícola; Justo Beingolea, coordinador del área de Estudios y Proyectos; Raúl Mora, coordinador del área de Obras y Equipamiento; y Rosa Santoyo, contratada para temas y presupuesto.
Fuente La República
